Cascada de mociones en Castilla y León contra la amnistía a Puigdemont

El PP registró la proposición este martes, último día para presentarla antes del Pleno. Por eso se adelanta un movimiento que alcanzará a los ayuntamientos y diputaciones en breve. Allí, al menos en los más relevantes, también se escucharán mociones contra la pretendida amnistía para Puigdemont y sus acólitos. De hecho, el PP trabaja en dos mociones para esas instituciones, una contra la ley de amnistía y otra, por la igualdad de todos los españoles. Aunque aún se está revisando el texto, fuentes del partido han explicado que se hará referencia a las condenas a los líderes del procés y a que ya se intentó lograr el indulto mediante una iniciativa en el Congreso que decayó tras el informe negativo de los letrados. En las mociones del PP se pedirá que se rechace la amnistía y que se busque un acuerdo de Estado entre los partidos mayoritarios para evitar «el chantaje» independentista o la repetición electoral. El texto, que se presentará de inmediato, se remitirá a diputaciones, juntas generales, cabildos, consell insular y ayuntamientos.

Este movimiento tiene algunas peculiaridades. En las Cortes, por ejemplo, no se ha contado con Vox para ello. PP y Vox comparten Gobierno y, en este caso, argumentario. Sin embargo, no se ha propuesto a Vox que se sume a la proposición no de ley. Es obvio que los de Juan García-Gallardo la apoyarán, con lo que saldrá adelante. Sin embargo, Vox ha decidido centrarse en mociones más ceñidas al terruño, a Castilla y León. Se trata de enfocar la mirada a la gestión propia, de exhibir su desempeño como partido de Gobierno y no quedarse solo en la faceta de oposición.

En el Ayuntamiento de Valladolid se da otra circunstancia. En la Junta de Portavoces, Vox llevó una cuestión de temática nacional que quería trasladar al Pleno, lo que provocó la reacción del PSOE, que pedía que no se conviertan los plenos municipales en simulacros a pequeña escala del debate nacional en el Congreso. Que se traten asuntos de ciudad. Jesús Julio Carnero, tras escuchar todos los argumentos, dio la razón al PSOE y la proposición de Vox se quedó fuera del orden del día, algo que los socios de gobierno del PP asumieron. Ahora es el PP quien introduce la estrategia de batallar contra la amnistía a todos los niveles, desde el nacional hasta el municipal, y eso le obligará a variar el planteamiento inicial de 'localizar' el Pleno del Ayuntamiento.

En el horizonte aparecen dos opciones. Un pacto de Sánchez con los independentistas, que han exigido esa amnistía como punto obligado, aunque aún no haya respuesta pública a esa petición. O una repetición electoral. Es un asunto sensible, más aún en los territorios que se sienten agraviados por la falta de inversiones desde hace décadas, como puede ser Castilla y León. Y el PP quiere ahondar en esa herida y forzar a los líderes socialistas en los diferentes territorios a posicionarse. O están a favor de la amnistía, y a ver cómo lo argumentan, o pueden encontrarse algún 'García-Page' contestón que rompa la unidad de acción en el PSOE.

El texto de la proposición no de ley del PP en las Cortes se remite a los orígenes de la Constitución española. Recuerda, de hecho, que el 91% de los catalanes refrendó la Carta Magna de 1978. Después se centra en que Carles Puigdemont, «huido de la justicia española desde el año 2017», ha fijado una «serie de condiciones previas para un eventual apoyo a la investidura del señor Sánchez». Entre ellas, explica, «se exige no solo la renuncia a una acción de la justicia respecto a los políticos independentistas que hayan podido cometer delitos de nuestro código penal, sino una ley de amnistía». Un planteamiento que, alega el PP, «atentaría directamente contra la propia esencia de la democracia». Y recuerda que el propio Pedro Sánchez «defendía hace muy poco que la amnistía no cabe en el marco constitucional, social y democrático».

El PSOE, mientras tanto, espera. Deslizan que aún no se ha pactado nada, se centran en la «investidura fallida» de Feijóo calificándola como una «pérdida de tiempo» y empiezan a desgranar lo que puede ser el argumentario de defensa. A saber. Que la situación en Cataluña se ha pacificado desde aquel 1-0 de 2017 gracias a la acción del Gobierno y que el independentismo se encuentra bajo mínimos, como se comprobó en las últimas elecciones generales, cuando ERC y Junts pasaron de aunar 21 a 14 diputados, convertidos en cuarta y quinta fuerzas por detrás del PSOE (19), Sumar (7) y PP (6, un escaño menos que los independentistas pero con mayor porcentaje de voto).

Los debates autonómicos y municipales serán la cámara de eco de la política nacional en una carrera con dos metas posibles: o un Gobierno con muchas costuras o unas nuevas elecciones.