Castilla y León

El aumento de ayudas europeas y las vacantes de personal atascan las subvenciones regionales

La subvención de vivienda tenía fijada la fecha de resolución y pago en julio pasado. Las de eficiencia energética acumulan retraso de varios meses, superándose holgadamente los seis que marcaba el plazo de resolución, según documentación de solicitantes que ha comprobado este periódico. Fuentes de Economía y Hacienda apuntan que estas últimas las tramitan en función de las partidas que va a asignando el ministerio. «Aunque en ocasiones el ciudadano se pregunta por qué no obtiene respuesta a su solicitud presentada hace meses, preferimos conceder la ayuda con cierto retraso (a la espera de más partidas) que denegarla por el agotamiento de fondos», añaden.

¿Qué hay detrás de ese atasco en la tramitación? La llegada de fondos europeos ha conllevado la puesta en marcha de nuevas líneas de ayuda con un importante volumen de dinero y de solicitudes. Son ayudas de gestión «compleja», con «múltiples controles» y para las que se han habilitado aplicaciones y programas informáticos que están dando problemas de tramitación en todas las comunidades, aseguran desde la consejería de Carlos Fernández Carriedo. Los Fondos de la UE que incentivan innovaciones, con gran respuesta en algunas convocatorias, pero ese éxito genera el efecto perverso de sobrecargar a la Administración que tramita. Esa mochila de trabajo extra se ha sumado a la de las subvenciones habituales y ha impactado en una plantilla autonómica aquejada de vacantes, desde los años de la crisis en los que se congeló la tasa de reposición de jubilaciones. Ese 'roto' en la incorporación de personal se agrandó con el freno de oposiciones por la pandemia y la exigencia, vía sentencia de la UE, de no sobrepasar el porcentaje de interinos que marca la ley y que las administraciones incumplían sistemáticamente.

«Las urgencias se cubren sin problemas», indican desde la Consejería de la Presidencia, responsable de la gestión de los recursos humanos de la que es la primera empresa de Castilla y León en número de nóminas: 93.443 empleados a 30 de septiembre. Desde el departamento que dirige el consejero Luis Miguel González Gago remarcan que las tensiones de tramitación o personal no son exclusivas de la Junta. Ponen como ejemplo el atasco que ha vivido el Ministerio de Seguridad Social en la tramitación de una ayuda tan sensible como el Ingreso Mínimo Vital, orientado a combatir la pobreza.

Con una plantilla más tensionada, hay áreas con avalancha de solicitudes de ayudas que además implican requisitos técnicos que dificultan la tramitación. «Es un sinvivir», resume Mariano Prieto, presidente del sector autonómico del sindicato CSIF, que incide en la falta de auxiliares administrativos y administrativos y asegura que no se atienden las peticiones de refuerzo que hacen los propios responsables de las consejerías. Estas peticiones extraordinarias requieren un doble visado, de la consejería de la Presidencia y de la de Economía y Hacienda, por el respaldo presupuestario necesario para abonar esas nóminas.

En CSIF sitúan el «tapón» en esta última consejería y ponen como ejemplo los apuros que han afrontado en varias direcciones provinciales de Educación que han cristalizado en el impago de nóminas de septiembre a maestros interinos. Un caso «puntual» para la Administración autonómica -la consejera Rocío Lucas ha asegurado este viernes que es algo que ocurre siempre el mes que empieza el curso desde que ella tiene «uso de conocimiento en materia educativa»-, pero que para los sindicatos es síntoma de una situación «estructural».

Juan Carlos Hernández, coordinador del Sector Autonómico de CC OO, resalta que hace dos años que plantearon clarificar la normativa de las bolsas de aspirantes para coberturas temporales y que no han tenido aún noticias de la Junta. El representante de CC OO repasa departamentos con plantillas »muy en precario», por bajas o rotación de empleados a los que hay que formar, e incluye servicios territoriales de Medio Ambiente, oficinas del Ecyl, la Gerencia de Servicios Sociales o secciones comarcales agrarias. «En la de Almazán (Soria) hay un único funcionario con 1.400 expedientes de la PAC a su cargo», dibuja Mariano Prieto. «Hay retrasos en tramitaciones de líneas que salen todos los años, y en eso no hay excusa posible», asegura Raúl Santa Eufemia, secretario autonómico de Acción Sindical de UGT, que incide en la falta por parte de los equipos directivos de las consejerías de calendarios programados de tramitación de subvenciones y pagos para asignar personal suficiente a esas cargas de trabajo.

¿La Junta puede traspasar personal tramitador de departamentos más desahogados de trabajo a otros atorados? La estructura de una plantilla pública dificulta esta operación. Una administración organiza a sus trabajadores a través de Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) que conforman el esqueleto sobre el que se asientan las plazas. En la práctica es una utopía que un empleado público cuya plaza está asignada a una sección con unas características concretas pueda servir de refuerzo en otro lugar, incluso en la misma consejería. Esas RPT llevan años en proceso de reforma y la tendencia es a compartimentar lo menos posible la estructura. Si el puesto de un funcionario 'cuelga' de un jefe de servicio y con definición de tareas «polivalentes», en lugar de hacerlo de alguno de los varios jefes de sección que hay por debajo y con una definición de labores más restringida, mejor, porque eso permitirá movilidad entre secciones.

Las herramientas actuales que tienen los departamentos de personal para reforzar equipos es la contratación de interinos que podrían estar en el tajo un máximo de tres años en el caso de existir plazas vacantes. En el caso de programas no permanentes, esa ligazón laboral puede vincularse a la finalización de los mismos. La otra opción es recurrir a encargos. Es lo que ha hecho la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en el caso de la convocatoria de ayudas de alquiler, incorporando trabajadores (17) a través de la sociedad pública autonómica Somacyl para realizar labores de apoyo en «actividades materiales» y «gestión documental».

Desde CSIF avanzan que van a plantear a la Junta la firma de un Pacto de Refuerzo de la Administración General, que es toda aquella excepto docentes y sanitarios, porque la situación requiere medidas «de choque».

La plantilla en nómina de la Junta alcanza una edad media de 52 años. El volumen de empleados públicos que encararán en el corto plazo la pista de despegue hacia la jubilación es otro de los desafíos en la gestión de personal. La actualización de las pensiones de este año, por encima de 8%, incentivó el paso a la reserva laboral de trabajadores con cotización suficiente, algo que puede repetirse este año.

Cubrir esos huecos no es algo automático, porque se arrastra aún el tapón del déficit de oposición de la crisis, de la covid y del proceso extraordinario de estabilización de interinos. La Dirección de Función Pública mantiene una actividad importante. Tiene en este momento en marcha 73 procesos selectivos para dotar de funcionarios 1.663 plazas y otros 58 procesos para cubrir otras 1.365 puestos de personal laboral, a los que se suman otros 184 procesos convocados para dar respuesta a 2.633 plazas de estabilización. No se incluyen ahí ni los docentes ni los sanitarios.

Los sindicatos coinciden en que la falta de auxiliares y administrativos implica que técnicos (inspectores varios, por ejemplo) tengan hurtar tiempo a su labor sobre el terreno para cubrir papeleo. Desde CSIF plasman en un ejemplo la falta de personal para tareas administrativas. El Instituto de Enseñanza Secundaria de Parquesol debería disponer de dos personas para ese trabajo y afronta el día a día con una profesional de 65 años, «que no se jubila porque no quiere dejar el centro sin nadie».