Más de 30.000 empresas con avales del ICO claman por la conversión del crédito en ayudas

En noviembre del año pasado el Gobierno permitió a las empresas con créditos respaldados por el ICO ampliar el periodo de devolución hasta ocho años, frente al máximo anterior de cinco. La medida ha tenido hasta ahora un alcance testimonial (apenas el 0,015% se ha acogido a ella), con una inmensa mayoría agarradas al clavo ardiente de una eventual condonación de la deuda.

La ministra de Asuntos Económicos avanzó hace unos días que el Gobierno está trabajando en identificar los sectores con mayores problemas de sobreendeudamiento empresarial dentro de los más afectados por la crisis del coronavirus. El Banco de España ya ha calculado que el porcentaje de empresas insolventes se sitúa entre el 14% y el 19% en todo el país y augura que en torno al 10% terminarán por ser inviables.

La liquidez proporcionada por los avales del ICO a nivel nacional y de Iberaval en el caso de la comunidad constituye, según advierten desde CEOE Castilla y León, un parche que a la postre se convertirá en una carga. Demandan ayudas directas a fondo perdido, sobre todo para las empresas que no pueden desarrollar su actividad por culpa de la medidas restrictivas impuestas por el Gobierno y la Junta.

De las 67.931 empresas que cotizaban a la Seguridad Social en febrero de 2020 en la región se ha pasado a 64.621 en enero de este año. Si tenemos en cuenta que las que han solicitado avales al Instituto de Crédito Oficial ascienden a 30.341, es decir, el 47% del total. Calviño aludió a la intención del Ejecutivo de articular «otro tipo de apoyos para reforzar la solvencia empresarial», aunque aún no ha concretado cuáles. «En eso estamos trabajando y espero que pronto podamos reforzar el arsenal de medidas que hemos puesto en marcha desde hace un año para que sigan siendo efectivas», señaló.

Entre las ayudas que se barajan está la posibilidad de condonar -al menos en parte- los préstamos avalados por el Estado a través del ICO, a los que han recurrido más de 900.000 empresas en toda España, en su inmensa mayoría pymes y autónomos. La Comisión Europea ya ha abierto la puerta a que sectores como el transporte, el turismo, la cultura, la restauración y el comercio vean convertidas las garantías, préstamos u otros instrumentos financieros en subvenciones directas no reembolsables. Una medida así debe también contar con el visto bueno del BCE y, si finalmente se aprueban las quitas, con un mecanismo para involucrar a los bancos que han concedido los créditos avalados por el Estado.

De hecho, las patronales bancarias (AEB y CECA) ya están trabajando con los supervisores para analizar la evolución del riesgo de crédito de manera preventiva, con el objetivo de evitar que la crisis económica desencadenada por la pandemia se convierta en una crisis financiera, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.

Las empresas castellanas y leonesas, mientras, siguen acudiendo al ICO en busca de financiación. En enero formalizaron solicitudes 320 más, hasta totalizar 30.341. Algunas de ellas han abierto más de una operación, que arrojan un agregado de 48.362. Han recibido avales por valor de 3.442,6 millones de euros, lo que supone una media de 71.184 euros por operación, por debajo de los 91.783 euros de media nacional. Hay grandes disparidades por provincias y las empresas palentinas dan un promedio de casi 100.000 euros, frente a los 46.000 de las pymes y autónomos abulenses.

Con datos no de enero, sino del cierre de 2020 -cuando la cantidad respaldada por el ICO ascendió a 3.402,2 millones de euros-, los avales públicos propiciaron que las empresas de la comunidad recibieran 4.395,2 millones de financiación bancaria para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante con los que mantener el empleo y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria. Los avales se otorgan a la financiación concedida por las entidades financieras.

El 89% de los beneficiarios son autónomos y micropymes, según detalla el ICO a nivel nacional. Las empresas de menos de diez empleados han solicitado el 74% de las operaciones. La mayor parte de los préstamos, el 70%, son a un plazo de más de cuatro años.

Los diez sectores de actividad con más empresas apoyadas por el ICO son el turismo, ocio y cultura; la construcción e infraestructuras; los servicios empresariales, profesionales y administrativos; los bienes de consumo y retail; la distribución comercial de alimentos y bebidas; los bienes de equipo e industriales; la agricultura y ganadería; el transporte y logística; la automoción y la industria textil.

La sangría del tejido empresarial de la comunidad no cesa y, según reflejan los datos del Registro Mercantil, diez empresas solicitaron acogerse a concurso de acreedores en enero, frente a las ocho de un año antes. Este aumento contrasta con el descenso nacional, del 12,2%. Además, la constitución de nuevas sociedades ha encadenado cuatro meses de descensos -doce si se exceptúa el dato de septiembre-, en el caso de enero con 224 nacimientos, una caída anual del 11,5%, frente al 9,2% nacional.