La Junta resolverá las ayudas al alquiler de 2022 en octubre y pagará en noviembre

El personal encargado de verificar los expedientes trabaja en estos momentos en la comprobación la documentación que se ha requerido a 9.415 solicitantes que habían presentado incompleta o con errores sus solicitudes. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó este martes 12 de septiembre un listado de alrededor de 2.700 personas que habían pedido la ayuda y que debían subsanar errores. Esa tanda se añade a otras tres que han salido en el Bocyl a lo largo del verano, fecha a partir de la que han arreciado las críticas por la demora en la resolución de unas ayudas a las que aspiran 24.000 hogares. Ese es el volumen de expedientes con el que brega la Dirección General de Vivienda.

El consejero Suárez-Quiñones informó en el pleno de las Cortes de que habían incorporado 17 personas más a la tramitación, en un año en el que han tenido que dar preferencia a la resolución de bono del alquiler joven que puso en marcha el Gobierno de la nación, pero que han tramitado las comunidades.

«No hay retrasos», justificó en el hemiciclo Suárez-Quiñones la semana pasada, al tiempo que destacó que la comunidad autónoma abonará la ayuda a todos los solicitantes que cumplan los requisitos. Contrapuso esa «universalidad» de las subvención regional al diseño del bono estatal de alquiler para jóvenes. que atendió (por orden de presentación o por criterio de renta) las 3.817 primeras solicitudes, dejando fuera al agotarse el presupuesto a otros 12.255 peticionarios. «¿Cuál es la razón para que las más de 20.000 familias de la convocatoria del año pasado no hayan recibido la ayuda desde hace más de doce meses?», preguntó el procurador del PSOE José Luis Vázquez al consejero. «Paguen ya», conminó el parlamentario socialista.

La Junta convocó las ayudas en otoño de 2022 y se pudieron solicitar durante el mes de diciembre y hasta el 3 de enero de 2023. A partir de ahí, la convocatoria establecía seis meses para resolver unas subvenciones que se sitúan a la cabeza de las que gestiona la Administración autonómica en número de solicitantes. A eso se suma una tramitación que implica comprobar contratos, nivel de renta, empadronamientos, condiciones de la vivienda, titularidades de otros inmuebles... Hasta 33 tipologías diferentes referidas a documentos o cumplimentación de casillas en la solicitud recogen los avisos a esos 9.415 solicitantes a los que desde la Junta han requerido subsanar errores. Desde la falta de los justificantes bancarios, el certificado de empadronamiento colectivo, la referencia catastral de la vivienda, discrepancias sobre el título de familia numerosa, o sobre el grado de discapacidad o la copia del contrato de arrendamiento, a no haber marcado las casillas de autorización para permitir a los tramitadores comprobar datos o no haber firmado la solicitud.

La directora general de Vivienda, María Pardo, ya aventuró en marzo, cuando la Junta publicó el listado de los jóvenes beneficiarios del bono del alquiler estatal, que la tramitación de este apoyo había supuesto una carga de trabajo añadida y que ese hecho podría demorar la resolución de la ayuda general autonómica. Los plazos de última ya recibieron críticas en la edición de 2021, porque se pagó en junio de 2022.

El diseño de la subvención de Castilla y León se ha perfilado en las negociaciones del Diálogo Social entre la Junta, los sindicatos CC OO y UGT y la patronal CEOE. Suárez-Quiñones destacaba días atrás que la última convocatoria mejora las cuantías, al pasar de subvencionar el 40% de la renta del alquiler al 50%, con carácter general, que sube hasta el 60% en el caso de jóvenes y llega al 75% si esos solicitantes menores de 35 años residen en un pueblo. «Se unifican los procesos de resolución y justificación», defiende el consejero en referencia al cambio en el trámite de presentar los recibos mensuales del alquiler, al entender que el modelo actual «disminuye cargas administrativas» para el ciudadano. Quiñones incidió en las Cortes en que la Junta considera una prioridad esta línea de apoyos y aporta fondos propios para complementar la dotación que recibe la comunidad del Plan Estatal de Vivienda y llegar al 100% de los solicitantes que cumplen los requisitos.

La convocatoria del año pasado llegó a 15.221 hogares. La cuantía media de la ayuda se situó en 1.754 euros. El tope de ingresos para acceder a la ayuda es de 24.318 euros anuales (con el indicador IPREM de 2022), que sube hasta 40.530 para familias numerosas.