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El informe elaborado por los técnicos municipales corrobora lo evidente, el mal estado del antiguo hotel Marqués de la Ensenada y que continúa abierto de par en par. Así que el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, rubricó ayer el decreto que llevará al Ayuntamiento a ejecutar de manera subsidiaria el cierre de los accesos y de las ventanas que carecen de cristales en el inmueble catalogado que se asienta sobre el Canal de Castilla, entre las avenidas de Gijón y Salamanca y la calle Las Eras, ante la imposibilidad de localizar a los propietarios y el flagrante incumplimiento por su parte del deber de conservación del maltrecho edificio abandonado desde el 2 de enero de 2017.
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Un arquitecto municipal y los responsables de la empresa encargada de realizar este tipo de trabajos para el Ayuntamiento visitarán hoy el inmueble para elaborar el proyecto de cerramiento y ejecutarlo, en principio, a lo largo de la semana que viene. El coste estimado de la intervención, que por ahora se limita al cerramiento del perímetro, ronda los 2.500 euros, que saldrán de las arcas municipales y que después reclamarán a los actuales propietarios, responsables de un entramado de sociedades con sedes en Alicante y Tarragona que llevan meses sin responder a los requerimientos de Urbanismo para ejecutar dicho cierre.
«La idea es cerrarlo de manera inmediata para frenar el deterioro de un edificio que cuenta con el máximo grado de protección y, sobre todo, eliminar el riesgo de que se produzca algún accidente en su interior fruto de su actual estado», incidió ayer el edil de Urbanismo.
El hotel Marqués de la Ensenada, que fue rehabilitado en 2006, no solo cuenta con el máximo grado de protección en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sino que se asienta sobre el desagüe de un Bien de Interés Cultural (BIC), como es el Canal de Castilla, cuya maquinaria aún conserva en sus sótanos. La Dirección General de Patrimonio de la Junta, en este sentido, aplaudió ayer la iniciativa municipal de tapiar por sus medios el inmueble, ante la imposibilidad manifiesta de localizar a sus propietarios, y recordó que su valor radica precisamente en su condición de «elemento asociado al Canal de Castilla», cuya declaración como BICpor parte del Gobierno central se produjo en los años noventa. La administración autonómica, eso sí, descarta cualquier responsabilidad en su protección y confía en que el tapiado permita, al menos, contribuir a su conservación.
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