Las denuncias por agresiones y desobediencia a los agentes de Policía se han duplicado en un lustro en Valladolid, hasta llegar en 2021, último año en que se tienen estadísticas, a los 124 casos, frente a los 75 contabilizados en 2017 por el Ministerio del ... Interior. De toda Castilla y León es en Valladolid donde se han registrado más delitos de atentado a la autoridad, aunque el incremento se nota en todas las provincias. En el conjunto de la comunidad autónoma se contabilizan 510 expedientes , mientras que en el año 2017 fueron 378 denuncias por violencia verbal o física contra los agentes de la autoridad.
El aumento de estas denuncias por desobediencia y agresión a nivel regional coincide con la declaración de la pandemia del covid y el confinamiento. En esos tres años, de 2019 a 2021, se han disparado los casos en casi un centenar más por año. En Valladolid, sin embargo, en 2019 hubo 88 denuncias, un número que se redujo al año siguiente pues bajaron a 79, pero en 2021 se disparó hasta los 124 detenidos. Los casos solo bajan ligeramente en Ávila y Segovia respecto de 2020, con 16 y 23 detenidos.
Según fuentes policiales consultadas, esta tendencia al alza se mantiene en los dos años siguientes, aunque todavía no se dispone de un recuento oficial. Este 2023 en la capital vallisoletana, concretamente el pasado enero, se produjo una agresión muy grave a un policía en el Barrio de las Flores, que había acudido con sus compañeros a un domicilio para atender un caso de violencia de género y fue agredido por el hombre denunciado por maltrato cuando se procedía a su detención.
Ante el incremento en el número de detenidos por atentado a los agentes de la autoridad y la falta de respuesta del Gobierno, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) anuncia movilizaciones para septiembre e insta a los Ministerios de Interior y Justicia a «endurecer las penas por este delito y recuperar el principio de autoridad». Indican desde esta organización policial que esta «desmedida escalada de agresiones y desobediencia nunca antes vista» está «saliendo gratis» a los autores, ya que hasta 1995 este delito se castigaba con penas de seis años de prisión «y en la actualidad se puede cometer sin llegar a sufrir ningún tipo de consecuencia, ni la más ínfima de las medidas cautelares».
Para el SUP «es vergonzoso que el colectivo de funcionarios públicos que más expuesto se ve a este tipo de delitos sea el más desprotegido en comparación con políticos y jueces» y, «ante el 'peloteo' de los Ministerios de Justicia e Interior, que se pasan la responsabilidad», la organización policial considera que «ha llegado el momento de movilizar a todas las policías del Estado frente a esta lacra de desobediencia y agresiones que se extiende como la pólvora por todo el territorio y terminará causando alguna desgracia».
Alertan que las grabaciones de los móviles son «un caldo de cultivo para que algunos lo conviertan en su nuevo deporte de riesgo»
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