Carriedo afila argumentos para el primer cara a cara con la ministra Montero

«No hay ningún motivo para que el Gobierno establezca desigualdades... En Castilla y León queremos tener los derechos y las mismas obligaciones que el resto de las comunidades autónomas», ha apuntado Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno de la Junta de este jueves. El consejero portavoz será el que acuda a Madrid, como titular que es de la cartera de Economía y Hacienda. Irá con una premisa clara a ese Consejo de Política Fiscal: «No vamos allí a conformarnos con lo que les sobra a otros», ha resumido el dirigente castellano y leonés.

El orden del día remitido desde el Ministerio de Hacienda se circunscribe a cuestiones casi de trámite, técnicas. Aprobar el acta del celebrado hace casi año y medio, la memoria anual y el reparto del objetivo de déficit que deberán cumplir las administraciones en 2024, uno de los datos a los que el Gobierno de PP y Vox achaca que aún no hayan presentado proyecto de cuentas para el próximo año. España debe ajustarse a una desviación presupuestaria máxima del 3%, bolsa de déficit que para las autonomías se estima que sea de holgura mínima, del 0,1%, lo que implica equiparar al máximo las partidas de gasto en 2024 con las de ingresos.

No está en el orden del día, pero se hablará de financiación autonómica, de la condonación de deuda e intereses acordada con los independentistas catalanes, del compromiso de atender a las «singularidades» de Cataluña y de la garantía de destinar a esta comunidad en inversiones estatales del 19% de lo que consignen los Presupuestos Generales del Estado, porque eso es lo que 'pesa' el PIB catalán respecto al del conjunto de España.

Para abordar estos asuntos están los ruegos y preguntas y ese será el camino que seguirán el resto de comunidades autónomas, críticas con los acuerdos de investidura. La mayoría del PP, pero también territorios con gobiernos socialistas como Asturias o Castilla-La Mancha se ha alzado la voz contra las consecuencias económicas de los acuerdos rubricados con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los nacionalistas vascos.

La Junta de Castilla y León no concreta si aceptará o no la extensión a otras comunidades de la condonación de deuda acordada con Cataluña. «Nuestra financiación es insuficiente, estamos infrafinanciados... Vamos para exigir igualdad, que se nos trate como a los demás. Queremos que se hable de financiación autonómica, que se asegure la financiación de los servicios públicos. No porque una comunidad autónoma tenga un problema de deuda y porque el presidente del Gobierno tengan que pactar con esa comunidad y una de las cosas que le pidan sea esta, se proceda y luego se quiera decir que ese es el problema que tienen las comunidades autónomas. Lo podrá tener quien lo tenga, el nuestro es de infrafinanciación de los servicios públicos. De eso se tiene que hablar», ha subrayado Carlos Fernández Carriedo.

Desde Castilla y León insistirán a María Jesús Montero en el vicio de origen de la situación actual, que parte del acuerdo bilateral con Cataluña que afecta en el reparto de fondos estatales a otras autonomías, en lugar de una negociación multilateral con todas las comunidades. «Hay que ver qué recursos se ponen encima de la mesa para financiar los servicios públicos de todas las comunidades y hacerlo en condiciones de igualdad. Es a lo que vamos nosotros. No vamos a que se negocie con una comunidad autónoma y luego esta negociación se nos aplique a nosotros», ha remarcado Carriedo.

El consejero portavoz de Castilla y León ha ironizado sobre la «información privilegiada» de la que disponen los responsables de la Generalitat de Cataluña en materia de financiación autonómica y fondos para infraestructuras estatales en su territorio y el 'apagón informativo' en el que están sumidos los dirigentes del resto del territorio español. «Queremos tener la máxima información. No queremos tampoco que se nos convoque en Suiza para darnos esa información, no hace falta. Vale con que se haga en España y que la distribución de los recursos que se ponen encima de la mesa se haga en condiciones de igualdad, de equidad», ha insistido quien llevará la voz de Castilla y León el lunes a esa reunión con la ministra María Jesús Montero.

Los asuntos acordados con Junts, ERC y el PNV no serán objeto oficial del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero cualquier asunto tratado en ese órgano y sometido a votación parte de una ponderación de voto en la que el Gobierno central decide al 50% y las comunidades se reparten el 50% restante. Solamente con que una autonomía se sume al Gobierno sirve para decidir una votación.

El Consejo de Política Fiscal aportará uno de los datos básicos para la elaboración del un presupuesto autonómico. Otras comunidades han presentado sus cuentas para 2024 con previsiones. El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha optado por esperar, pese a los condicionantes de gestión que implica la prórroga que la Junta tendrá que afrontar el 1 de enero.

«Está muy elaborado», ha precisado Fernández Carriedo sobre el proyecto de presupuestos de la comunidad para 2024, al tiempo que ha insistido que es prefieren esperar «a que las cifras finales se puedan ajustar al máximo», con el objetivo de déficit que conocerán oficialmente el lunes, pero también con los ingresos a cuenta que llegarán del Gobierno central, que son la partida más importante del presupuesto autonómico y es una cifra aún por confirmar.