Unidad política y judicial para reclamar al Ministerio la Ciudad de la Justicia

«Valladolid y sus ciudadanos merecen la construcción de un Campus que ponga fin a la dispersión de las sedes judiciales que impide una adecuada y digna prestación de un servicio público de la Justicia y que provoca mayores costes de gestión, seguridad y mantenimiento y obliga a un peregrinaje entre todas las sedes», ha señalado el presidente de la Audiencia Provincial, Javier Carranza, quien ha sido el encargado de leer un manifiesto ante un centenar de profesionales jurídicos y representantes políticos.

Un mensaje de unidad entre las instituciones vallisoletanas que mantenía la concordancia también en el destinatario de esta reivindicación histórica en Valladolid, el Ministerio de Justicia.

Esa aspiración, la de pedir un compromiso firme por parte del Gobierno central, es en lo que han centrado sus discursos la mayoría de las autoridades que han atendido a los medios. «El Ministerio de Justicia no puede hacer lo que ha venido haciendo durante este tiempo, que es ponerse de perfil. Hacen falta compromisos claros, concretos y por escrito», ha señalado Puente en su discurso.

El regidor no ha querido entrar en más detalles tras afirmar que «hay avances y esperamos que pronto se materialicen. Hay que intentar sacar adelante el compromiso y se va a producir no tardando», ha finalizado.

Poco antes de la lectura del manifiesto, en un acto que ha congregado a un centenar de asistentes, el decano del colegio de abogados, Javier Martín García, ha comenzado reconociendo «el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento y la ciudadanía de Valladolid al comprar un edificio como es el del colegio El Salvador, lo ha puesto a disposición del Ministerio que es al que le toca mover ficha», ha explicado.

«La dotación presupuestaria de 200.000 euros no da ni para licitar el proyecto de obra para el edificio, ya está bien cuando hay mil ciudades de la Justicia y aquí seguimos desde hace más de 20 años estancados con una dispersión judicial que cada vez es peor», ha puntualizado el decano.

No solo coincide política y justicia vallisoletana en la necesidad de unificar los órganos en una sola sede, todos califican de «irrisorios y totalmente insuficientes» la partida de los PGE de esos 200.000 euros para el proyecto. Este viernes, todas las reclamaciones iban dirigidas a Pilar Llop para que se comprometa de forma pública y firme por escrito su compromiso de acometer este Campus de la Justicia.

La presidenta del PP en el Ayuntamiento, Pilar del Olmo, ha repartido responsabilidades del estado de este proyecto entre el Ministerio de Justicia y el Ayuntamiento. «El Ministerio no ha hecho caso en siete años y es demasiado tiempo. Vamos a ver si hacemos presión para que de una vez hagan algo importantísimo para todos los ciudadanos de Valladolid, que se ponga las pilas y acepte de una vez la cesión del Ayuntamiento y firme el convenio que hemos pedido para que se haga la Ciudad de la Justicia con plazo y con dinero», ha expuesto del Olmo.

Ha coincidido el teniente alcalde, Manuel Saravia, con Pilar del Olmo al decir que «esta es una actuación que desde hace mucho tiempo podía haber hecho el Ministerio», reconociendo el retraso del proyecto y terminó al igual que ha hecho minutos antes Puente subrayando que «se va a llegar a un acuerdo pronto con la firma de un protocolo y con la obligación de unas aportaciones económicas en fechas determinadas».

Más incisivo se ha mostrado el presidente del PP y de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, al decir que «a día de hoy el Ayuntamiento de Valladolid se ha gastado ocho millones de euros [en referencia a la adquisición en junio de 2021 del Colegio El Salcvador] y a día de hoy no hay nada. La ciudad no puede esperar más, ya estamos cansados de ese olvido que se ha visto reflejado en los presupuestos generales a una tierra como es Valladolid».

El acto ha durado apenas unos quince minutos, pero han sido más que suficientes para dar muestra de la necesidad de este importante proyecto en Valladolid, que ha unido en esta concentración a jueces, fiscales, letrados, forenses, funcionarios, abogados, procuradores, senadores, diputados, congresistas y concejales de todos los colores políticos. Una larga lista de cargos que han salido a la calle para reclamar el Campus de la Justicia para su ciudad.