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La Junta no es «coherente» con las modificaciones presupuestarias que ella misma aprueba y, a la hora de ejecutar los programas de gasto derivado de la covid-19, permite la existencia de remanentes de crédito en sectores afectados por la pandemia. El Consejo de Cuentas ... da un tirón de orejas a la Administración autonómica en su primer informe relativo al impacto económico del coronavirus en la comunidad al advertir de que el importe total de crédito no gastado en 2020 asciende a 439 millones de euros, sobre todo en Atención especializada y Formación ocupacional. En un año, además, en el que las obligaciones pendientes de pago ascendieron a 847 millones, el 191% más que en 2019, con las políticas de Sanidad y Educación como las más relevantes, con 426,5 y 89,5 millones.
Las principales políticas, programas y subprogramas afectados por la covid experimentaron en 2020 modificaciones presupuestarias superiores al 10%, y sus grados de ejecución fueron finalmente superiores al 80%, con excepciones como algunos programas de enseñanza, en los que además los remanentes de crédito fueron superiores a sus modificaciones presupuestarias.
Los subprogramas con remanentes de crédito de cuantía más significativa son Atención especializada, con 133 millones, Atención a personas mayores con 33 millones, Servicios complementarios a la enseñanza, con 19 millones y Competitividad, por importe de 15 millones.
El informe del Consejo de Cuentas constata que el sistema establecido por la Administración autonómica ha tenido «una capacidad limitada» para identificar los gastos covid. Mientras en 2020 las obligaciones reconocidas certificadas por la Consejería de Economía y Hacienda correspondientes a la pandemia ascienden a 453 millones, el importe de los documentos contables, según los datos de la Cuenta General, son 136 millones mayores, por lo que ascienden a 589.
Más del 50% de gasto imputable a la covid en 2020 recayó en la política de Sanidad, con 237 millones. Seguridad Ciudadana computó 62 millones, mientras que Fomento del empleo recibió 33. El gasto en Educación fue de 30 millones y en Infraestructuras, de 26. Industria y energía concentró 17 millones, sobre todo en el subprograma de Competitividad gestionado por el ICE; y la política de Servicios y promoción gestionada por la Gerencia de Servicios Sociales incurrió en unos gastos covid de 14 millones.
El gasto ejecutado aumentó en 2020 en 1.468 millones de euros (14%), hasta los 12.222 millones, después de que entre 2017 y 2019 tuviera unos incrementos del 1%. Los ingresos, mientras, se incrementaron en 1.527 millones (15%) hasta los 12.039, debido al aumento de las transferencias corrientes que hasta 2019 tenían una tendencia ligeramente descendente.
En 2020, la política de Sanidad supuso el 39% del gasto de la comunidad, con 4.751 millones de euros, 1.046 más que en 2019. Educación, cuyo gasto asciende a 2.256 millones y supone un 18% del total, aumentó en 225 millones.
Entre sus recomendaciones, el Consejo de Cuentas estima que sería aconsejable vigilar el indicador de endeudamiento general y los índices de inmovilización y firmeza de la comunidad, con el fin de garantizar mayor independencia frente a terceros, así como una mayor estabilidad patrimonial. Según advierte, la Junta debería realizar actuaciones para corregir el desequilibrio financiero a corto plazo existente, que genera una necesidad estructural de financiación para atender las obligaciones, con tensiones de liquidez.
Tras recordar que los gastos ocasionados por la pandemia son coyunturales y en buena medida no han de convertirse en gasto estructural, el organismo auditor considera que la comunidad debe establecer un sistema específico en las partidas presupuestarias o fuentes de financiación para identificar los gastos e ingresos derivados de las medidas aplicadas como consecuencia de la covid-19 en el ejercicio 2020, más allá de los textos de los documentos contables.
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