El subsidio de 30.000 parados de Castilla y León cambiará para incentivar que busquen empleo

De los 109.000 desempleados registrados en Castilla y León el pasado septiembre, cerca de un 40% no reciben ninguna prestación contributiva al no haber trabajado todavía o no haberlo hecho durante tiempo suficiente como para generar el derecho a ella. Del resto, los que sí la reciben (64.000), se reparten prácticamente a parte iguales entre quienes cobran la prestación contributiva (que en Castilla y León se sitúa en una media de 935 euros) y quienes reciben el subsidio: 30.209 beneficiarios en septiembre.

La provincia con más perceptores de esta ayuda, que se financia con las contribuciones sociales de empresas y trabajadores, es León con 6.440 personas, seguida de Valladolid, con 5.350.

Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas, en el capítulo referido a la Simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo el Gobierno se compromete a reformar el subsidio para «sustituir el nivel asistencial de protección por desempleo, regulado en la Ley General de Seguridad Social y en los programas de Renta Activa de Inserción (RAI) y Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED), integrándolos en una nueva prestación, complementaria de la protección contributiva, que proteja la situación de transición al empleo».

El objetivo último es integrar en el subsidio ordinario por agotamiento las modalidades extraordinarias que se han ido creando en diferentes momentos y esta integración se hará de forma coordinada con el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que incluye el aumento de sus beneficiarios y «el desarrollo de los itinerarios de inclusión».

El nuevo subsidio seguirá siendo una prestación por desempleo complementaria del nivel contributivo, vinculada a las cotizaciones previas y financiada con cargo al presupuesto de las prestaciones por desempleo (cuota desempleo) y cuya gestión se mantendrá bajo competencia del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Los requisitos de acceso y mantenimiento de la prestación serán la acreditación de carencia de rentas individuales y, en algunos casos, responsabilidades familiares, así como el compromiso y cumplimiento de un itinerario personalizado de empleo (IPE) ante el servicio público de empleo.

La duración del subsidio dependerá de la edad, circunstancias familiares y la duración de la prestación agotada con el objetivo de ampliar el periodo máximo actual del subsidio ordinario, e incorporará las prórrogas de los subsidios extraordinarios aún vigentes. La cuantía seguirá vinculada al IPREM (el indicador utilizado como referencia para la concesión de ayudas y subvenciones, que en 2023 asciende a 600 euros) y la cuantía tampoco cambiará, ya que será del 80% de éste, es decir 480 euros, sin cotización a la Seguridad Social.

La finalidad que persigue la medida es «ampliar la protección por desempleo, mejorando la cobertura al ampliar la duración de los subsidios y eliminar lagunas de desprotección de los programas actuales», así como «simplificar el funcionamiento del sistema, reduciendo el número de figuras para dar más claridad, seguridad jurídica y facilitar la gestión».

También «vincular esta protección con el compromiso de seguimiento y realización de un Itinerario Personalizado de Empleo» y «permitir que esta prestación sirva de transición hacia la protección social, cuando la persona beneficiaria no se reincorpore al mercado laboral y se encuentre en situación de vulnerabilidad».

En la práctica, el cambio perseguirá incentivar la integración de los beneficiarios en el mercado laboral, por lo que la prestación, al no cambiar de cuantía, sí lo hará en su diseño: será mayor en los primeros meses para después ir descendiendo de forma progresiva.

Según explican desde la Fundación Sistema, vinculada al PSOE, el cambio se justifica ya que «el número de personas perceptoras de prestaciones asistenciales supera a las contributivas o, lo que es lo mismo, desde 2010 las prestaciones asistenciales son más, lo cual dice mucho de la necesidad de hacer una reforma en profundidad de los subsidios y afrontar de una vez la disparidad actual: los requisitos de acceso, las cuantías, la vinculación con las políticas activas…». Desde la Fundación, Jesús Membrado señala que «para afrontar una reforma de estas características, no solo se precisa del acuerdo en la mesa de diálogo social, es imprescindible implicar a las comunidades autónomas que tienen mucho que decir, aportar y coordinar».

El propio plan enviado a Bruselas señala que «la definición de los cambios normativos va a ser abordada en la mesa del Diálogo social tripartito». Pero el hecho de que el Gobierno haya informado antes a Europa que a los agentes sociales ha llevado a los sindicatos hacer ciertas advertencias. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado este lunes al Gobierno que la reforma del subsidio por desempleo debe debatirse en el diálogo social, no con Bruselas, porque se trata de un «asunto nacional» y ha sostenido que «antes de hablar de los subsidios hay que abordar cómo mejorar el funcionamiento de los servicios de intermediación de empleo para que las personas en paro puedan regresar al mercado laboral».

En declaraciones recogidas por Europa Press, Álvarez ha criticado que el Gobierno, «de manera reiterativa», acuda a los informes que envía a Bruselas para obviar «debates nacionales», que corresponden primero al diálogo social y, en segundo lugar, al ámbito legislativo. Así, ha mostrado su oposición «clara y rotunda» a que «se empiece a construir la casa por el tejado», porque «el problema grave no son los subsidios, que son escasos e infinitamente inferiores a los del resto de países de la UE, sino los servicios de empleo», que no funcionan correctamente.

En sentido similar, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha asegurado que las políticas activas de empleo, de recualificación y de inserción laboral en España «no funcionan bien», por lo que no se puede culpar directamente a las prestaciones de desempleo de desincentivar la inserción laboral. El líder sindical ha señalado que antes de hablar de «paguitas» hay que analizar por qué la intermediación laboral de los servicios públicos de empleo es casi marginal en España y solucionar el problema de que la oferta formativa no está lo «suficientemente adaptada» a las necesidades que tiene los trabajadores y empresas.