Mañueco y Tudanca, abocados a renovar instituciones en 2023 con una interlocución bajo mínimos

Una tarea añadida a un complicado 2023, con elecciones municipales en mayo y generales meses después, que requiere el acuerdo de tres quintas partes del hemiciclo. Eso son 49 escaños de los 81 actuales, una mayoría reforzada, herramienta que se aplica para asuntos institucionales o 'de comunidad' que aconsejan un acuerdo amplio. La ley abre la puerta a que en una segunda votación esos 49 procuradores de los tres quintos del hemiciclo se rebajen a la mayoría absoluta, pero ese escenario de falta de acuerdo nunca se ha contemplado por cuanto supondría un fracaso institucional que zambulliría a estos órganos en las tensiones partidistas.

A esa interlocución política entre los dos partidos mayoritarios de la comunidad presidida por un ambiente de frío siberiano se añade el hecho de que elPP gobierne en este momento Castilla y León en coalición con Vox, lo que incorpora a la renovación de las instituciones autonómicas una variable más hasta ahora inédita: el papel que pueden jugar los de Santiago Abascal si plantean exigencias a Fernández Mañueco. En mayo pasado, tras votar la bancada del PSOE en contra del alavés Javier Maroto como senador designado por las Cortes de Castilla y León, el popular Raúl de la Hoz consideró que ese 'bloqueo' excluía a Tudanca de los «consensos» de comunidad. Los que deben aplicarse para esta negociación.

La última renovación cuajó entre finales de 2018 y principios de 2019, con Juan Vicente Herrera aún en la Junta y solventada entre PP y PSOE. A la manera tradicional, pero no sin escollos. Se alargó en el caso de los consejos Consultivo y de Cuentas porque los socialistas vetaron como presidente del primero al popular José Manuel Fernández Santiago, expresidente de las Cortes y exvicepresidente de la Junta.

«O se hace rápidamente antes de las elecciones o se demorará en el tiempo», augura un dirigente desde el entorno del PP. Si no hay novedades, los actuales responsables de las instituciones afectadas siguen con en el desempeño de su tarea. No hay paralización. En el caso de los consejos, están conformados por tres consejeros de los que los populares proponen dos y los socialistas uno.

La perspectiva de que Vox plantee decidir un miembro de la pareja que correspondería al PP es otro 'aliciente' más para mantener el proceso de renovación en hibernación hasta ver si los escrutinios que dejen las elecciones de este año despejan el horizonte político a los populares.

El mandato de Tomás Quintana como defensor del pueblo autonómico expiró en noviembre, por lo que el Procurador del Común, que acumula a esa responsabilidad la labor de dirimir las reclamaciones de ciudadanos a los que los gestores públicos niegan el acceso a información y datos de expedientes, en calidad de Comisionado para la Transparencia, trabaja desde entonces 'en funciones'.

Los miembros electos del Consejo de Cuentas y del Consejo Consultivo cumplen el periodo para el que fueron elegidos el 29 de este mes. En situación de interinidad quedarían los dos presidentes, Mario Amilivia y Agustín Sánchez de Vega, y los consejeros que les acompañan: María del Valle Ares y Francisco Ramos en el Consultivo y Miguel Ángel Jiménez y Emilio Melero, en el órgano que fiscaliza presupuestos y contratos públicos. El final del mandado no afecta a Juan Vicente Herrera, consejero del Consultivo, que es miembro nato en calidad de expresidente de Castilla yLeón.

En el caso del CES, órgano que preside el profesor salmantino Enrique Cabero, el mandato de los consejeros había acabado en marzo de 2022, puesto que el último empezó el 13 de marzo de 2018. Cabero sustituyó como presidente a Germán Barrios (exconsejero de Empleo por Cs) en noviembre de 2019, pero la regulación del CES establece que los relevos son por el tiempo pendiente de mandato. Este plazo ha vencido.

Quintana, Amilivia y Sánchez de Vega podrían optar a un segundo mandato, al llevar 4 años al frente de su actual responsabilidad, si hay acuerdo político para confirmarles. La ley que rige el CES recoge que el tiempo que lleva Cabero no cuenta a efectos del límite de dos mandatos.