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Óscar F. Civieta
Miércoles, 12 de marzo 2025, 17:59
A 31 de diciembre de 2024, según la Memoria 2024 de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, había en Zamora (capital y provincia) ... 248 casos activos de violencia de género (actualmente, ya son 271, con cuatro de alto riesgo). Implica un aumento del 32,6% respecto al año pasado, y supone alcanzar un récord histórico. Paralelamente, comparando los datos de los tres primeros trimestres de 2024, con el mismo periodo de 2023, hubo un ligero descenso de las denuncias. Fueron 286 en total (-6,5%).
En lo que va de marzo, ha informado este miércoles el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, tras el minuto de silencio guardado a las puertas de la institución por los dos últimos asesinatos machistas en España, ha habido ocho conocimientos de hecho o denuncias por violencia de género (cuatro de ellas presenciadas por menores), que han provocado cinco detenciones. En total, este mes se han sumado seis casos activos más.
La aparente discordancia entre el número de casos y el de demandas tiene que ver, según la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, Marisa Manso, con diversos factores. En primer lugar, que los casos son acumulativos (y llegan hasta diciembre de 2024), mientras que las denuncias se refieren a un periodo concreto.
También hay situaciones de personas reincidentes, «que no generan una nueva denuncia, pero sí un nuevo caso», subraya. Y, por último, destaca que existen altas de casos nuevos, incluso con orden de protección, pero en las que no ha habido denuncia de la víctima.
A lo anterior, Lola Estévez, portavoz de la Coordinadora Feminista de Zamora, añade que el 65% de los casos se dan en el medio rural, y «que es muy difícil denunciar al vecino de enfrente».
Pero también sostiene que otro factor puede ser que, aunque la denuncia activa todo el dispositivo de protección para la víctima, «en determinadas instituciones se les hace pasar muy mal y eso provoca que cueste mucho denunciar». Se refiere Estévez a la judicatura, en la que asegura «que falta muchísima preparación, aunque la ley contemple que haya que formar a los jueces y las juezas».
El 3 de enero de 2025 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en la que se establece que, a los nueve meses de su entrada en vigor, «los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asumirán las competencias en materia de violencia sexual respecto de los procedimientos incoados a partir de esa fecha».
Durante esos nueve meses, el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, en su caso, la comunidad autónoma afectada, «procederán a la transformación que sea necesaria de los juzgados, secciones y tribunales con competencia en materia penal en juzgados, secciones y tribunales con competencia en materia de violencia sobre la mujer».
Sobre esto, el pasado 8 de marzo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, publicó un post en X en el que comunicó que el Gobierno aumentaría un 50% los jueces de violencia sobre la mujer, y que «las secciones de violencia sobre la mujer se ocuparán de todas las violencias machistas con jueces especializados. Más entornos seguros y más protección».
El anuncio llegaba unos días después de que 135 jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer firmaran un comunicado alertando de que el efecto inmediato de la reforma provocaría «el colapso total de unos Juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas».
Actualmente, con datos del CGPJ, en Zamora no hay ningún juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer, aunque sí cinco (Zamora, Toro, Benavente, Puebla de Sanabria y Villalpando) en los que comparten espacio con los Juzgados de Primera Instancia y/o Instrucción.
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