Las llamas del incendio de Ávila arrasaron 21.993 hectáreas

La Junta de Castilla y León estima que el incendio de Navalacruz, en Ávila, quemó 21.993 hectáreas de terreno. Es la superficie estimada provisionalmente que recoge el parte oficial sobre fuegos forestales que ofrece la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, el publicado hoy martes 24 de agosto a las 10:00 horas. Esa estimación se aproxima al cálculo de 22.000 hectáreas que se había barajado extraoficialmente.

El fuego que prendió el 14 de agosto en Cepeda de la Mora tras accidentarse un turismo en la carretera es el peor de la historia de la comunidad autónoma. La Junta mantiene diez días después, trabajando aún sobre el terreno, dos motobombas y dos cuadrillas de extinción para refrescar la zona. El fuego no se dío por controlado hasta el 21 de agosto y mantuvo en vilo a la población de la zona durante ocho largos días. Oficialmente está controlado, pero no ha alcanzado todavía la catalogación de extinguido.

El de Navalacruz encabeza la clasificación de incendios catastróficos en Castilla y León, en el que figuran el acaecido en Encinedo (León), en 2017, en la zona de la Sierra de La Cabrera, que quemó 9.820 hectáreas en una radio superior de 100 kilómetros o el también leonés de Castrocontrigo, en 2012, que carbonizó 11.724 hectáras.

El incendio ha abierto el debate sobre la planificación de parques comarcales de bomberos que hay en Castilla y León, con provincias, como es el caso de Ávila, en las que solo está operativo el de la capital. Estas instalaciones, cuyas competencias estarían en el ámbito de las diputaciones provinciales, funcionan de forma paralela al operativo de extinción de incendio forestales de la Junta. El de Navalacruz fue, en su origen, un fuego surgido en un incidente de tráfico.

La mayor asociación de bomberos profesionales del Estado, la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, ha interpuesto una denuncia en los Juzgados de Ávila contra la Diputación provincial abulense por «dejación de funciones» en este incendio. A juicio de esta agrupación, el siniestro medioambiental ha dejado de manifiesto «la precariedad» existente en el Servicio de Prevención y extinción de incendios en la Diputación de Ávila en particular.

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