Las negociaciones con Junts se atascan y en el PSOE cunde la impaciencia por el desgaste

En la dirección del PSOE siguen afirmando que, aunque tarde más de lo que a su juicio sería deseable, el acuerdo llegará y que, al amparo de la discreción que debe mantenerse en toda negociación política, se están produciendo «avances». Sin embargo, todo se reduce desde hace varios días a un intercambio continuo de documentos revisados por los equipos jurídicos de ambas partes, y sin reuniones físicas, a pesar de que el número tres del PSOE, Santos Cerdán, se encuentra de nuevo desde el lunes en Bruselas, alojado a unos pocos metros de Carles Puigdemont, el secretario general de Junts, Jordi Turull y la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras.

Hasta el lunes, además, los negociadores socialistas afirmaban que el acuerdo político estaba ya hecho y que lo único que quedaba era cerrar flecos, «cuestiones técnicas» que, en principio, y según algunas manifestaciones de Junts, deberían garantizar que la amnistía afectará también a colaboradores cercanos a Carles Puigdemont como Josep Lluis Alay, Xavier Vendrell o Miquel Buch, inmersos en causas que no estrictamente relacionadas con el 'procés'. Este martes, sin embargo, desde el PSOE se admitía que sobre la mesa hay ahora también alguna cuestión «política». En ERC creen que el 'expresident' busca «un golpe de efecto» que supere su pacto del pasado jueves con los socialistas.

El hecho cierto es que , después de haber alentado durante días la idea de que la investidura se celebraría esta semana, en el círculo del jefe del Ejecutivo renuncian ya a marcarse más calendario que el institucional, es decir, el que sitúa el 27 de noviembre como fecha tope para lograr el 'placet' del Congreso y evitar la repetición automática de elecciones. Y mientras, los nervios y la inquietud crecen en las filas de su partido.

Ver cómo un día tras otro se escapa la posibilidad de amarrar un Gobierno que ya acariciaban con la punta de los dedos se les está haciendo pesado a muchos socialistas. La presión ambiental –con las movilizaciones alentadas por parte de la derecha frente a las sedes del partido en distintas ciudades; el comunicado del Consejo General del Poder Judicial que tilda la amnistía de «abolición del Estado de derecho»; la convocatoria de una huelga por parte de los sindicatos de Adif en protesta por el traspaso de 'Rodalies' pactado con ERC, y la actuación del juez Manuel García-Castellón, que el lunes acusó de terrorismo a Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas vinculadas con los que se vino en llamar 'Estado Mayor del procés– hace mella en los ánimos de algunos cuadros.

No es que nadie vaya a pedir a Sánchez que dé marcha atrás. Ya recibió un aval claro del comité federal el pasado 28 de octubre    y de la militancia este sábado para llegar hasta donde crea necesario en la negociación de una medida que hace tan solo tres meses todo el partido juzgaba inaceptable con un actor político proscrito como Puigdemont. Hay además una sensación general de que ya no se puede permitir el lujo de otras elecciones. «Iríamos muertos», resume un dirigente territorial de los que justifican la decisión de dejar impunes los delitos de los secesionistas en 2014 y 2017 – incluidos, según sostienen los republicanos, los actos violentos protagonizados por los CDR– como medio para impedir que gobierne la derecha.

Lo que se desea es acabar ya con el «desgaste» que está suponiendo la larga negociación. Porque pese a considerarla un «mal menor», muchos admiten que la amnistía no es «un plato de buen gusto» y que ver cómo Puigdemont exhibe su posición de fuerza escuece. «Hay ganas de cerrar lo antes posible e ir ya a la investidura», resume un ministro.

En el Gobierno no admiten abiertamente que los movimientos de García Castellón o del CGPJ hayan tenido un impacto en las conversaciones con Junts o que hayan llevado al expresident prófugo del la justicia a subir el precio de su apoyo. Pero ayer varios ministros explicitaron su malestar tanto con el órgano de gobierno de los jueces –el ministro del Interior y juez de carrera, Fernando Grande-Marlaska, llegó a hablar de «deslealtad constitucional»– como, de manera más indirecta, con el magistrado que investiga la causa de Tsunami Democràtic. «Ahí están los hechos para sus análisis: es una causa que se lleva instruyendo cuatro años –dijo la portavoz del Gobierno en alusión a la 'oportuna' decisión del juez– y la Fiscalía tiene otro criterio».