Castilla y León, la que menos dedica a contratar servicios sanitarios privados

Este décimo informe de la organización defensora de la asistencia pública otorga a Castilla y León 21 puntos frente a los máximos por ejemplo de Madrid, Baleares, Cataluña y Andalucía.

Y es el empleo de los seguros privados y del pago directo de las consultas o pruebas lo que eleva algo su posición puesto que, así lo recoge el informe, en cuanto a conciertos es la autonomía que menos porcentaje de su presupuesto dedica a esta actividad que se oferta desde la pública, fundamentalmente en técnicas de diagnóstico y cirugías, como medida para paliar las listas de espera. La comunidad destina a las derivaciones a la privada el 2,9% de sus cuentas sanitarias (135 millones de euros en 2022), lejos de una media nacional del 6,31% y de altísimos datos como el de Cataluña que destina un 22,6% de su presupuesto para asistencia a pagar a servicios privados para atender enfermos de la pública. Le sigue a distancia Madrid, con el 12% y solamente La Rioja, con el 3,4%, y Aragón, con el 3,6% se acercan a la discreción en este sentido de Sacyl.

Hay que tener en cuenta que la regulación de los conciertos impide –para evitar interés espurios– que sean los mismos médicos los que los atienden que los que hay en los hospitales públicos, a diferencia de la atención puramente privada que no es incompatible.

La oferta privada –tanto de uso por concierto como libre– de Castilla y León es de 20,17% de las camas; el 11,50% del equipamiento sanitario que hay en la región y las consultas acaparan el 0,35% del total de las especializadas hospitalarias y el 17,7% de las de Medicina General. Suponen, por lo tanto, unos datos discretos en el panorama nacional. Algo mayores son las mutuas, que cubren al 4,1% del funcionariado de Castilla y León que ha elegido la privada para su seguimiento médico. Ocupa el séptimo lugar en esta proporción; el quinto en cuanto al gasto de bolsillo y el noveno en el recurso de los seguros privados.

No obstante, Castilla y León parece escalar puestos hacia la privatización comparada con la época prepandémica.

Destaca esta federación en su informe que «se ha producido un aumento de la privatización, en la provisión y en la financiación de nuestro sistema sanitario en general, especialmente importante a partir de 2009 en toda España». Resalta que, según los últimos datos de la OCDE (noviembre de 2023), «el gasto sanitario privado en España es del 28%» del total asistencial (media OCDE 24%) y «el gasto de bolsillo se sitúa en el 21% del total (media OCDE 18%), datos que han empeorado desde 2022, y que además se ha incrementado de manera importante el aseguramiento privado».

En el grupo con menor nivel de privatización solo se mantiene Extremadura en todos los informes, que hace dos años dejó de ser la comunidad con menor grado de privatización. Este año en este grupo están también Castilla - La Mancha y Navarra que se incorporan en este informe. Los movimientos más llamativos en cuanto a mayor privatización entre los dos últimos informes son el de Cantabria que aumenta seis puestos, Murcia y Aragón que aumentan cuatro cada una , Asturias con tres , Andalucía y Valencia que aumentan dos y Baleares y País Vasco que crecen en uno. También destaca que «es importante tener en cuenta que la privatización ha aumentado en todos los territorios; lo que se evidencia con el aumento de la puntuación media de 1,41 puntos, y por lo tanto el resultado y los movimientos en la clasificación solo recogen la mayor o menor intensidad que ha alcanzado en cada autonomía en concreto».