La batalla por más material de protección eclipsa los primeros datos positivos en Castilla y León

En un país con 17 sanidades dependientes de sus comunidades autónomas, el Gobierno quiso atacar la crisis con el establecimiento de un mando único que incluyó, el 11 de marzo, unas líneas importantes en el BOE, que modificaban una ley de 1986:«Cuando un medicamento, un producto sanitario o cualquier producto necesario para la protección de la salud se vea afectado por excepcionales dificultades de abastecimiento [...] la Administración Sanitaria del Estado, temporalmente, podrá establecer el suministro centralizado por la Administración».

La dificultad de abastecimiento, en este caso, se agrava por la característica global de la pandemia del coronavirus, que ya alcanza a 168 países. «Se ha producido una rotura de 'stock'», ha reiterado la consejera de Sanidad en sus comparecencias. Es decir, que no hay producto.

Y eso es preocupante precisamente por la principal característica de este coronavirus que ha paralizado el orbe: su capacidad de contagio. Más aún. Algunos estudios relacionan la gravedad observada en los casos positivos de personas jóvenes con la carga viral que recibe el nuevo infectado. Esto deja al personal sanitario más expuesto que ningún otro colectivo –salvo los mayores– a una infección importante, y por consiguiente al propio sistema de salud. «Hay que proteger a nuestros profesionales», insiste Casado. En la región ya se contabilizan «923 profesionales en aislamiento, de los que 344 han resultado positivos». El porcentaje sobre el total de confirmados es brutal: un 16,25%. La media en España, según datos del Ministerio de Sanidad, es un 12%.

Castilla y León ha empezado a acelerar los procesos de evaluación para contratar a residentes como adjuntos y ya cuenta con ese millar largo de voluntarios recién jubilados. «Se está empezando a llamar en algunos hospitales a profesionales que están en segunda línea, que no son internistas, y van a pasar a primera línea. En cuanto a los jubilados, los tendremos en segunda línea, en atención telefónica y demás». Y recordó el caso que ha conmovido Francia, el de un doctor de 68 años que escogió no jubilarse para ayudar a sus compañeros. Murió.

Todas estas circunstancias son las que provocan la batalla entre las comunidades autónomas y el Gobierno. Discusión cruenta y pública que se agrava porque el Gobierno permitió una semana después, a pesar de recentralizar la compra de suministros, que cada cual se aliviara como pudiera, en vista de que comprar, en China o donde sea, es una tarea ardua para todos y que ya algunas comunidades, como Castilla y León, se habían movido previamente.

Es el mercado en estado puro: muchísima demanda y muy poca oferta.

«El material que el Gobierno nos da es menor del que esperábamos», lamentaba Casado una vez más. Y le puso cifras a las necesidades. A la semana, Castilla y León está consumiendo 642.000 mascarillas quirúrgicas, más 19.700 de tipo FFP2 y 31.260 de FFP3. A esto hay que añadir batas, mandiles, gorros, calzas, gafas, guantes y hasta hisopos, esos bastoncillos de algodón que sirven para recoger muestras.

Ese es el punto que hay que alcanzar.

Y a partir de ahí llegan las desavenencias numéricas entre la Consejería de Sanidad y la Delegación del Gobierno de Castilla y León. Según los últimos, a través de diferentes entregas el Gobierno ha hecho llegar a la comunidad «205.000 mascarillas, 15 biombos, 100 camillas, 22.900 guantes, 768 batas sanitarias, 2.000 gorros de tela, 120 batas de velcro, 7.500 cubrezapatos, 188 buzos, 4.000 cubremangas y material auxiliar».

Una lista de la compra exhaustiva que responde al criterio de priorizar en el reparto a las comunidades autónomas con más casos y con mayor necesidad de recursos. Es el mismo criterio que ha llevado a Madrid las 8.000 pruebas de detección rápida del coronavirus mientras los demás esperan a que llegue el resto de las 640.000 que se han comprado a China. El Excel del Ministerio no casa bien con el de la Consejería, sin embargo. La Junta hizo ayer un comunicado desgranando cada uno de los envíos que habían llegado del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria: «191.030 mascarillas en total, incluidas FFP2 y FFP3, 298.000 guantes, 2.100 batas impermeables y 2.220 envases de solución hidroalcohólica».

Más allá de que las cifras no cuadren, el listado del material llegado por vía gubernamental palidece al compararse con lo que ayer tuvo que repartir la Junta en los centros sanitarios de la comunidad autónoma para garantizar las existencias durante unos días. «Lo que hemos enviado esta mañana a nuestros centros sanitarios ha sido 248.380 mascarillas quirúrgicas, 20.559 del tipo FFP2, 3.414 de FFP3, 1.008.675 guantes, 36.856 batas y mandiles, 24.770 buzos, 48.788 calzas, 706 pantallas, 8.910 gafas y 1.239», desgranó la consejera. Y aparte, especificó, otro listado menor pero elocuente para «centros sociosanitarios y residencias»: 141.250 mascarillas, 159 FFP2, 104.000 guantes, 3.800 batas y mandiles, 531 buzos, 137 gafas, 5.690 calzas y 21 geles».

Este pandemónium estadístico es una muestra clara de a qué nivel se está librando la batalla contra el coronavirus. Una lucha que ha dejado ya más de dos mil doscientos muertos, y 124 en Castilla y León, pero que empieza a dejar asomar algunos datos para el optimismo moderado. Muy moderado, en realidad.

El epidemiólogo Fernando Simón marcó ayer dos hitos. Uno, el descenso del porcentaje de los ingresados en la UCI, del 15% de los positivos confirmados a u 13%. Y dos, el estancamiento en la cifra de casos nuevos, que pese a subir lo hicieron en una cantidad similar durante los dos últimos días.

Castilla y León repica estas tendencias fielmente. Sobre todo en lo que se refiere a nuevos positivos confirmados. Y también a los estimados.

Por un lado, los confirmados –a quienes se les ha hecho la prueba– han subido 311 casos, lo que mantiene la línea desde hace cuatro días. Es ese apalancamiento del que hablaba Simón, que se entiende mejor si se analiza como porcentaje. En los dos últimos días el crecimiento de casos positivos ha sido del 18,9% y del 17,3%, respectivamente.

Pero es que ayer la Junta de Castilla y León, por primera vez, mostró todos los datos de posibles COVID-19 que sus médicos de atención primaria registran en el sistema Medora. Desde el 29 de febrero. Se contabilizan 9.655 hasta el domingo pasado. Pero los dos últimos días de la gráfica muestran también una cierta estabilización. Leve aún, pero esperanzadora.

«La cuarentena social funciona», insistió de nuevo Verónica Casado a la luz de este enjambre de datos.

Y un tercer número para intuir algo de luz al fondo es el número de altas. En España las recuperaciones se sitúan en 3.355 y en Castilla y León se llegó ayer a 140 altas. Empieza a crecer en ambos casos, muy poco a poco, la distancia entre los casos positivos que se han recuperado y los fallecidos. Datos de mejoría, aunque lejanos, que recuerdan que la lucha contra el coronavirus persiste. Y que se puede ganar.