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El regreso a la rutina es una cuestión tan peliaguda, con un virus tan contagioso por medio, que lleva camino de ser casi personalizado. De hecho, si el resto de expertos de las comunidades autónomas –que formarán parte del comité asesor del Gobierno– siguen la ... línea de Francisco Igea o del catalán Oriol Mitjá, será un proceso paulatino, por zonas e incluso por edades. «Debemos hacer una segmentación demográfica», apuntaba hoy el vicepresidente de la Junta. Y tenía en mente el próximo lunes, cuando regresarán al tajo los trabajadores de actividades no esenciales. «No es razonable que 100.000 ó 200.000 personas vuelvan a trabajar el próximo lunes sin las medidas de protección adecuadas y sin segmentación demográfica. Los mayores de 50 años no deberían volver a exponerse». Y lanzó un aviso que está presente en las gráficas y estadísticas:«Son una población que acumulan el 85% de los ingresos en nuestras UCI».
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Es solo una de las propuestas que Igea defenderá en ese comité de expertos que aún no se ha convocado. Y muestra un endurecimiento del discurso que viene dado por el temor. Después de que la ministra María Jesús Montero mostrara un optimismo exacerbado el martes y de las imágenes de los coches atascados en la salida de Madrid del miércoles, a Castilla y León le han entrado los sudores fríos. «No vayan a sus segundas residencias», advirtió Verónica Casado. Y remató con vehemencia: «El máximo problema que ha tenido esta comunidad ha sido precisamente ese, la masiva llegada de personas de otras comunidades que venían con infección».
Segovia es el ejemplo más crudo. «Si llegan allí más personas a sus segundas residencias vamos a tener un problema», señaló Casado. Sería el ejemplo preciso y trágico de lo que puede suponer un rebrote del coronavirus. «Si se produjese una situación de relajación de las medidas de confinamiento podría producirse, pasados 10-15 días, un nuevo repunte que pillaría al sistema absolutamente exhausto, con las UCI extendidas en el límite de su capacidad. Y podría originarse una catástrofe», vaticinó Igea.
Así que la 'desescalada' del confinamiento obliga a extremar el análisis y que las decisiones se basen en datos objetivos.
Los expertos
Doménico Chiappe
Y esa es la primera dificultad, claro. «Es necesario tener capacidad para tener testeos masivos, que ahora mismo no existe. Realizamos un número de pruebas muy por debajo del que sería necesario. Debemos ser capaces de distinguir quiénes han pasado, quiénes no y quiénes están inmunizados», apuntó Igea.
Y lo segundo, tras conocer los datos y trazar los contagios, los contactos y todo lo que permita hacer «la tecnología del siglo XXI», es determinar quién puede hacer qué. «El desconfinamiento debe hacerse con segmentación territorial. No puede hacerse en todo el territorio con independencia de su tasa de infección. Por municipios, centros de salud, provincias... Las comunidades autónomas deberían poder establecer estos confinamientos específicos».
La intención de la Junta de proponer un «carné de inmunidad» para quienes hayan pasado la enfermedad, y que de ese modo puedan incorporarse al trabajo o desplazarse, provoca dudas. «Lo que hacemos suele ser basado en evidencias que han demostrado en otros países que funcionan. Se está poniendo en Singapur, Alemania...», avanzó Verónica Casado, que lo comparó con un carné de vacunación. «Igual que cuando viajamos a EEUU nos piden el carné de vacunación, nos van a pedir el de inmunidad. Es simplemente saber si una persona ha tenido la enfermedad, y eso permitirá su incorporación al trabajo, viajar, etc», indicó. Harán falta muchos test y solventar cuestiones tan prosaicas como qué ocurrirá con los seguros de vida de aquellos que son «infectables» o cómo evitar que las entrevistas de trabajo primen al inmunizado.
Con la perspectiva adecuada, es fácil concluir que el confinamiento, en mayor o menor grado, se va a prolongar bastante. Pedro Sánchez anticipó ayer al Congreso que tendrá que pedir una prórroga más allá del 26 de abril. Dos semanas más situarían el fin de esa nueva prolongación en el 10 de mayo. Y a partir de ahí, a calcular.
«No se debería relajar el confinamiento hasta pasada una semana, al menos, sin casos nuevos», dijo el vicepresidente de la Junta y experto designado para el comité. «No deberían reanudarse las actividades lectivas hasta pasadas dos semanas sin casos nuevos en cada provincia».
En Castilla y León ayer se detectaron 460 nuevos casos. Y recién se han empezado a realizar test masivos en las residencias de mayores, lo que hace que empiecen a aflorar muchos de esos positivos que se encuentran en el limbo entre los 10.518 confirmados y los 38.554 posibles registrados por Atención Primaria. Con estas cifras, las previsiones más o menos complacientes saltan por los aires. El curso escolar presencial está amenazado, pero también cualquier pretensión de regreso rápido e indoloro a una normalidad que quedó atrás hace ya 30 días, cuando Igea admitía que la Semana Santa estaba en riesgo de suspensión.
Consejos y recomendaciones
Carmen Barreiro
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