El Procurador cumple mandato: su continuidad o relevo exige el acuerdo de Mañueco y Tudanca

El Boletín Oficial de Castilla y León publica en su edición de este miércoles el cese de Quintana que firma el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, «por el transcurso del tiempo para el que fue elegido». Esa resolución da oficialidad a que siga desarrollando sus funciones «hasta que sea nombrado su sucesor» y abre así un periodo de negociaciones políticas para encarar un nombramiento de calado institucional que requiere un amplio acuerdo en un momento, tras la coalición de PP y Vox, de relaciones muy frías, gélidas, entre Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca, máximos responsables de las dos fuerzas mayoritarias en la comunidad.

Tomás Quintana, que es catedrático en Derecho Administrativo de la Universidad de León, tomó posesión el 24 de octubre de 2018. Cuatro años de labor, con 300 investigaciones promovidas de oficio por propia iniciativa, 62.181 expedientes tramitados por quejas de ciudadanos y 3.774 resoluciones después, muestra su satisfacción por un «trabajo intenso, porque así me lo planteé desde el principio, en defensa de los derechos de los ciudadanos de la comunidad autonómica con total voluntad de servicio». Una labor detrás de la que el Procurador del Común destaca al equipo que trabaja bajo su coordinación. Siente el «respaldo» a la institución y está «satisfecho» con el grado de aceptación de sus resoluciones por parte de los gestores públicos, aunque reconoce como «objetivo a alcanzar» que más allá de aceptar sus recomendaciones, estas «se cumplan totalmente».

-¿Se ve en condiciones de afrontar un segundo mandato como Procurador del Común?

-Lo único claro es lo que ha sucedido hasta este momento. A partir de ahora, con toda la normalidad del mundo, desarrollamos nuestra tarea en funciones, con la misma intensidad.

La ley marca que el Procurador del Común debe contar con el apoyo de tres quintas partes del hemiciclo autonómico. Eso son 49 de los 81 escaños actuales que ocupan procuradores en el parlamento autonómico. La práctica habitual es que PP y PSOE han negociado hasta encontrar candidatos de consenso para las instituciones de la comunidad que desarrollan labores del control a la gestión de la Junta: el Procurador del Común, el Consejo de Cuentas, el Consejo Consultivo y la presidencia de Consejo Económico y Social.

La situación actual está marcada por un clima de tensión política, confrontación que salpicó a las instituciones en primavera, tras el pleno en el que las Cortes designaban a los tres senadores autonómicos que enviaban a Madrid. El PSOE votó en contra de la terna propuesta, que incluía al socialista Francisco Díaz, para oponerse a que el vitoriano Javier Maroto fuera designado senador de Castilla y León. La bancada popular requirió para garantizar ese escaño a Maroto el apoyo de Vox. Raúl de la Hoz, portavoz del PP, advirtió tras aquella votación de que los populares volaban cualquier puente de negociación institucional con el PSOE de Castilla y León y los sustituían por Vox.

Eso fue el 10 de mayo y esa teoría del cambio de 'socio' tropieza en la práctica con un doble escollo. El primero, aritmético, porque PP y Vox suman 44 escaños en las Cortes y la elección del Procurador del Común requiere 49. El segundo es cualitativo, porque implica trasladar a la primera línea de la lucha política a instituciones que estaban excluidas de ella, al margen del forcejeo partidista, y que funcionan bajo la fórmula de acuerdos de comunidad.

Ahora llega el momento de abordar la continuidad o el relevo de Tomás Quintana. El antecesor del actual Procurador, Javier Amoedo, afrontó tras dos mandatos que sumaron diez años (entonces eran de 5 años), otro año y medio de prórroga. Estuvo 'en funciones', desde el 17 de abril de 2017 al 24 de octubre de 2018. Y en un par de meses entrarán en funciones el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. Los miembros del Consejo de Cuentas y del Consejo Consultivo también vivieron una etapa de interinidad amplia al culminar su mandato.