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El Partido Socialista atraviesa en Ávila por una galerna política. Está pendiente de que un juzgado se pronuncie sobre una denuncia de posibles irregularidades en el censo de las primarias que llevaron al senador Jesús Caro a revalidar su condición de secretario provincial y ... Ferraz acaba de expulsar a cinco de los ocho diputados provinciales, que además se habían mostrado críticos ante regulaciones del Gobierno de la nación que entendían perjudiciales para la provincia. Una estrategia del guante de hierro impulsada por la dirección autonómica de Luis Tudanca. A esos cinco sancionados les apoya otro diputado que forma parte del Grupo Socialista como independiente. Bajo el paraguas oficial del partido quedan dos.
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Los expulsados son alcaldes y concejales referentes en el PSOE abulense. Entre ellos está Pedro José Muñoz, un histórico. Es regidor de Cebreros y fue parlamentario nacional y secretario de Organización autonómico del PSOE en la etapa en la que Óscar López (hoy jefe de Gabinete de Pedro Sánchez) comandó el partido en Castilla y León. También Leticia Sánchez, alcaldesa de Navarrevisca y contrincante de Jesús Caro en las primarias de la polémica. Les acompañan el alcalde de La Adrada, Roberto Aparicio; la alcaldesa de El Hornillo, Visitación Blázquez; y una concejala de Hoyo de Pinares, Silvia Llamas.
«Se ha seguido un procedimiento atropellado a nivel interno», subraya Pedro José Muñoz, en el que el partido «se ha cargado a alcaldes que ganan» en sus localidades en una tierra muy difícil electoralmente para el PSOE. Ávila ha figurado siempre entre las provincias donde el PP sacaba los mejores resultados de España, hasta que en 2019 una escisión cuajó en la formación provincialista Por Ávila, que logró poder a costa de arañar el de los populares.
El conflicto cainita que vive el PSOE tiene su epicentro en el entorno de Arévalo, concretamente en Pajares de Adaja. Esa es la comarca de Jesús Caro y los expulsados denunciaron la votación de las primarias en esa agrupación socialista. Emprendieron un procedimiento de Protección de Derechos Fundamentales, al que el juez dio trámite.
Se celebró una audiencia previa en marzo, sin que hubiera conciliación y las partes están a la espera de un juicio que se demora en un proceso de este tipo. La causa de ese retraso es, según el alcalde de Cebreros, que el partido tarda en remitir al juzgado información sobre afiliados, fechas de alta de militancia y pago de cuotas sobre unas 140 afiliaciones que han impugnado en la agrupación Pajares de Adaja. Una sede que contaba en 2020 con 105 militantes que meses después, en 2021, eran 214. En las primarias Caro logró 186 votos allí y Leticia Sánchez, 9, frente a un resultado final en toda la provincia muy ajustado, en el que el primero mantuvo el control del partido por 38 papeletas de diferencia, logrando el 51,9% de los apoyos..
«Fue una mesa decisiva, si se hubiese quitado a las personas que no estaban correctamente afiliadas, el resultado final varía», esgrime Pedro José Muñoz, que señala que esos militantes incumplirían el requisito de tener pagado el último semestre del año anterior al que se celebraron las primarias, exigencia que se plantea para evitar campañas de afiliaciones de nuevo cuño. Si esto es así o no, es lo que debe dirimir el juzgado en un conflicto que salpica institucionalmente a la Diputación Provincial que preside el popular Carlos García.
El PSOE intentó relevar a Muñoz como portavoz, pero solo había dos diputados de ocho que apoyaban el cambio. Falló ese derrocamiento. Ahora, tras consumarse el proceso de expulsión de los críticos, impulsado por Caro, respaldado por la dirección autonómica de Luis Tudanca y resuelto en Ferraz por la dirección federal, desde el partido comunicaron a la Diputación que los expulsados no formaban parte del grupo provincial y se habían convertido en no adscritos. Pero estos habían convocado una reunión oficial del grupo socialista esa misma mañana en la que consta en acta que se expulsa a los dos miembros del sector oficialista. Unos se acogen a la legislación estatal y otros a la ley regional que regula el estatuto de alcaldes y concejales.
El PSOE de Castilla y León está ahora a la espera de informes solicitados a la Diputación Provincial y corre el riesgo serio de quedarse sin grupo en la institución, puesto que los dos oficialistas no llegan al mínimo para mantenerlo.
«Los alcaldes expulsados ya no son miembros del PSOE. Me cuesta hablar en público de asuntos internos de militantes, fíjese de quien ya no forma parte del partido», expresó Ana Sánchez, secretaria de Organización del partido en la comunidad y mano derecha de Luis Tudanca, en una visita que ha efectuado a Ávila la semana que acaba de terminar. Casualmente, Sánchez se ocupa de la responsabilidad a nivel autonómico que desempeñó el abulense Pedro José Muñoz.
La secretaria de organización asegura que las primarias de Ávila fueron «impecables» y que ella es la «garante del cumplimiento de las normas del Partido Socialista». En ese proceso y en los disciplinarios. «Resulta curioso que quien ha dicho palabras gruesas, mucho más que adversarios políticos, sobre nuestras siglas pretenda seguir formando parte de ellas», censura Sánchez, al tiempo que insiste en que los expulsados «han vulnerado normas, principios y convicciones del PSOE». Y confía en conformar candidaturas en las próximas municipales que cosan el roto de los expulsados.
«Los dirigentes vamos y venimos –señaló Sánchez– en un partido con 140 años de historia».
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