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La tragedia de Zaldibar, en el País Vasco, con dos trabajadores desaparecidos y una montaña de residuos peligrosos esperando a ser removida y enviada a un nuevo destino, ha puesto el foco sobre los vertederos de España. La provincia de Valladolid cuenta con tan solo ... dos instalaciones de estas características. Una de residuos urbanos, ubicada en Villanubla aunque dependiente del Ayuntamiento de la capital, y otra de residuos peligrosos, la única existente en la comunidad, situada en Santovenia de Pisuerga. No obstante, cabe destacar que en Medina del Campo, la empresa Metalúrgica de Medina tiene un vertedero de residuos peligrosos «homologado» y dirigido fundamentalmente a su propia actividad.
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En el de Valladolid se depositaron el año pasado 157.165 toneladas de residuos. Es decir, que cada día llegaron a este vertedero 430.000 kilogramos de desechos procedentes tanto de los pueblos como de la capital que no pudieron ser aprovechados por las cadenas de reciclaje. Las cifras aún no son alarmantes, aunque sí preocupantes. De seguir este ritmo (el vertido se ha incrementado en tan solo dos años en 14.000 toneladas, pues en 2017 esta cantidad era de 143.086), en tan solo cinco años, la provincia tendrá su único vertedero de residuos urbanos al borde del colapso. Así al menos lo asegura la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Valladolid, María Sánchez, quien confía en que se reduzca esta cadencia. «Hay que separar más en origen; el objetivo es que no llegue tanto residuo a vertedero», apunta. No obstante, si llegase esta circunstancia, la responsable de Medio Ambiente confirma que «no habría ningún problema». «Se puede extender; cuando ocurre esto, normalmente se expropian terrenos aledaños y se amplía el vertedero», apunta.
Pero, ¿puede suceder en Valladolid un desprendimiento similar al ocurrido en Zaldibar? «Es la pregunta del millón», bromea Sánchez. La respuesta es contundente: no, por varias razones «de peso y fundamentales» que, además, han llevado al Consistorio vallisoletano a no tomar ninguna medida excepcional. «El tipo de residuo es muy diferente, ya que es de origen domiciliario, y el tipo de vertedero tampoco se parece. Aquí tenemos bancales perimetrales de tierra compacta que imposibilitan su deslizamiento», argumenta.
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Al vertedero de Cetransa le queda más vida útil. Su directora, Pilar Fajardo, estima que podrán verter desechos en el actual terreno (tiene una extensión de entre cinco y siete hectáreas) hasta dentro de «diez o doce años». «Después habrá otro proyecto, no necesariamente aquí, donde está ahora, porque la forma del vertedero es la de la vaguada y es la capacidad que tiene», añade. Su actividad ha sido cuestionada desde sus inicios, en los años noventa, hasta hace apenas dos años. En 2018, el Tribunal Supremo confirmó su legalidad y dio carpetazo definitivo a uno de los procedimientos medioambientales y urbanísticos más sonados de los últimos años. De hecho, Ecologistas en Acción aún pone en cuestión el proceso y desliza que la capacidad del vertedero se amplió «sin pedir permiso». Los ecologistas, además, denuncian el hecho de «no saber nada» sobre la investigación que hace seis meses inició la Fiscalía a una empresa de Tordesillas por enterrar en Rueda residuos tóxicos y peligrosos.
Hay además vertederos inertes, también llamados escombreras, de los que Valladolid no se libra. En 2017, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la Diputación de Valladolid y el Consorcio Provincial de Medio Ambiente suscribieron un convenio de colaboración para recuperar estas zonas. Había un total de 162, si bien es cierto que en la actualidad ya están restauradas más de la mitad. Ya se han recuperado 94, mientras que antes de que termine el año se habrán sellado otras 43 y ya está planteado el proyecto para las últimas 25 de las que tienen constancia, todo ello con un presupuesto de 1,7 millones. De manera global, en Castilla y León, existe un vertedero de residuos urbanos por provincia, a excepción de Ávila, que tiene dos. Esta circunstancia responde a una cuestión meramente organizativa, para favorecer la gestión de desechos.
En lo relativo a su localización, según recoge el Plan Integral de Residuos de la comunidad, los de residuos peligrosos y no peligrosos deben mantener una distancia mínima de 1.000 metros con respecto a núcleos urbanos y los inertes, a 500 metros. También deben mantener este espacio con centros educativos, sanitarios e instalaciones de servicios sociales. La basura es una mina. A medio plazo, los principales vertederos de Valladolid estarán al borde del colapso. Solo el reciclaje salvará esta situación.
«Es absolutamente imposible que aquí suceda algo parecido a lo de Zaldibar; son vertederos completamente diferentes, los ciudadanos pueden estar tranquilos». Lo dice Pilar Fajardo, la directora de Cetransa, el único centro de tratamiento de residuos peligrosos existente en Castilla y León y situado en la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga. Tanto ella como Aitor Jáuregui, director general de Sertego, la empresa a la que pertenece Cetransa, son «conscientes» de que los desprendimientos ocurridos el pasado 6 de febrero en el citado vertedero vasco les han puesto en el punto de mira.
Comprenden que los castellanos y leoneses «se hagan preguntas», pero reiteran que pese a que el espacio gestiona residuos catalogados como peligrosos (como por ejemplo lodos de depuradora que precisan tratamientos industriales, metales pesados y tierras contaminadas, entre otros), su actividad no comporta ningún riesgo para la población. «No tenemos nada que ver con el de Zaldibar por varias razones. Primero, por la ubicación; nosotros no estamos al lado de una autopista, sino en medio de la nada. Además, el vertedero está explotado aprovechando su cuenca, por lo que los residuos están sujetos, no junto a una ladera», sostiene Fajardo.
Los elementos que llegan hasta esta planta de Santovenia, situada en el polígono industrial Los Barriales, junto a la carretera VA-30, no contienen un componente orgánico y, por tanto, «no puede dar lugar a fuegos, incendios o producción de metano». No obstante, el vertedero propiamente dicho, el terreno donde se arrojan los residuos, no está próximo ni a la carretera ni al núcleo de población, sino a unos cinco kilómetros de la planta de tratamiento. «La cercanía está muy evaluada y medida, no supone ningún riesgo», continúa.
En torno a 35.000 toneladas de residuos entraron en 2019 en Cetransa, una cifra que ha disminuido en los últimos años. «Hace años manejábamos más toneladas; se están notando mucho las políticas de minimización», señala la directora. En la actualidad, el 85% de los residuos proceden de las provincias de la región, mientras que el 15% restante proviene de comunidades próximas como Madrid, País Vasco, Cantabria o La Rioja. Asimismo, según los cálculos de los dirigentes, este vertedero aún tiene una vida útil de «diez o doce años», momento en el que prevén que alcance su capacidad máxima y deban buscar una alternativa.
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