Valladolid «cumple» con lo que exige la sentencia que anula la zona de bajas emisiones de Gijón

Los jueces de aquella comunidad también censuran que en el texto «no se aportan datos específicos sobre el estado actual del aire, y perspectivas de futuro, criterios de comparación, influencias económicas concretas y su traducción en orden al equilibrio de ingresos y gastos, informes técnicos...», según recoge Europa Press. En el caso de Valladolid, según subraya Sánchez, se establece el control y seguimiento de todos los indicadores de calidad del aire y se aportan análisis de impacto económico y social de esta área vedada para los coches sin etiqueta ambiental, que entrará en vigor en el último trimestre de este año, aunque no se comenzará a multar hasta el 1 de enero de 2024.

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El Alto Tribunal de Asturias recalca que estas medidas pueden «determinar necesariamente la renovación del vehículo para seguir desempeñando la actividad, lo cual, lógicamente, supone un gasto empresarial que puede afectar al precio del servicio y, por ende, en la competitividad». Y añade que la renovación del vehículo «puede incidir sobre precios ya concertados, en ocasiones en concesiones o contratos de servicio de duración prolongada, como es habitual en el transporte, sobre los que incide la restricción de la ordenanza cuando se utilizan vehículos que reúnen las características técnicas de la contratación, pero que carecen de distintivo ambiental».

Sánchez recuerda que aquí se ha acordado la exención para las personas de bajos recursos. La ordenanza de Valladolid fija esos ingresos en 10.920 euros al año en el caso de que se trate de una persona y en 17.640 euros si es una familia. Los que declaren esa cantidad o menos podrán seguir circulando con sus vehículos aunque sean diésel anteriores a 2006 o de gasolina fabricados antes del 2000, los que no cuentan con distintivo de la DGT.

De hecho, recuerda la concejala, esta medida se adoptó a raíz de la resolución judicial que anuló la ordenanza de Barcelona. Allí los tribunales determinaron que se debían tener en cuenta los ingresos de los titulares de los vehículos, ya que para muchas familias resulta costoso cambiar de vehículo. Ese aspecto ya se ha introducido en la ordenanza de Valladolid. En el caso de las empresas, Sánchez puntualiza «que para las compañías que trabajan o trabajen en la zona la medidas no entran en vigor hasta 2030, el máximo que permite la ley, para que no tengan ese problema».

La norma municipal está ahora en exposición pública y amparada tanto por la Ley del Cambio Climático como por el Real Decreto que regula estas áreas y que fue aprobado el pasado 27 de diciembre. «Estudiaremos la sentencia, como hacemos con todas, pero parece que lo que dice el TSJ de Asturias, a priori, no nos afecta», concluye la responsable del área de Medio Ambiente.

En el pasado pleno municipal, el concejal de Vox, Javier García Bartolomé, hizo referencia a esta sentencia del TSJ asturiano y lanzó una advertencia al equipo de gobierno: «cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar», señaló. Por su parte, el candidato del PP a la Alcaldía de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ya ha avanzado que si accede al cargo reducirá la zona de bajas emisiones «a la mínima expresión». Sánchez recuerda que estas áreas restringidas para los coches contaminantes están avaladas por una ley nacional y por la Unión Europea.