El noroeste español plantea al Gobierno acordar el futuro del lobo desde criterios «técnicos»

«Ejercitaremos todas aquellas acciones que en protección de Castilla y León, de nuestros ganaderos y de nuestros pueblos sean necesarias hasta llegar si es preciso a los tribunales para salvaguardar la ganadería extensiva y nuestra población en el territorio rural. Este ha sido el mensaje final que el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones ha trasladado tras la videoconferencia.

Ribera ha pedido a los responsables autonómicos que identifiquen los problemas que «aquejan a la conservación» de esta especie. La ministra defendió que los ganaderos no pueden sostener sobre sus espaldas los costes de un patrimonio natural común como es el lobo. La vicepresidenta ha ofrecido trabajo coordinado a las autonomías para poner en marcha acciones que permitan reducir daños en la cabaña ganadera.

Teresa Ribera ha expuesto a las comunidades loberas las razones que le mueven a reforzar al máximo la protección de lobo y estas le han trasladado que hay «razones políticas, técnicas y jurídicas» que justifican la suspensión inmediata de esa nueva catalogación. «Ha sido una petición unánime», ha remarcado Suárez-Quiñones. Ese sería el primer paso para actualizar la estrategia nacional que se consensuó en 2005. Una revisión «técnica», ha defendido el consejero de Castilla y León y que puede desembocar en «la catalocación, no catalogación o cualquier otra opción, pero primero suspender por precipitado y no correcto» ese cambio de estatus del lobo como especie no cinegética. «Hay que empezar la casa por los cimientos», ha instado Suárez-Quiñones, que ha defendido la gestión que la comunidad ha desarrollado en pro de la conservación del lobo, pero también buscando un equilibrio con la actividad ganadera.

La intención del Gobierno de España con el planteamiento de proteger el cánido al norte del Duero (al sur ya lo está) persigue que las 287 manadas actuales se conviertan en 350 en 2030, con la recolonización del sistema Ibérico, hacia Aragón, la Rioja y los montes navarros, y de Sierra Morena. El borrador de la Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo en España con la que trabaja el Ministerio para la Transición Ecológica y de Reto Demográfico contempla la implantación de sistemas de protección de ganado con fondos públicos y reforzar las ayudas de la PAC a los ganaderos que comparten espacio con el lobo mediante un pago adicional agroambiental.

La reunión de los consejeros de las cuatro comunidades loberas con la vicepresidenta Teresa Ribera se produce después de que Castilla y León haya ofrecido lobos a las comunidades que votaron a favor de la prohibición de su caza al norte del Duero sin tenerlos en su territorio. La votación del comité celebrado el 4 de febrero culminó con un empate que deshizo el Ministerio para fijar un 9 a 8. La protección total de la especie salió adelante allí por la mínima y contra criterio de los territorios loberos.Cataluña, Aragón, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares y Melilla votaron a favor de dar al lobo la máxima protección. Valencia y Navarra se abstuvieron y Ceuta no pudo conectarse y tampoco votar. El resto se posicionó con Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria.

Las autonomías loberas valoran cuestiones de fondo y de forma para posibles recursos. Las primeras se sustentaría en los datos científicos sobre el auge de manadas, el funcionamiento del sistema de cupos y los ataques al ganado. Las segundas se centrarían en esa peculiar votación del 4 de febrero.

El posicionamiento del PSOE de Castilla y León lo marcó ayer su vicesecretaria, Virginia Barcones, que aseguró que siguen defendiendo un equilibrio entre conservación de lobo y defensa de la ganadería extensiva y criticó que el presupuesto de la Junta para este año reduce de 60.000 a 40.000 euros las indemnizaciones a los ganaderos, a los que desde el 31 de octubre no se les ha abonado nada, recoge Ical. Barcones subrayó que tampoco se ha cumplido con los cupos de batidas, con solo una de seis celebrada en Ávila y 60 ejecutadas de 113 acordadas.

El de Teresa Ribera no fue el único frente ministerial que ha tocado este lunes, 15 de febrero,Castilla y León. Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia y que suple a su compañero de Agricultura y Ganadería que está ingresado en la UCI con covid-19, reclamó por la mañana al ministro Luis Planas plante oposición a la pretensión de su compañera Teresa Ribera de catalogar al lobo ibérico como especie no cinegética al norte del Duero.

El Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León defiende que generalizar la protección total del lobo ibérico, sin considerar el necesario equilibrio que de forma continua debe establecerse entre sus variaciones poblacionales y el impacto que ocasiona, es una medida «desacertada» que debería ser «reconsiderada». Estos profesionales auguran un impacto «muy negativo» para el medio rural, en general, y para el sector ganadero extensivo y semiextensivo de la comunidad, en particular, informa Ical.

Este colectivo de profesionales considera «urgente» contar con estudios científicos que orienten las actuaciones. Y es que los veterinarios precisan que el cambio de estatus legal del lobo ibérico provocará un incremento en el número de daños a los ganaderos, sobre todo de ovino y bovino. «Estos daños no solo generan un impacto directo en las ganaderías afectadas por la muerte de los animales por el lobo, sino otros indirectos vinculados al estrés post-traumático de los que sobreviven, con la aparición de enfermedades derivadas de la inmunosupresión provocada, abortos, reducción en la fertilidad y pérdidas en la producción lechera», alertan.