Castilla y León, de dique contra la reforma Gallardón a vanguardia del antiabortismo de Vox

Ese debate cobra fuerza desde los mismos despachos en los que durante la penúltima reforma de la regulación de aborto, la que impulsó el PP y llevaba la firma del ministro Alberto Ruiz Gallardón, los entonces responsables de la comunidad demandaron matizaciones ante los aspectos más restrictivos de la norma del Gobierno 'amigo' de Mariano Rajoy. Hizo de ariete Rosa Valdeón, exconsejera de Familia y en esa etapa alcaldesa del PP de Zamora cuando los populares gestionaban ese Ayuntamiento, que lleva desde 2015 con alcalde de IU, con mayoría absoluta. La que luego fue vicepresidenta y portavoz de la Junta expresó un posicionamiento crítico frente a aspectos que la reforma de Gallardón cambiaba en la regulación, que se traducía en un marco más restrictivo en los casos de riesgo para la madre o de fetos con graves malformaciones.

PSOE y PP han regulado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma 'pendular'. Los populares no han sido una formación antiabortista ni prohibicionista. Han reformado y mantenido el derecho a interrumpir un embarazo. El aborto fue reconocido como derecho en 1936, durante la segunda República, perseguido durante la dictadura de Francisco Franco, marcada por el turismo abortivo a Londres de quien podía pagarlo y la clandestinidad sin garantías sanitarias en España para quien no, y despenalizado en 1985 con el primer gobierno del socialista Felipe González.

Esa ley facturada en las postrimerías de la Transición establecía que la mujer podía abortar voluntariamente en las primeras 12 semanas en el caso de violación con denuncia, en las 22 primeras semanas supuesto de riesgo para la madre o malformación del feto, y en cualquier momento del embarazo en el caso terapéutico. En los dos últimos supuestos, bajo informes médicos.

Esa primera normativa fue reformada en 2010 por otro gobierno del PSOE. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero despenalizó la práctica del aborto durante las primeras 14 semanas del embarazo. Implantaba una regulación de plazos, que contemplaba de forma añadida interrupciones hasta la semana 22 en casos de «graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto». La nueva ley permitía a las adolescentes de 16 y 17 años abortar sin consentimiento de sus padres. Fue este uno de sus aspectos más polémicos.

Esa falta de consentimiento la derogó, en 2015, la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy. La ley promovida por el ministro Alberto Ruiz Gallardón se llamó de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada y pretendía un retorno para el derecho al aborto a la regulación de Felipe González en 1985. Rajoy decide finalmente suavizar el planteamiento de su ministro, que dimitió en septiembre de 2014, y en 2015 sale adelante una regulación que activa de nuevo el consentimiento de los padres en casos de chicas de 16 y 17 años.

Esa propuesta de Gallardón que finalmente no vio la luz es sobre la que la Junta, por boca del vicepresidente y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, pidió oficialmente «matizaciones» y sobre la que Rosa Valdeón alertó de «determinadas situaciones» que a su juicio quedaban desprotegidas. «A nadie se le obliga a abortar, pero la ley debe favorecer a quienes, por los motivos de grave malformación o riesgo para la salud de la madre, se vean en la obligación de tomar esa difícil decisión», apuntaba la entonces regidora del PP, que reconocía que le «gustaría que no se hubiera producido esta situación», en referencia a que el anteproyecto de ley no recogía entre los supuestos de aborto el de malformación fetal, aunque sí lo autoriza, si la mujer logra demostrar que eso le produce un daño psíquico. Eso suponía, en la práctica, una regulación más restrictiva de los casos de malformaciones y peligro para la salud de la mujer.

El último cambio en la regulación del aborto lo impulsa, en 2022, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que encabeza Pedro Sánchez. En mayo de 2022 el gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez aprobó un proyecto de ley que recupera el aborto sin consentimiento a partir de los 16 años, acorta el 'plazo de reflexión' de debe cumplir la mujer que decide abortar y pretende obligar a las comunidades a garantizar que los hospitales públicos realizan interrupciones voluntarias del embarazo. En Castilla y León acaba de sumarse el Hospital de Burgos al de Miranda de Ebro, que era el único centro de Sacyl donde se practicaban abortos voluntarios. Para el resto de áreas hospitalarias hay conciertos con clínicas privadas que paga la Junta de Castilla y León.

Otro cambio reciente, no en la legislación propia del aborto, sino en el Código Penal, afecta al asunto. La reforma de este último incorpora al artículo 172 la tipificación del acoso y las coacciones a los sanitarios que trabajan en centros que practican abortos y también castiga al que, «para obstaculizar la interrupción voluntaria del embarazo, acose a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad». Establece pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días.

Este cambio en el Código Penal ha acabado con las 'vigilias de oración' que los grupos provida llevaban a las puertas de las clínicas. A este artículo se refería el presidente Alfonso Fernández Mañueco, este lunes, cuando reconocía el riesgo de la Administración autonómica incurrir en «coacciones» hacia las mujeres.

«No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada. Serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición y tras esta inquietud, voluntariamente formulada por cualquier mujer embarazada, los facultativos conocerán y podrán facilitar según su criterio clínico. Tengo muy claro que alterar el orden de estos dos factores, puede derivar en coacciones directas e indirectas a la mujer embarazada. La Junta de Castilla y León ni las va a promover ni las va a amparar», aclaró el máximo responsable de la Junta. Eso hace imposible la 'obligatoriedad« de los sanitarios de ofertar las 'eco 4D' y escuchar el latido fetal cardiaco en el que había insistido horas antes su vicepresidente.

A primera hora de la mañana alertaba sobre esa «coacciones» un histórico del PP y de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez. «El debate sobre el protocolo de Castilla y León no me gusta nada. Son derechos de la mujer regulados por Ley. Todo lo demás es chantaje emocional. La convivencia política con VOX se hace imposible», remarcaba el que fuera vicepresidente de la Junta y mano derecha de Juan Vicente Herrera en su larga andadura autonómica.