Castilla y León, a la cabeza en plazas residenciales y para personas sin hogar

Es la evaluación del Observatorio de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales de España, el llamado Índice DEC que mide el reconocimiento de derechos, la prestación de ayudas y servicios y la relevancia económica de este sector. Analiza así balance desde el desarrollo legislativo hasta la cobertura que aportan las administraciones locales, provinciales y autonómicas bajo el paraguas principal de la Consejería de Familia y de Igualdad de Oportunidades. Y es precisamente esta denominación, que no incluye el nombre de 'servicios sociales', la que resta a este departamento de la Junta la clasificación de 'excelente' en el apartado de reconocimiento y reordenación del sistema; aunque valora que, desde el año 2017, Castilla y León cuenta con todos los elementos legislativos, normativos, planificadores y de organización. Le falta los 0,05 puntos que se otorgan por tal carencia.

Son varios los fuertes de la asistencia social en la comunidad según este análisis de profesionales del sector que también señala los puntos de mejora.

En general, la cobertura de plazas para atender a los más vulnerables es proporcionalmente bastante más alta en Castilla y León que la media estatal, de entorno al doble. Así, la autonomía destaca sobre la media estatal en la atención a la Dependencia, con 8,5 puntos en la escala del Observatorio de la misma, siendo la media estatal 5,1.

En plazas residenciales tanto para personas mayores de 65 años –con una cobertura de 5,96%, más del doble de la nacional (2,69%)– como para las personas con discapacidad –4,3% frente al 1,8% de media estatal– destaca muy por encima. De la misma manera, los centros diurnos y ocupacionales para este sector destacan con 6,2% de plazas frente al 3,2% del conjunto español.

También disfruta de un buen balance en acogimientos familiares a menores, que suponen el 59,4% del total, diez puntos por encima de la media de España (54,4%); así como en plazas de alojamiento para víctimas de violencia machista, con 21,1 por cada cien mujeres con orden de protección en Castilla y León, frente al 13,1 de la media estatal.

Asimismo destaca por su cobertura en las destinadas a personas sin hogar, con 64,2 plazas por cada cien mil habitantes mientras que todo el territorio nacional suma 41,2.

Encuentra este informe margen de mejora, en cambio, en la ayuda a domicilio para mayores, con una cobertura del 4,2%, frente al 5% de media en España. Aunque señala que «la intensidad de este servicio es casi la misma en Castilla y León, con 20 horas de media mensual que la estatal que es incluso ligeramente inferior, de 19,7 horas.

También detecta peor cobertura en los centros de día para mayores, con un 0,95% frente a un 1,05% de media y especialmente con carencias en cuanto al servicio de teleasistencia para este mismo colectivo al llegar a sólo el 5,3% frente al 9,9%. A este respecto, fuentes de la Consejería de Familia puntualizan que «estos datos son de 2021 y que fue precisamente desde esa fecha cuando fue gratuito y para todos los solicitantes, un avance importante que aún no puede recoger el informe».

Y especialmente baja es la cobertura de las rentas mínimas de inserción, que en Castilla y León las perciben sólo el 4,5% de las personas bajo el umbral de la pobreza, mientras que en todo el país este porcentaje es de 7,7%. En el periodo de implantación de esta ayuda (2019-2021) en la región se ha reducido un 42% los beneficiarios, un porcentaje muy superior a la media estatal, que fue en ese mismo periodo del 19%.

En cuanto a las inversiones, después de unos años en los que la tendencia ha sido decreciente, en 2022 se recupera la relevancia económica del gasto que realizan las administraciones públicas de Castilla y León en servicios sociales –Junta, diputaciones y ayuntamientos– mejorando en sus tres indicadores, todos ellos por encima de la media estatal. A pesar de eso, no alcanza aún la excelencia en este apartado, por una décima en el primero de los indicadores (gasto por habitante), que se sitúa en 519,3 euros por persona, 71,2 más que el año anterior. La media estatal es de 462,7 euros. No obstante, destaca que la región es una de las pocas comunidades donde aumenta el porcentaje del gasto de las administraciones públicas en relación con el PIB regional, pasando del 1,94% en 2020 al 2,12% en 2021, mientras que la media estatal se sitúa en 1,82%, seis décimas menos que el año anterior.

El Observatorio destaca asimismo el equilibrio en la comunidad en las tres dimensiones analizadas, entre el reconocimiento de derechos, el esfuerzo económico y la cobertura real.

Destaca que «el Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León muestra una relación bastante equilibrada entre los derechos que reconoce en su ley de nueva generación y el catálogo que los concreta, y su entrega efectiva de prestaciones y servicios».

Esta evaluación, presentada ayer en Madrid por José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y Gustavo García, coordinador del Índice DEC , destaca en cuanto al balance nacional global que «mejora la ordenación del sector; pero el escaso incremento presupuestario limita la oferta de servicios y prestaciones a la ciudadanía. El bajo desarrollo de los Servicios Sociales para personas mayores y el desmantelamiento de los recursos destinados a la inserción social son los principales exponentes de lo que llamamos 'derechos de papel'», apunta.