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El vigilante de seguridad detenido el pasado 6 de octubre por sustraer baterías y otro tipo de piezas de coches del depósito municipal de ... vehículos –ahora en libertad con cargos– fue arrestado por agentes de la Brigada de Delitos Informáticos de la Policía en noviembre de 2008 por la presunta difusión de imágenes íntimas de una compañera de la empresa en la que trabajaba entonces y que tenía encomendado el control de las dependencias de la Consejería de Sanidad en Valladolid.
Así lo han confirmado fuentes del cuerpo nacional tras revisar sus archivos. J. L. M. T., de 53 años, desempeñaba su labor en Prosintel (Grupo Norte) como uno de los responsables de seguridad. Una empleada de esta compañía denunció a la Policía y a la dirección de la empresa que este hombre había distribuido por e-mail imágenes suyas de alto contenido erótico a una lista de correo de este departamento de la Junta. Las instantáneas llegaron de manera masiva a diferentes áreas de la consejería, incluidos altos cargos, así como a directivos del Grupo Norte.
El caso, que saltó a los medios de comunicación como uno de los primeros ciberdelitos cometidos en la ciudad, se saldó con un acuerdo entre el vigilante y el Grupo Norte para apartarle de sus funciones mediante una excedencia de dos años, a pesar de que Prosintel constató, tras una investigación interna, prácticas continuadas de vejación, insultos e intimidaciones por parte de este vigilante a varios compañeros de trabajo.
Este periódico no ha podido confirmar si el asunto llegó a los tribunales. Fuentes cercanas aseguran que víctima y agresor podrían haber alcanzado un acuerdo económico antes de la celebración del juicio. Vigilantes que han trabajado con él aseguran a El Norte que el protagonista arrastra un relevante historial de conflictos en todos los lugares por los que ha pasado a lo largo de su carrera profesional. En el caso de su estancia en el Ayuntamiento de Valladolid, antes de recalar en el depósito municipal se encargó de la seguridad de las dependencias de tributarias del Consistorio, situadas en la céntrica plaza de Santa Ana.
J. L. M. T. permanece apartado ahora de su puesto en el depósito. La empresa Davos Protección, adjudicataria del control de esta y otras instalaciones municipales, le ha suspendido de empleo y sueldo durante dos meses a la espera de la resolución judicial que se dicte en su momento. Esta compañía, con sede en la localidad madrileña de Valdemoro, no quiso hacer ningún tipo de declaración sobre el asunto. «Es un tema personal», zanjó el jefe de operaciones de Davos.
En la investigación se ha constatado que el vigilante llevaría más de un año llevándose elementos de los turismos. Su 'modus operandi', a priori, estaba estudiado. Marcaba los coches a los que había sacado las baterías con una piedra para no repetirse. Aparcaba el suyo en una zona fuera del ángulo de visión del sistema de cámaras y contaba con otro «coche nodriza» en el exterior de las instalaciones en el que, al parecer, transportaba las piezas para venderlas en el mercado negro. Además de baterías, se han sustraído llantas de aluminio, que se sacaban de las ruedas de repuesto de los maleteros para no levantar sospechas.
El contrato con la empresa Davos Protección, que sustituyó a Gomsegur tras entrar esta última en concurso de acreedores (ambas firmas comparten responsables), expira el próximo 31 de diciembre. El Ayuntamiento ya ha aprobado la nueva licitación. En principio, la futura adjudicataria debe subrogar al personal. Desde la Concejalía de Salud Pública y Seguridad matizaron este viernes que «será la empresa que se quede con el contrato la que decida qué hacer con este vigilante, si, para entonces, sigue trabajando en nuestras instalaciones, algo que no creemos que ocurra», apuntan.
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