Aquel adelanto del dinero por parte del Gobierno central, a través de Renfe y Adif, no era gratis. La Sociedad Valladolid Alta Velocidad debe ya 34,5 millones de euros en concepto de intereses por la cancelación de la deuda con los bancos que aportaron ... la financiación para acometer las obras que acompañaban al proyecto del soterramiento. De ellos, 17,2 los tienen que asumir a partes iguales el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, con una participación, cada una de estas administraciones, del 25% en la mercantil que gestiona ahora la integración ferroviaria.
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El acuerdo por el que el Ministerio de Fomento –ahora de Transportes– se hizo cargo de ese pago, para evitar así la quiebra de la entidad, conllevó la firma de una cláusula que devenga cada año 8,6 millones de euros. Ese pacto financiero no figura en el convenio. Se estableció en un consejo de administración con reticencias del Consistorio, que finalmente tuvo que plegarse a las condiciones impuestas por el equipo del entonces ministro del PP Íñigo de la Serna para evitar que los bancos, que ya amenazaban por la vía judicial a los socios, entrasen a saco en las arcas públicas de las administraciones ante el impago de préstamo.
Las condiciones acordadas establecen un interés del 2,5% sobre el montante principal de la deuda: 345 millones de euros. No habrá que pagarlos en dinero contante y sonante, sino en aprovechamientos urbanísticos. Es decir, cuando arranque la venta de suelo para la construcción de las cerca de 6.000 viviendas previstas en las tres piezas de suelo ferroviario –antiguos Talleres de Farnesio, Ariza y Argales– se le irá devolviendo el dinero al Ejecutivo central hasta completar el principal de esa deuda y se le añadirán los intereses devengados hasta entonces.
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Parece lógico que Adif y Renfe no se pagarán a sí mismos, pero Junta y Ayuntamiento deberán restar de los ingresos extra que se pudieran obtener con la enajenación de las parcelas la cantidad que se sume en su momento. Si se registraran excedentes, ambas administraciones podrían recuperar parte de lo que están invirtiendo en el nuevo plan de pasos y pasarelas para salvar el lecho ferroviario. De lo contrario, esos beneficios se los comerán las obligaciones financieras adquiridas con el Ejecutivo central.
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Echemos una cuenta. La última tasación de suelo realizada en 2019 –Alta Velocidad ya tiene otra nueva que no diferiría en exceso de esta– situaba el valor del suelo en los 401 millones de euros –646 si se vendieran de una vez, algo imposible–. De esa recaudación, habría que saldar los 345 y sumar ya los 34,5 millones de intereses acumulados hasta ahora, lo que arroja un resultado de 379 millones de euros. Los ingresos previstos pues van menguando. Así las cosas, y según las previsiones de la Concejalía de Planeamiento Urbanístico, no será, al menos, hasta 2023 cuando comience el movimiento en la primera pieza de suelo: la de los viejos talleres de Renfe, en el Paseo de Farnesio. El edil responsable del área, Manuel Saravia, prevé que en el primer semestre de 2022 esté concluido el proyecto de actuación, es decir la organización definitiva de terrenos y calles en los tres ámbitos de suelo ferroviario.
J. A.
Valladolid. Las dos nuevas infraestructuras para pasajeros –una de trenes y la de autobuses– que contempla el plan de integración solo podrán avanzar cuando se afronte la demolición de las naves de los antiguos talleres de Renfe y el terreno quede despejado. En el caso de la terminal ferroviaria, incluye la construcción de un edificio pasante sobre las vías y junto a él una pasarela peatonal que conectará la calle Recondo con Farnesio. a la altura de la futura estación de autobuses. De la primera estación se encarga Adif, mientras que la de vehículos es competencia de la Junta de Castilla y León.
Fuentes de la Consejería de Fomento explican que la parcela debe tener buenas conexiones para dar cabida a las 4.000 expediciones de autobús que soporta la actual estación de Puente Colgante. «Sería necesario resolver las entradas y salidas de vehículos por el actual paso elevado del Arco de Ladrillo con la solución planteada en el PGOU –haciéndolo subterráneo– o con otra opción que se habilite», aclaran. Matizan, además, que antes es necesario que la parcela que se elija reúna la condición de solar urbanizado, con acceso peatonal y rodado, acometida de agua y saneamiento, así como suministro de energía eléctrica. Habrá que tener en cuenta el acceso a la estación de turismos públicos y privados y de viajeros. En las previsiones municipales, está contemplado realizar una calle peatonal elevada para unir la zona de la actual plaza de Colón con la nueva zona a urbanizar donde se situaría la terminal. «Sin esta conexión el acceso peatonal desde la zona norte de la ciudad a la nueva estación se dificultaría sobremanera», matizan. La futura terminal necesitaría una superficie cercana a 15.000 metros cuadrados y espacio para entre 25 y 30 dársenas de aparcamiento, además del edificio de viajeros y los servicios complementarios para las empresas y usuarios de la misma.
A lo largo del próximo ejercicio se quiere ultimar también el plan de urbanización del espacio más atractivo de la operación para poner a la venta las primeras parcelas para 1.070 viviendas en el actual suelo de las viejas naves de Renfe, en la confluencia de avenida de Segovia con el Paseo de Farnesio. Antes, Renfe y Adif deben transferir los suelos a Alta Velocidad y habrá que afrontar la demolición de las naves fabriles y descontaminar la zona. El presupuesto conjunto para derribar estas instalaciones y urbanizar Talleres, Ariza y Argales asciende a 90 millones de euros.
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De esta manera, podrían sumarse otros 17,2 millones de intereses en los próximos dos años si antes no se llega a un acuerdo para refinanciar ese préstamo que asumió el Gobierno por cancelar la deuda. Saravia se muestra partidario de abordar con el prestamista una revisión de esos intereses. «Los acuerdos están para cumplirse, pero este es un tema relevante, igual que los socios acordaron no realizar las aportaciones al plan de integración en dos años como consecuencia de las necesidades que había generado la pandemia en los presupuestos de las administraciones, también se puede analizar este asunto», propone el edil. Ese 2,5% anual de intereses se consideró «razonable» en su momento, pero ahora el precio del dinero es más bajo, según recuerda el concejal. Cuando eran los bancos quienes prestaban, los intereses alcanzaban el 6% anual de media, lo que generó unos costes financieros de 114 millones de euros en cinco años.
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