Los cinco hechos investigados que conducen al banquillo a la familia Morchón

En ese tiempo, sostienen los investigadores del caso Ignis y así lo cree la jueza, «se instauró por la empresa la sustracción sistemática» de los ataúdes de los fallecidos antes de la incineración, «sustituyéndolos por otros de peor calidad, tapas de féretros, cajas de restos e incluso por meros sudarios para la cremación de los cadáveres». ¿El motivo? «Reutilizar los féretros revendiéndolos, con el consiguiente beneficio económico». También se sustraían coronas, centros y ramos de flores para colocarlos a los nuevos clientes.

Esta práctica «sistemática» no se realizaba si el féretro ya era de mala calidad, se había realizado la autopsia al difunto o existían restos orgánicos. O si el cadáver era muy pesado y era difícil moverlo, tenía alguna enfermedad infecciosa o la familia había manifestado interés por asistir a la cremación.

La valoración de los ingresos obtenidos por la familia Morchón en «B» sobre los 5.997 féretros y los 3.174 adornos florales presuntamente sustraídos asciende a 1.390.542 euros, cantidad a la que habría que añadir «una cifra no determinada, pero cierta, por la sobrevaloración en el precio de compra de féretros durante unos años». Además, entre 1999 y 2015, las cuatro empresas del grupo El Salvador movieron más de dos millones de euros de «operaciones contables irregulares o ingresos en efectivo de origen indeterminado». Una cantidad «introducida al flujo empresarial o directamente en las cuentas bancarias de la familia Morchón». Es una ganancia de origen supuestamente ilegal «resultado de la sustracción de los féretros y las flores y, posiblemente, de la diferencia en el valor de compra declarado en algunas facturas que se ha incorporado al flujo comercial de las empresas con aportaciones en efectivo». Uno de los destinos que apuntan los investigadores para blanquear ese dinero es la adquisición de inmuebles a través de la empresa Patrigrola.

Esta práctica «fue ordenada» por el fundador del emporio funerario, Ignacio Morchón Alonso, y habría continuado después de su jubilación en 2010. «Era llevada a cabo» por los trabajadores que intervenían en las incineraciones en el cementerio de Santovenia y ayudados por otros empleados, «conductores o mecánicos». Así que «estaba al tanto de ello casi toda la plantilla de la empresa». Ese horno no estaba mecanizado, por lo que era necesario introducir el cadáver de forma manual y normalmente el conductor y otro empleado accedían a la zona de cremación con el féretro.

En 2013 se inauguró el nuevo tanatorio El Salvador en Valladolid, en que se instaló otro crematorio más moderno pero, para facilitar las sustracciones y eludir las denuncias de los vecinos de la urbanización colindante por los humos y ruidos, se empezaron a trasladar los féretros a Santovenia «para llevar a cabo la sustracción del ataúd si era posible y la incineración». Facilitaba esta práctica que allí se almacenaban las cajas de restos. El féretro se depositaba en la sala de embalsamar y luego era recogido y trasladado al tanatorio de El Salvador para su reutilización. En Santovenia también se guardaban las tapas de los ataúdes que no habían sido sustituidos para su posterior aprovechamiento. En algunos casos, la caja ya subía «cambiada» desde el tanatorio.

Participaban en la sustitución de la caja original varios empleados «por razones meramente físicas» y «teniendo en cuenta que manipular un cadáver no es una tarea sencilla». Ni siquiera contando con carretillas elevadoras para introducirlo en el horno porque, «para extraer un cuerpo de la caja original a la nueva colocación es necesaria, al menos, la participación de dos personas». También era necesaria la intervención de otros trabajadores para volver a trasladar el féretro al tanatorio de Valladolid. Según declaró una testigo, los empleados se referían a estos féretros como «ataúdes de reciclaje».

Si cuando terminaba la misa en el tanatorio los familiares no deseaban asistir al primer momento de la cremación, el cadáver era trasladado en su féretro original al cementero de Santovenia y se daba el 'cambiazo'. En ocasiones, ni se ofrecía a los familiares la posibilidad de ver el proceso de incineración. Pero, si los deudos del difunto expresaban su deseo de estar presentes, «estos se situaban en la sala de cremación del tanatorio, donde los empleados introducían el féretro y accionaban los ventiladores, que generaban mucho ruido, sin activar la combustión, lo que inducía a los familiares a creer que el proceso se había iniciado y se despedían». Entonces el féretro era conducido a Santovenia y se sustituía. Luego se entregaban las cenizas y se trasladaban al tanatorio para entregarlas a la familia, ajena al 'cambiazo'. En el parte de defunción y en el certificado de incineración que se les entregaba figuraba que esta se había realizado allí mismo, en el tanatorio. No se inscribía en el libro de registro del Cementerio Parque El Salvador.

El exempleado Justo Martín Garrido chantajeó a Ignacio Morchón padre (investigado en esta causa, que falleció el pasado año) con hacer pública esta práctica de «sustituciones sistemáticas de féretros» con fotos comprometedoras de los difuntos en las cajas si no se avenía a «mejorarle» la pensión y a contratar a su hijo. El funerario no cedió, su hijo y actual gerente de la empresa le denunció y el juzgado condenó al extorsionador a una multa. Pero lo que contó y el contenido de las cartas extorsionadoras dieron pie a la Policía Nacional para abrir una pormenorizada investigación que denominó Operación Ignis, que culminó el 31 de enero de 2019 con los registros y las detenciones del cabeza de familia y dos de sus hijos, quienes ingresaron en prisión provisional durante un tiempo.

Justo Martín Garrido había trabajado siempre en las instalaciones del horno crematorio del cementerio de Santovenia y había documentado «minuciosamente» con anotaciones, fotos y vídeos de los difuntos los cambios de féretros desde que empezó a trabajar allí en abril de 1995 hasta su jubilación, el 27 de febrero de 2015. Fue detenido el 3 de agosto de 2017 y ese mismo día se le intervino una tercera carta de chantaje dirigida a Ignacio Morchón Alonso: «Esta es la última vez que te aviso... Si el día 15 de agosto no no te has puesto en contacto conmigo echaré al correo una carta con una nota explicando todo el proceso y el engaño al que tienes sometidos a todos...Tengo ahora reveladas unas ciento cincuenta fotos y quedan trece carretes por revelar». Se refiere a fotos de cadáveres sobre tapas de féretros o cajas con carteles manuscritos con la fecha de la «sustitución» de sus respectivos féretros y sus partes de defunción.

Ese mismo día, la UDEV de la brigada provincial de la policía judicial de Valladolid registró su domicilio. Los agentes encontraron en la bodega del sótano una bolsa de deporte de color azul y verde que contenía tres ficheros con 746 partes de defunción y esquelas de 2013, 2014 y 2015 y 26 libretas manuscritas ordenadas cronológicamente desde 1995 hasta 2015, además de sobres y fotos de difuntos. En esas libretas hay 5.308 anotaciones con la indicación «C.SI», que los investigadores interpretan que hace referencia a los cambios de féretros realizados.

Dentro del frigorífico, el investigado tenía una bolsa de plástico con 14 carretes que contenían 450 fotografías y, en el dormitorio, sobre un armario ropero, se localizó una cartera de piel negra y marrón que contenía tres pendrives con 207 fotos, 44 vídeos y un documento que detalla el modus operandi seguido para la sustracción y apropiación de los féretros. El escrito, de tres páginas, termina con la expresión: «Dedicado a la familia Morchón Vaquero». En un mueble bar del salón de la vivienda, Justo guardaba en su funda la cámara de fotos Olympus con la que realizó los reportajes.

Indica el auto judicial que el trabajador del crematorio de Santovenia hizo el primer asiento de un 'cambiazo' de ataúdes el 29 de octubre de 1995 y la primera fotografía en 2004. «Muy probablemente», sostiene la magistrada instructora, «para demostrar de forma más contundente los cambios y apropiaciones de féretros». Progresivamente, fue afinando más en la descripción de lo que estaba ocurriendo. «Además del cuidado por los detalles y el esmero con el que se recogen los datos en las libretas y las fotos a los difuntos antes y después del cambio de féretro, colocaba sobre el cadáver un cartel con el nombre del finado y la fecha de la incineración».

Esas fotos, subraya la magistrada «con cadáveres en féretros en desuso, en tapas de féretros, en cajas de restos», donde se aprecian las instalaciones del cementerio de Santovenia de Pisuerga sin ninguna duda «por el suelo con baldosas blancas y negras», reflejan «una gran falta del respeto debido a los difuntos, al observar la posición de los cadáveres».

El exempleado fue puesto a disposición judicial por un delito de extorsión el 4 de agosto de 2017 y fue condenado posteriormente en sentencia de conformidad. Pero, a la vista de lo que los investigadores iban estudiando la abundante documentación encontrada en su domicilio, el Grupo I UDEV comunicó al juzgado la posible existencia de un delito distinto. Acababa de empezar la Operación Ignis.

El 31 de enero de 2019 culminó la operación policial con siete registros simultáneos de las sedes de las empresas y domilicios de la familia Morchón y la detención del fundador de la saga y dos de sus hijos, que ingresaron en prisión preventiva durante un tiempo hasta que la instructora ordenó su puesta en libertad previo pago de elevadas fianzas.

En el registro del domicilio del funerario y su esposa en Valladolid se intervino la cantidad de 982.815 euros. El dinero estaba distribuido en nueve bolsas de plástico del supermercado Carrefour y en un saco de nylon «semiocultas» bajo un perchero metálico de pie, en una buhardilla de la planta superior de la vivienda. En la vivienda del hijo y actual gerente de las empresas funerarias, dentro de un dietario, los agentes encontraron un folio doblado con una captura fotográfica de una carta dirigida a la atención de Ignacio Morchón en el que los trabajadores de Funeraria Castellana le instaban a «poner al día los atrasos y subidas de sueldo que nos debes de los tres últimos años» o de lo contrario, amenazaban con «mandar una carta a todas las compañías de seguros y a la prensa contándoles todo lo que hacemos con las cajas y las flores de las incineraciones».

Los técnicos policiales también destriparon el contenido de los equipos informáticos intervenidos en las instalaciones del grupo empresarial y se estudiaron los correos electrónicos de tres cuentas. De estos correos, destaca el de Kalfrisa, la empresa instaladora de los hornos crematorios, en el que se destacan los problemas existentes en el crematorio del nuevo tanatorio El Salvador con los propietarios de la urbanización colindante «por el ruido de la chimenea y los humos procedentes de la incineración de cadáveres». Este es uno de los motivos por los que se trasladaban féretros hasta el cementerio de Santovenia.

Sostiene el auto judicial que, dado el trasiego de sustracción de féretros durante veinte años, el grupo El Salvador necesitaba justificar la adquisición de una cantidad de ataúdes que se correspondiera documentalmente, a efectos fiscales y administrativos, con las incineraciones que se estaban realizando. La investigación patrimonial de las sociedades realizada por Vigilancia Aduanera reveló que una empresa, Fabricados Senovilla, había facturado a Agencia Funeraria Castellana «una importante cantidad de dinero» por el suministro de ataúdes: más de 3,4 millones de euros desde 2001 a 2017, a pesar de no tener empleados desde 2005. Más del 65% de las compras de ataúdes que la funeraria realizaba se las hace al grupo Senovilla. Detrás de estas actividades, a pesar del cambio de titulares en el organigrama de estas empresas, está Victorio Senovilla Sánchez, que se dedica a adquirir ataúdes semielaborados que después vendía a su principal cliente, la funeraria de Morchón. Los investigadores apuntan que la adquisición de estos féretros semielaborados (a los que se aportan materiales de escaso valor para rematarlos, con una inversión por cada caja de tres euros) serviría para que Agencia Funeraria Castellana «pudiera completar el número de ataúdes necesarios para camuflar las operaciones de sustitución».

El primer informe de Vigilancia Aduanera concluye que la empresa de Morchón necesitaba que en su contabilidad cuadrara el número de ataúdes adquiridos a sus proveedores con el de las inhumaciones y cremaciones. Para ello «necesitaba la intervención de un tercero que se ofreciera a proponer facturas de ataúdes sin levantar sospechas». Ese papel lo habría realizado Fabricados Senovilla.

Los investigadores detectan numerosas irregularidades contables, desde sobrevaloración en las facturas duplicando el valor de los féretros hasta «recibís» de efectivo que «demuestran dos circuitos paralelos». Uno estaría determinado por la «circulación ficticia» de la mercancía entre Maderarte y Senovilla y de esta a la Agencia Funeraria Castellana, que paga por transferencia a la intermediaria y esta, a su vez, a la proveedora de Játiva, por el total de las facturas«. En el circuito paralelo, los ataúdes van realmente del proveedor de cajas a la empresa de Morchón. Para el pago, esta adelanta varias partidas de dinero a Senovilla y este devuelve en efectivo a la Agencia parte de las transferencias recibidas, una vez detraido el IVA, los portes y la comisión.

«Existe un acuerdo de voluntades entre ambos con el fin de tergiversar los actos mercantiles habidos con el proveedor inicial Maderarte Coffins y los destinatarios ficticio y real, Senovilla y Agencia Funeraria Castellana», concluyen, «sobrevalorando el precio de unos ataúdes semielaborados sobre los que supuestamente no se ha realizado ningún trabajo de perfeccionamiento posterior y de los que no está clara la calidad ni el destino final de los mismos, dado el precio tan bajo a los que los adquieren», 50 euros la unidad (58 con IVA).

También el informe policial del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal detecta la posible existencia de facturación falsa de féretros. Uno de los ejemplos de como funcionaban las empresas del grupo de Morchón con sus proveedores al respecto se remonta a 2003. Industrias Santamaría surte de cajas a una de las empresas asociadas a la Agencia Funeraria Castellana, la sociedad Carpintería Ebanistería Cristina Vaquero (CRISVA). A partir de ese año, cambia el sistema de pago a través de cheques al portador y las facturas dejan de ser detalladas. Se pasa de realizar los pagos contemplando la totalidad de la factura a pagar únicamente la suma del IVA del bloque de facturas que se consignan agrupadas y, en algunos casos, se abona el IVA más una cifra referida a «mercancía entregada o servida». Con este sistema, señalan los especialistas de la UDEF, «se podía justificar documentalmente la ausencia de féretros que debieron incinerarse con el difunto y permiten a CRISVA saldar las posibles pérdidas que sufriera su proveedor abonándole el IVA correspondiente a estas facturas presuntamente falsas, a través de cheques al portador». Así, existían féretros sobre el papel que no llegaron a ser adquiridos por CRISVA ni se pudieron facturar con posterioridad a Agencia Funeraria Castellana.

Sospechan también de la relación de ventas y transferencias entre dos de las empresas del grupo funerario vallisoletano, Patigrola y CRISVA (principal cliente de Agencia Funeraria Castellana en el suministro de féretros hasta 2005). Solo en 2002, CRISVA declaró ventas a Patrigrola valoradas en 43.906 euros. «No se ha determinado qué tipo de bienes o servicios podría facilitar la primera, cuya actividad principal era el acondicionamiento de féretros semielaborado, a la segunda, dedicada a la promoción y explotación de fincas rústicas y urbanas y la tenencia, disfrute, administración y enajenación de valores mobiliarios y otros activos financieros».

Para Vigilancia Aduanera, que analiza las actas de inspección de Hacienda de varios ejercicios, muchas de las operaciones de compraventa entre Agencia Funeraria Castellana y sus grandes proveedores son «totalmente simuladas». La conclusión final es que entre 2001 y 2014, el grupo funerario «no ha comprado suficientes ataúdes como para prestar los servicios que ha realizado». Teniendo en cuenta las facturas, habría comprado 1.174 féretros menos de los que hubiese necesitado en ese periodo «y ello sin tener en cuenta las irregularidades encontradas, en cuyo caso las estimaciones realizadas ascienden a 4.552 féretros menos».

Explica el auto que, en ambas instalaciones, el crematorio del cementerio de Santovenia y el del nuevo tanatorio de El Salvador en Valladolid, se llevan unos libros de registro que reflejan exactamente el número de incineraciones realizadas. El consumo del combustible necesario tiene que estar directamente relacionado con las incineraciones que figuren en estos libros. Desde la puesta en funcionamiento del nuevo tanatorio de Valladolid, en febrero de 2013, el consumo en el cementerio de Santovenia se disparó, llegando a una media por cadáver de 1.000 kilos de gas propano, aun cuando las incineraciones inscritas se redujeron de forma ostensible, un 73% durante 2013 y un 91% en 2014 «lo que evidencia que se estaban incinerando cadáveres no inscritos y, por tanto, trasladados desde el tanatorio hasta el cementerio».

Tras la jubilación de Justo Martín en febrero de 2015, el consumo se redujo, posiblemente «por la amenaza que hizo de denunciar los hechos», apunta la policía judicial. Los años siguientes el consumo volvió a crecer. En 2018, cuando se decreta el secreto de las actuaciones, la media por cadáver vuelve a reducirse, aunque el consumo sigue siendo elevado en relación a los parámetros fijados por la empresa instaladora.

Respecto del consumo del horno del nuevo tanatorio, las medias «confirman un consumo elevado que no se corresponde con los parámetros fijados y que verifican un traslado de féretros desde estas instalaciones hasta el cementerio para su incineración sin la inscripción en los libros de registro».