Castilla y León ha ingresado en dos meses 103 millones menos de lo previsto por el Gobierno

¿Y qué pasa ahora con las entregas a cuenta y con las previsiones de ingresos de la Junta? Pues de momento nada porque, oficialmente, no hay variación, aunque las cuentas nacionales se vayan a prorrogar. Lo que sí ha echado en falta Carlos Fernández Carriedo han sido 103 millones repartidos a razón de 51,5 millones por mes en enero y febrero. «Estamos en marzo y se nos ha pagado 51,5 millones de euros menos cada menos de lo que nos anticipó que íbamos a recibir como entregas a cuenta. Es incluso menos de lo que recibimos en 2023, el año pasado. Tiene que ser el Gobierno el que nos convoque y nos diga si algo va a cambiar».

Noticias relacionadas

La Junta aumenta su inversión en Valladolid hasta la cifra récord de 137 millones

Castilla y León cifra el roto de la financiación estatal en 7.650 millones desde el 2009

Porque si cambia algo, los efectos serían demoledores para el trámite actual. No se trataría de enmendar una simple partida, algo que aún se está a tiempo de hacer. «El único documento formal que tenemos de valoración de entregas a cuenta es el que se nos entregó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es el dato con el que elaboramos los presupuestos. Para cambiar esa cifra habría que poner otra, y no hay ninguna otra. Una modificación a la baja supondría retirar el presupuesto. Solo caben enmiendas parciales pero queda fijado el volumen global del presupuesto y de cada sección presupuestaria».

Así que las «entregas a cuenta incluidas son las que sirven de base en el documento entregado por el Gobierno», explicaba Carriedo, que a la explicación práctica, y la confianza en que no haya variaciones que den al traste con las cuentas autonómicas, le añadía una lectura política. «Cataluña es una comunidad autónoma más y sería triste que los Presupuestos Generales del Estado dependan de si hay elecciones o no en una única comunidad autónoma, porque certificaría la debilidad del Gobierno», sentenció.

Y otra crítica más al Ejecutivo central, para el caso de que la cascada presupuestaria se lleve por delante las previsiones de Castilla y León: «Tenemos la mala suerte de que se prorrogue un presupuesto que ya era muy malo para Castilla y León. En 2023 solo bajaban las inversiones en dos comunidades, una era Castilla y León. Se nos va a castigar dos años», estimaba.

Y volvió al asunto catalán. Con dos vertientes y aprovechando dos cuestiones distintas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. «La obligación de presentar los Presupuestos Generales del Estado es una obligación legal. Que el Gobierno asuma que no lo hará porque los separatistas no están en condiciones de apoyarlo confirma que el mando a distancia del Gobierno está en Waterloo», dijo en referencia a la incidencia del fugado y próximamente amnistiado Carles Puigdemont. Y después, respecto a la publicación de las balanzas fiscales, la diferencia entre lo que cada comunidad autónoma aporta a la caja común y lo que recibe.

«El problema es el sentido con que se publicitan. Es una exigencia de los partidos separatistas para que Sánchez sea presidente del Gobierno. Se busca dar la sensación de que algunas comunidades autónomas aportan algunas cantidades y reciben otras, cuando los que pagan impuestos son los ciudadanos, no los territorios. Los españoles pagan impuestos en función de su capacidad económica y reciben en función de sus necesidades», zanjó Carriedo.