Toque de atención a la Junta por tardar año y medio en tramitar una ayuda energética

Esto es lo que refleja el Procurador del Común, Tomás Quintana, en una resolución en la que da un toque de atención al departamento que dirige el consejero Carlos Fernández Carriedo porque el plazo de tramitación «se ha rebasado con creces», tal y como ha podido comprobar en la investigación que ha llevado a cabo. El Defensor autonómico recuerda a los responsables de la Junta que los plazos rigen para el ciudadano de la calle, pero también para la Administración y que, en este caso, el de tramitación era de seis meses.

«Es razonable que el órgano instructor precise de un cierto tiempo para tramitar el procedimiento, sin embargo el transcurso de tiempo como el mencionado de más de un año, además de incumplir con el plazo legalmente fijado, no parece tener justificación alguna y juega claramente en contra de los intereses del interesado tanto si la resolución final le es favorable como si no lo es», recoge la resolución.

Tomás Quintana incide en que la ley impone a la Administración «la obligación de ordenar adecuadamente sus recursos» y remarca que en el caso concreto investigado, la consejería debe «valorar la carga de trabajo que supone el número de solicitudes que habitualmente se presentan en estos procesos, a fin de asignar los recursos necesarios».

La Junta denegó la ayuda por entender que el solicitante incumplía los requisitos, al cubrir un patio y ampliar la superficie de la vivienda. De esa manera, el certificado energético que el propietario debía elaborar previo a las obras se consideraba no comparable con el que acredita al finalizar que se ha producido un ahorro energético de al menos el 10% del gasto de partida. El Procurador no entra en el fondo de esa respuesta. Sí en la situación de indefensión que supone la demora de más de año y medio en conocer esa denegación. A eso se suma que el solicitante presentó un recurso por no estar de acuerdo. Le llegó la denegación en febrero y recurrió en marzo. Economía y Empleo debía responderle en un mes, abril. Eso no ha sido así y Quintana urge a que la Junta dé respuesta a ese recurso «sin más dilación».

El Procurador del Común insta a «remover los obstáculos» de los empleados públicos en la tramitación, pero también a «exigir la responsabilidad directa de los titulares de las unidades administrativas y personal al servicio de la administraciones públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de asuntos».

El Procurador del Común recomienda al equipo de consejero Fernández Carriedo que valore «tomar medidas de racionalidad organizativa» para que «retrasos como los descritos en este expediente no puedan volver a producirse». Añade Tomás Quintana otra recomendación que es la de «elaborar procedimientos ágiles, especialmente en materia de subvenciones... con la finalidad de evitar perjuicios a los administrados».

La resolución incluye una reflexión sobre los efectos de la excesiva burocracia y las demoras en las tramitaciones. «Los retrasos en la recepción de las ayudas públicas en muchos casos distorsionan la finalidad para la que fueron creadas y perjudican no solo a los interesados en cada uno de los expedientes, sino que afectan a la ciudadanía en general mermando su confianza en el correcto funcionamiento del conjunto de las administraciones públicas», concluye Quintana.