Castilla y León se asoma al otoño con 24.000 casos activos y varias UCI en alerta amarilla

El 8 de julio, la consejería de Sanidad detectaba el primer brote de un verano atípico en la comunidad. Tres menores de edad con positivo. 23 personas aisladas. En Soria. Fue el primer aviso. La advertencia de que el coronavirus seguía ahí, agazapado, a pesar de ese optimismo de un estío prometedor que se estrenaba con el fin del estado de alarma. Terminaba junio con una sociedad relajada, confiada en que todo había pasado (parecía haber quedado atrás) después de cien días de estado de alarma, de una primavera confinados, de una desescalada que se sentía eterna y que por fin había desembocado en eso que bautizaron como 'nueva normalidad'. El otoño empezó a mostrar sus señales en julio. Y ahora que de verdad llega, estamos empapados de lleno por la segunda ola.

La comunidad cambiará este lunes de estación cuando los registros hablan de 348 brotes activos, de 2.771 casos vinculados, de 46.978 positivos acumulados y 24.265 casos activos. Durante este verano, se han contagiado (nuevos PCR positivos) 21.901 castellanos y leoneses y 163 personas fallecieron en los hospitales de la comunidad. Cuando terminó el estado de alarma, el 21 de junio, había 73 hospitalizados en planta por la covid. Hoy son 468. Había 18 personas en la UCI. Ahora son 60. La región tenía doce zonas básicas de salud en alerta amarilla (el resto, disfrutaba de un lustroso verde). Hoy, son 16 áreas en amarillo. Pero es que hay más de 150 en naranja, con Valladolid y Salamanca capital, Íscar, Pesquera y Sotillo (en Burgos) teñidos de rojo. La cifra de positivos se ha disparado desde finales de julio y la progresiva adopción de medidas (cada vez más restrictivas) no han sido capaces de frenan la curva. Este sábado se alcanzó máximo diario (1.075 casos confirmados en 24 horas).

La región se asomaba al verano después de una desescalada más lenta y fragmentada que en otras comunidades (por zonas de salud y no por provincias), atravesada con frecuentes llamadas a la prudencia por parte de la consejera de Sanidad, Verónica Casado. «Una desescalada con prisas puede provocar un repunte fatídico», dijo el 27 de abril en las Cortes, en una comparecencia que saltó a los titulares nacionales cuando Casado se emocionó al recordar los nombres de los sanitarios que murieron en la lucha contra la covid.

No había prisa, insistía. Sin embargo, a mediados de mayo, la Junta reclamaba (y el Gobierno autorizaba) «medidas de alivio» para la fase cero, en la que estaba inmersa la comunidad, para permitir, entre otras, la apertura de comercios sin cita previa. También se aceleró el tramo final, cuando hubo provincias (las más cercanas a Madrid) que se saltaron la fase 3 sin pasar por ella.

Este ritmo apuntaba a la realidad que en ese momento vivía Castilla y León, una de las comunidades más golpeadas por la pandemia. Cuando decayó el estado de alarma, el 21 de junio, los datos recopilados por el Gobierno central situaban a Castilla y León como la cuarta comunidad con mayor tasa de letalidad hospitalaria por cada cien mil habitantes (115,73; por detrás de los 148,66 de Castilla-La Mancha, los 126,3 de Madrid y los 115,22 de La Rioja). La media de España, a finales de la primavera, era de 60,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes (ahora está en 63,76).

Hoy, ese orden en la mortalidad se mantiene (sigue en cuarta posición, con 122,01 fallecidos en hospitales por cada 100.000 habitantes), pero Castilla y León ha conseguido mejorar sus cifras de contagios en comparación con otras comunidades.

A finales de junio, esta era la cuarta región con más positivos por cada cien mil habitantes (superada por La Rioja, Madrid y Castilla-La Mancha). Entonces, se registraba una tasa de 814,74 positivos. Hoy, Castilla y León ha caído al puesto octavo, por detrás de Madrid, Aragón, La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla-La Mancha y Cataluña. Ahora, son 1.551,13 casos por cada cien mil habitantes.

La extensión de las pruebas PCR, el rastreo y la localización de casos asintomáticos ha provocado ese incremento en la localización de casos positivos, generalizado en todas las comunidades. En el otro extremo, Asturias (con una tasa de 409,05), presentada en todos los foros como la comunidad que mejor ha sabido contener la pandemia. El Principado llegó a estar 30 días sin notificar contagios. Se apunta a su temprana apuesta por los test PCR y su capacidad de rastreo (para localizar los contactos de posibles contagiados) como grandes aliados para aplacar la virulencia de la covid. La Organización Mundial de la Salud (OMS) esgrimía estos dos criterios como fundamentales. Y sumaba otro:la distancia social (vinculado directamente con la responsabilidad personal).

Castilla y León cuenta hoy con 772 rastreadores. De ellos, 120 son personal del Ejército. Es un rastreador por cada 3.100 vecinos (cuando el Ministerio de Sanidad aconseja, al menos, uno por cada 5.000). El portal de datos de la Junta consigna que, en Castilla y León, el mínimo recomendado es de 464. El 21 de junio, la cifra de rastreadores que seguían la pista de los contagios en la región era de 269 (uno por cada 8.900 habitantes). Sanidad incorporó de forma escalonada a más durante julio hasta llegar a los 520 el día 28 de ese mes. La comunidad estaba ya inmersa en un proceso imparable de nuevos casos positivos. La curva había iniciado de nuevo su escalada.

La otra gran barrera de contención se ha fijado en la Atención Primaria. Castilla y León cuenta con 2.722 médicos de familia, repartidos en 247 centros de salud (de ellos, 161 de carácter rural) y 3.669 consultorios. Se sitúa a la cabeza del país en número de facultativos por cada mil habitantes (1,11) frente a los 0,62 de Baleares o los 0,68 de Madrid. Sin embargo, no tiene nada que ver la atención de un entorno claramente urbano como el madrileño a la dispersión y envejecimiento de Castilla y León.

El problema es que, desde 2009, con el inicio de la crisis económica, los recortes sanitarios han sido una constante. En aquel año, la comunidad destinaba 632,4 millones financiar la Atención Primaria (el 17,9%del gasto sanitario). Diez años después, la inversión era de 579,6 millones, el 15,2%. Es un descenso del 8,3% (pese a que se ha recuperado inversión desde 2014). En Cataluña, los recortes en ese periodo han sido del 11,4%. En Galicia, del 4%. En junio, las fuerzas políticas firmaron un pacto de comunidad que compromete un esfuerzo extra de 250 millones para reforzar la sanidad regional.

Y las necesidades de la Atención Primaria parecen clave. El 24 de agosto, la consejera de Sanidad reconocía que esta pata del sistema sanitario está sometida a «muchísima presión». Esto, con la mayor parte de las consultas cerradas durante el verano para las visitas presenciales, con prioridad para la atención telefónica y con 131.056 pacientes desplazados de otras comunidades (de ellos, 64.059 de Madrid) que han pasado agosto en la comunidad. Y además, con muchos profesionales de vacaciones durante este periodo, ya que se instó a coger los descansos en estas fechas veraniegas para que los sanitarios estuvieran listos en otoño ante el previsible repunte de casos. Pero la segunda ola llegó en verano. «Y ha habido bajas que no se han cubierto», censura Comisiones Obreras. La Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria ha alertado esta misma semana del «deterioro», agravado por los recortes y la falta de personal («nuestras bolsas de empleo están agotadas», reconoció la consejera).

Con el fin de las fases y del estado de alarma, la Junta recetó una serie de medidas que entraron en vigor a finales de junio. El verano comenzaba con aforo del 75% en comercios y bares. Subía al 80% en las terrazas. Y además, el anuncio de que se suspendían las fiestas populares. Ni toros ni bailes ni verbenas. Castilla y León era la primera comunidad que hacía este anuncio para el conjunto de su territorio. En otras regiones, ni siquiera se ha llegado a aprobar una medida así y las fiestas se han cancelado a medida que se acercaba la fecha de su celebración. Hace dos semanas, Aragón adoptaba una medida similar hasta finales de diciembre (con el Pilar de Zaragoza de por medio).

El 8 de julio, ese mismo día en el que se registraba en Soria el primer brote de la 'nueva normalidad', Cataluña hacía obligatorio el uso de la mascarilla para mayores de 6 años en todo espacio público. Siempre, en todo momento. Era la primera región que adoptaba esta decisión. Aquí, entonces, la mascarilla –como en el resto de España– había que llevarla en los espacios cerrados y en la calle solo si no se podía respetar la separación de metro y medio.

La Junta, el 10 de julio, recomendaba su uso (sobre todo en las ciudades)pero no lo haría obligatoria hasta casi una semana después. El 16 de julio, Castilla y León se sumaba a la lista de autonomías que exigían el uso de la mascarilla por la calle (salvo en espacios naturales, para la práctica deportiva, en las piscinas o mientras se come y se bebe en la hostelería). Ya había 11 territorios que habían tomado esta decisión. Después llegarían Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias y Madrid, que no se sumó a esta exigencia hasta casi 15 días después(el 30 julio) y hoy es el foco que más preocupa. De hecho, la cercanía con Madrid ha sido decisiva en varios momentos de la pandemia y son las provincias más cercanas a la capital (como Ávila y Soria, sobre todo Segovia), las que más han sufrido, tanto en incidencia de casos como en el estrés al que se han visto sometidos sus hospitales.

A finales de julio, la lupa se ponía en los municipios vallisoletanos de Íscar y Pedrajas de San Esteban (de nuevo ahora, a mediados de septiembre), con los niveles de contagio desbocados. La Junta decretaba un primer confinamiento para estas localidades. Después vendrían Aranda de Duero, Cantalejo o Pesquera de Duero (con revuelo judicial), en este listado de confinamientos selectivos. En esta línea de reclusiones quirúrgicas se estrenaron Aragón y Cataluña.

Castilla y León las ha puesto en marcha con niveles de contagio inferiores a los que ahora registran barrios del sur de Madrid. Hasta el pasado viernes, la Comunidad madrileña no asumió unas restricciones que otras regiones tomaron ya hace mes y medio. Hoy, hay cerca de 60 municipios con medidas de este tipo en España. Desde mediados de agosto y casi cada semana, la región ha sumado más restricciones.

El día 15 del mes pasado se decretaba, en consenso con el Gobierno y el resto de comunidades, el cierre de bares a la una de la madrugada y la clausura total del ocio nocturno. Además, se prohibía fumar en la calle si no se podía garantizar el metro y medio de distancia (Galicia se adelantó tres días con esta medida). El 22 de agosto, los aforos de locales se rebajaban del 75% al 50% y ayer

Pero, junto con estas medidas, es vital la responsabilidad personal:distancia social, mascarillas e higiene de manos, relajada durante este verano que ha sido, para la pandemia, un otoño adelantado.

Casos. Castilla y León tiene registrados 46.978 casos desde el inicio de la pandemia. Para establecer comparaciones con otras comunidades, el Ministerio de Sanidad (a partir de PCR y pruebas IGM positivas) contabiliza 37.123. Esto supone 1.551 casos por cada 100.000 habitantes. Castilla y León es la octava región en incidencia, según este criterio. Encabeza el listado Madrid (2.627), seguido por Aragón (2.368) y La Rioja (2.203).Cierra la clasificación Asturias, con 409 casos por cien mil habitantes.

Hospitalizaciones. Durante la pandemia, 9.931 castellanos y leoneses han tenido que ser hospitalizados, con 711 en la UCI, según datos del Ministerio de Sanidad. Las unidades de críticos comienzan a presentar altos niveles de ocupación. En Ávila, Palencia y el Río Hortega superaban el viernes el 75%. En la actualidad, hay 462 hospitalizados en planta y 60 en la UCI. Es la cuarta región con más ingresos en la última semana.

Rastreadores. Hay 772 en Castilla y León (uno por cada 3.100 habitantes). Es muy difícil establecer comparaciones con otras regiones, ya que el perfil profesional varía. En Andalucía, por ejemplo, incluyen a casi 8.200 enfermeros y en Galicia dice que son más de 6.100, porque suman a médicos de Atención Primaria. La presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, dice que allí son 800, casi los mismos que Castilla y León, con el triple de población.

Atención Primaria. Cada médico de familia de Castilla y León tiene asignadas 916 tarjetas. Es la ratio más beneficiosa de toda España (la media es de 1.367). En el otro extremo, Baleares (17.62)y Madrid (1.557). Sin embargo, la dispersión y el envejecimiento dificultan la prestación del servicio.

Test rápidos y PCR. Castilla y León ha practicado desde marzo 981.448 pruebas diagnósticas (con el 6% de positivos). Han sido 421.121 test rápidos (5%positivos) y 560.327 PCR (7%). Durante los primeros meses, a diferencia de otras comunidades, la región optó por los test rápidos. Desde el 23 de agosto, son mayoritarios los PCR. Los últimos datos disponibles (de la semana pasada) dicen que el 14,5% de los PCR practicados dieron resultado positivo.