Castilla y León

Las ayudas estatales para necesidades básicas solo llegan al 12% de los hogares pobres de la región

Arrancó de forma tímida en 2020, en plena pandemia con solo 26.529 beneficiarios de las 319.341 personas consideradas con un nivel de vida sumergido en la necesidad. Al año siguiente duplicaba tales cifras, incluso más, hasta llegar ya al 16,85%, o lo que es lo mismo, a 53.814 beneficiarios. Son los datos del informe de entonces de este mismo observatorio. Ahora los datos muestran una recaída hasta la cobertura del 12,2%, idéntica una media española donde lucen muy por encima –superando el 22 %– Ceuta, Melilla o el País Vasco y de forma más discreta Navarra (17,7%), Asturias (16,5%) o La Rioja (15,8%) pero muy por encima del 5,9% de las Islas Baleares; el 8,3% de las Canarias o el 8,6% de Cataluña.

En el pasado mes de abril, 589.948 familias fueron beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital en España –25.549 en Castilla y León–, con un total de 1.771.480 personas –76.415 en la región–. Esta prestación engloba tanto la renta básica de subsistencia, para familias con ingresos por debajo de la renta garantizada, como el complemento de ayuda para la infancia que permite completar las rentas inferiores a tres veces dicho salario social. Las familias que perciben la primera por tener ingresos inferiores a lo que se considera 'renta garantizada' son solo 392.902 hogares (1.006.763 personas), el 2,1% de la población española. El dato de la comunidad es de 16.671 y 42.439 personas.

La previsión inicial, cuando el este ingreso estatal se implantó en 2020, era llegar a 850.000 afectados que se encuentran en situación de pobreza severa (17% de la población española, 2,3 millones de personas). La realidad es que solo se ha alcanzado el 46,2% de cobertura de la pobreza severa en el país. Destaca este trabajo que «si tomamos como referencia el riesgo de pobreza, actualmente hay en España 8.260.000 personas en esa situación, al estar por debajo del 60% de la mediana de ingresos. En consecuencia, el ingreso vital sólo llega al 12,2% de las personas en riesgo de pobreza.

Entre sus conclusiones, destacan estos responsables de Servicios Sociales que «es necesario un impulso aún mayor para incorporar esta ayuda estatal en la gestión a la atención social de Atención Primaria. Los servicios sociales comunitarios son una red capilar que llega a toda la ciudadanía independientemente del municipio en el que reside y de su situación personal y social. Sin embargo, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no ha establecido ninguna coordinación que, sin ninguna duda, hubiera ayudado a la implantación del Ingreso Mínimo Vital mejorando los plazos en el acceso y la situación económica de muchas familias. El laberinto burocrático diseñado para acceder al mismo ha hecho, en la mayor crisis social de la historia, que miles de personas en situación de vulnerabilidad, pasen meses de su vida sufriendo momentos de gran precariedad».

Añade asimismo que el Gobierno central «no ha cumplido con el objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría a las 850.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. Mientras tanto, la persistencia de las 'colas del hambre' deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la 'vacuna contra la pobreza', que es como calificaron el Ingreso Mínimo Vital».

Y a la par, esta ayuda estatal sigue desplazando a la autonómica que impulsa la inserción, no solo paliar la carencia material sino reintroducir social y laboralmente a estas personas.

Apunta esta organización que Castilla y León tiene una tasa de riesgo de pobreza (menos del 60% de al mediana de renta) del 14,50%, es decir, 320.000 habitantes sin recursos y solo el 4,43% percibía la renta mínima de inserción en 2022 y este nuevo balance la reposiciona en el 10,7% pero supone un 1,5% por debajo de la del Ministerio, muy por debajo de la media nacional en el 4,4%.