Las clarisas de Vitoria llevarán a los tribunales a las rebeldes de Orduña para recuperar su convento

En una semana como máximo, sus abogados presentarán una demanda en Briviesca, partido judicial al que pertenecen las monjas rebeldes, autoexpulsadas de la Iglesia Católica el lunes y adscritas a la Pía Unión de San Pablo Apóstol, controvertida corriente contraria al Concilio Vaticano II y calificada como «secta». Ese inminente requerimiento por la vía civil exigirá la anulación del contrato de compraventa, firmado entre ambas congregaciones en noviembre de 2020 y origen de una inusual controversia que ha alcanzado eco nacional.

Esa escritura legal incluye una cláusula de rescisión del contrato en el supuesto de impago, como entiende la congregación vitoriana que ha sucedido. Las 'herejes' adeudan varios abonos trimestrales, a razón de 75.000 euros cada uno.

De esta manera, el despacho Fernández de Aránguiz Abogados -con sedes en Vitoria y en Miranda de Ebro- presentará lo que se conoce como «demanda civil en ejercicio de la condición resolutoria pactada en la escritura de compraventa». Básicamente, y en base a una de las condiciones del contrato original entre ambas congregaciones antes hermanadas, solicitará su anulación a la autoridad judicial. Y con ello, que ordene marcharse de Orduña a la población flotante de las 'rebeldes' -apenas un par de religiosas mientras el grueso reside en Belorado- una vez dicte sentencia.

Beatriz Maeso, magistrada al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Briviesca, será la encargada de lidiar en este cisma por la fallida operación inmobiliaria que ha derivado en la salida del catolicismo de la quincena de religiosas ahora repartidas entre Belorado y Orduña. Aparte de excomulgadas, podrían ser consideeradas como okupas y, finalmente, fuera del convento levantado a unos 40 kilómetros de Vitoria. Según la versión dada por estas religiosas, pretendían pagarlo con el dinero de la venta del monasterio de la localidad vizcaína de Derio, movimiento también en suspenso.

Pero aunque las rebeldes lograsen colocar en el mercado ese inmueble cercano al aeropuerto de Loiu, sus excompañeras de Vitoria -apoyadas por la Diócesis de Vitoria- rechazarían reactivar la venta en Orduña. No existe posibilidad alguna, según ha constatado este periódico. El pasado 7 de mayo se produjo un acto de conciliación en una notaría vitoriana en el que ninguna de las partes varió un ápice sus posiciones. Esa reunión infructuosa precipitó la anulación del contrato de compraventa y la apuesta por la vía judicial.

Aparentemente desconocedoras de este movimiento legal, las rebeldes -seguidoras de Pablo de Rojas, controvertido líder de Pía Unión- anunciaron ayer en varias intervenciones públicas la próxima interposición de su propia demanda contra las clarisas de Vitoria y la Iglesia Católica al entender que deberían indemnizarles con una cantidad millonaria por adecentar el edificio que ocupan desde hace casi cuatro años. Una cantidad que según sus estimaciones alcanza los 1,6 millones de euros.