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La Policía Nacional detuvo el pasado 6 de octubre a un vigilante de la empresa de seguridad adjudicataria del control del depósito municipal de vehículos por sustraer baterías de los coches para venderlas en el mercado negro, según han confirmado fuentes del cuerpo. El presunto ... autor de estos robos ya ha pasado ante la autoridad judicial y ha quedado en libertad con cargos.
El arresto se produjo tras una denuncia presentada por el propio Ayuntamiento, a través de la Jefatura de la Policía Municipal, ante las sospechas de que este hombre, de 53 años, se estaba llevando material de los automóviles. Las cámaras instaladas en el espacio ayudaron a detectar sus movimientos sospechosos dentro del depósito. Tras una investigación, avalada por las imágenes obtenidas, se constataron varias sustracciones, que coincidían con sus turnos de trabajo.
Al parecer, el vigilante aprovechaba los momentos en los que no había agentes de la municipal en las instalaciones para abrir los capós de los turismos y sacar las baterías, que posteriormente metía en su coche para darles salida y obtener beneficios. Las primeras estimaciones sitúan en más de 2.000 euros el valor de los elementos sustraídos en una práctica que se ha prolongado «durante más de un año». Fuentes cercanas al caso aseguran que la empresa de seguridad ha sancionado al vigilante con dos meses de suspensión de empleo y sueldo a expensas de la resolución judicial que se dicte en su momento.
La Policía Municipal sigue aportando pruebas a sus compañeros de la Nacional, ya que se sospecha que, además de baterías, pudo haber robado otro tipo piezas. Fuentes del cuerpo municipal acotan que los robos se han producido en vehículos que llevan mucho tiempo en el recinto, no en los que recoge la grúa por infracciones de tráfico y cuya estancia en este aparcadero suele ser breve.
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El depósito municipal, situado en la zona de El Peral, cuenta con 1.100 plazas oficiales, aunque desde hace años registra una sobreocupación al mantener estacionados en él más de 1.700 vehículos de todo tipo. De este volumen total, cerca medio millar permanecen en las instalaciones sin ser reclamados por diferentes causas, como embargos o precintos judiciales. Pasado un tiempo, estos vehículos se subastan para su achatarramiento.
Este es el segundo caso de robos dentro de dependencias del Ayuntamiento de Valladolid desde 2020. El pasado año J. C. L. S., un limpiador de cristales de 46 años, que desempeñaba su trabajo en la galería de tiro de la Policía Local, en la calle Amor de Dios, así como en la propia Jefatura, fue condenado a doce meses de cárcel por el hurto de dos chalecos antibalas, nueve pistolas de aire comprimido y otro tipo de efectos de la zona de entrenamiento de disparo virtual. El condenado, que también fue cazado cometiendo el delito por el sistema de cámaras, no entró en prisión, aunque se comprometió a abonar 3.489 euros en concepto de responsabilidad civil. Durante el juicio, pidió disculpas a la Policía Municipal y alegó que estaba inmerso en la «vorágine de la cocaína».
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