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«La nueva ley (de memoria democrática) es clara en cuanto a la obligación de retirar la simbología franquista de nuestras calles y en ese sentido vamos a continuar pidiendo la retirada de todos aquellos símbolos que estén localizados», anticipan de entrada fuentes de ... la plataforma para la retirada de los símbolos franquistas, un grupo creado a raíz de la primigenia ley de memoria histórica (2007) e integrado, entre otros colectivos, por el PSOE o UGT. La aplicación de la anterior normativa ya eliminó los nombres de diecinueve calles y puentes de la capital en 2004 y 2017. ¿Cuántos quedan a día de hoy? Pues aún son muchos. La propia plataforma, en su último estudio (de este mismo año), elaborado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), identifica aún medio centenar de símbolos visibles diseminados por el casco urbano de Valladolid y se calcula que rondan los cuatrocientos si se contabilizan las decenas de placas del instituto de la vivienda que aún lucen decenas de edificios de la capital.
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A. Azpiroz | J. V. Muñoz-Lacuna
Su futuro, a tenor de lo recogido en el artículo 35 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que entró en vigor el viernes (21 de octubre), podría tener los días contados, al menos, sobre el papel: «Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial». Y a continuación recoge: «Asimismo, serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial».
Los responsables de la retirada de dichos símbolos, tal y como advierte la nueva ley, son «las administraciones públicas». Estas, «en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos».
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Y tarea queda por delante. Solo en Valladolid se conservan a la vista cuatro escudos franquistas en otros tantos edificios, incluido uno del '18 de julio' en la sede del sindicato UGT (sede de la obra social del 18 de julio hasta 1971) de la calle Gamazo. El colegio El Pilar, situado en la Cañada Real, luce dos escudos de piedra con el 'águila' en su fachada; otro de mayores dimensiones se conserva en el frontal del antiguo cuartel General Monasterio, en Arco de Ladrillo (cerrado en el año 2000), y uno más, en este caso menos conocido, muestra en la fachada del instituto Juan de Herrera, en la avenida de Segovia, el símbolo de la delegación nacional de sindicatos. A ellos habría que sumar un quinto escudo franquista (del 'águila') que corona la parte superior del retablo del altar mayor del Santuario.
El pleno municipal aprobó por unanimidad el 4 de octubre de 2017 su rechazo formal al decreto del 18 de julio de 1939, rubricado por Francisco Franco, que concedía a Valladolid la laureada de San Francisco en reconocimiento a su aportación a la sublevación militar que aún luce la ciudad en su escudo. El propio alcalde, Óscar Puente, apostó por mantener dicho símbolo. Solo los concejales de Valladolid Toma la Palabra y Sí se puede y la socialista Rafaela Romero votaron después a favor de la retirada de la laureada. La plataforma por la retirada de los símbolos franquistas mantiene hoy su petición de retirar dicho símbolo, que esta temporada sí se ha suprimido del escudo del Real Valladolid.
Otro edificio, en este caso perteneciente a la Diputación, que conserva una singular reminiscencia franquista se encuentra en la rehabilitada granja escuela José Antonio, en Villa de Prado, cuya torre está coronada por una veleta que muestra el símbolo del instituto nacional de colonización.
Un segundo sindicato, Comisiones Obreras, convive con símbolos franquistas, y por duplicado, en la sede que comparte con la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) al borde de la plaza de Madrid. El inmueble luce aún una vieja chapa oxidada de pequeñas dimensiones con el escudo franquista y en su interior, de mayor tamaño, una alegoría en piedra con el símbolo de la delegación nacional de sindicatos.
Monumentos como tal ya no quedan en la ciudad desde finales del mes de marzo, cuando las obras de urbanización de la plazoleta de la calle Falla, en el Cuatro de Marzo (otra denominación con reminiscencias franquistas), se llevaron por delante el monolito de piedra dedicado a Jesús Aramburu (gobernador civil de Valladolid entre 1954 y 1957). La asociación de vecinos del barrio ha solicitado recientemente de manera formal al Ayuntamiento que su lugar sea ocupado por un monumento dedicado a las víctimas del terrorismo y, en particular, al coronel Manuel López Muñoz, un vecino del barrio que fue asesinado en la calle Turina por los Grapo en 1990. Esa, por ahora, es solo una propuesta.
Y en un paraje más alejado del centro, como es el de la fuente El Sol, la fuente que da nombre al área recreativa luce aún una placa de su inauguración por el alcalde Luis Funoll (1937-1943) en '1938, II año triunfal'.
Pero la parte más polémica de la aplicación de la ley de la memoria democrática se encuentra, sin duda, en el callejero de la capital, donde dos barrios lucen las denominaciones de otros tantos personajes de la época con los que fueron bautizados durante la dictadura (Arturo Eyries y Girón) o en conmemoración de una efeméride (Cuatro de Marzo). El Ayuntamiento, en este sentido, apuntó hace apenas un año la posibilidad de cambiar dichas denominaciones. Solo fue, eso sí, una mera declaración de intenciones.
Más próximo se encuentra el cambio de nombre de una calle, como es la avenida de Sánchez Arjona (un ministro franquista de los años sesenta). El propio Ayuntamiento anunció que así lo hará el pasado 4 de octubre en respuesta a una propuesta de Ciudadanos, que sugirió que la vía pase a denominarse de María Rodrigo (una compositora española). El alcalde, Óscar Puente, anunció que estudiaría la propuesta y confirmó que el nombre del exministro se eliminará, en cualquier caso, del callejero.
La plataforma para la retirada de símbolos franquistas añade los nombres de otra decena de calles de la capital dedicadas a distintos personajes relevantes durante la dictadura a la lista de candidatos a posibles cambios de denominaciones: Conde de Arteche, Doctor Mergelina, Francisco Scrimieri, Joaquín Velasco Martín, Arzobispo García Goldaraz y Calixto Valverde y los exalcaldes Fernando Ferreiro, Gutiérrez Semprum, Santiago López y Martín Santos Romero. Eso además de recordar que numerosos grupos de viviendas (29 de Octubre, Leones de Castilla, Aramburu, 18 de julio...) e, incluso, calles mantienen denominaciones franquistas o lucen directamente la antigua cartelería con sus nombres con el yugo de la falange (así ocurre en la mayoría de vía del barrio del Hospital).
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Andrea garcía rodríguez
Cabe recordar que durante la primera tanda de nombres de calles y puentes sustituidos en 2014 se cayeron del callejero, entre otros, el exalcalde José González Regueral, que dio nombre hasta entonces al hoy puente de Poniente, o el aviador García Morato, cuya calle pasó a denominarse paseo del Hospital Militar y cuyo puente se dedicó a Adolfo Suárez. En la última oleada de cambios del callejero, en 2017, nacieron calles como Rigoberta Menchú (antigua Fernández Ladreda), Celtas Cortos (Mariano Miguel López) o Víctimas del terrorismo (Rector José Ramón del Sol).
La entrada en vigor de la nueva ley de memoria democrática vuelve a abrir ahora la discusión política y social sobre el futuro de estos y otros nombres con reminiscencias de la dictadura diseminados por el callejero de Valladolid.
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