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Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer denuncian que la reforma de Bolaños supondrá el «colapso total»Malestar en la judicatura por la denominada Ley de Eficiencia del sistema judicial, aprobada el pasado mes de enero. El texto legislativo, que entrará en ... vigor el 31 de diciembre, transformará 3.800 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia con el objetivo de repartir cargas de trabajo y compartir pesonal y medios. Una modernización que ha provocado la reacción de 137 jueces y magistrados titulares de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer o de órganos competentes, que han denunciado en un comunicado que la medida supondrá una sobrecarga de trabajo en unos juzgados «ya saturados» sin la debida dotación de medios.
El escrito, difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a petición de los firmantes, alude al artículo 89 de la Ley Orgánica 1/2025 del 2 de enero, por el que se atribuye a estas secciones la instrucción de los delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connoación sexual, cuando la víctima sea mujer con independencia de la existencia de su relación con el agresor. «La novedad radica, por tanto, en que dichos órganos judiciales comenzarán a conocer de los mismos con independencia de la existencia o no de vínculo matrimonial o análogo», puntualizan, lo que supone una «salto cuantitativo y cualitativo en el ámbito de la competencia de unos juzgados ya de por si saturados».
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Esta reforma, explican, viene impuesta por la necesidad de cumplir con los compromisos internacionales, entre ellos el Convenio de Estambul y con le previsto en la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual de 2022. Algo que denuncian, se hace sin haber dotado a los tribunales afectados de la dotación de recursos personales y materiales, unas «exigencias» que también figuran en el mismo tratado y en la mencionada ley orgánica, que no se ha dotado de presupuesto, siendo esta una «reforma a coste cero».
El comunicado, suscrito por la jueza titular de Valladolid, Alma Junquera San José; la titular de Burgos, María Teresa Gonzalo Rodríguez; y el titular de Primera Instancia a Instrucción 3 de Soria, Fernándo Paéz Terrero, cifra el aumento de la carga de trabajo en «al menos un 20%», tomando las propias estimaciones del Ministerio de Justicia.
«El efecto inmediato de la reforma va a ser el colapso total de unos Juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas», advierten. Y califican de «irreales» las «supuestas facilidades» alegadas por el Ministerio de Justicia, con la posible reconversión de las Secciones de Instrucción en Secciones de Violencia sobre la Mujer, por los plazos que manejan, ya que el aumento de competencias entrará en vigor el 3 de octubre, tres meses antes de la fecha prevista para la entrada en funcionamiento de las nuevas Secciones de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer.
Los firmantes denuncian que esta reforma tras veinte años de funcionamiento de estos órganos especializados, en los que «ha aumentado progresiva y exponencialmente tanto el tipo de delitos como el número de denuncias, sin que este aumento haya ido acompañado de una correlativa ampliación del número de juzgados». Señalan también la carencia de funciones de guardia, a excepción de en cinco partidos judiciales, que obligan a resolver todos los asuntos, desde actuaciones, vistas, declaraciones y juicios, en horario de mañana. Así como la «absoluta precariedad de medios», en cuanto a equipos de valoración forense; de asesoramiento y asistencia a las víctimas; y de un «deficiente funcionamiento de los dispositivos telemáticos de control», entre otras cuestiones.
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