Puente califica de «tomadura de pelo» la partida para la Ciudad de la Justicia y suspende su tramitación

El primer edil destacó que su equipo pone «pie en pared» y suspende «todo lo relacionado» con el campus. «Cuando el ministerio tenga interés, si algún día lo tiene y lo demuestra, ahí estará el Ayuntamiento para cooperar en resolver un problema que, recuerdo, no es ni del Ayuntamiento ni de la ciudad; que el ministerio preste un servicio deficiente a los justiciables y, en especial, a los profesionales de la Justicia es un problema del ministerio», insistió.

Puente subrayó que el Consistorio ha hecho todo lo posible para poner a disposición del Gobierno una parcela que es la «joya de la corona» en la plaza de San Pablo, donde se agrupa el grueso de los servicios judiciales. «¿Cuál es su respuesta? Esta tomadura de pelo; pues no, ya se acabó, hasta aquí hemos llegado», recalcó, al tiempo que instó al ministerio a que «dé la cara y explicaciones». «Ya está bien. A partir de ahora las preguntas sobre este asunto a la ministra, a la señora Pilar Llop», propuso.

El alcalde anunció que se reunirá con los profesionales de la Justicia para pedirles «disculpas» por una postura que ha calificado de «intolerable». Puente matizó que la parcela queda en reserva y si el Gobierno aplaza 'sine die' el proyecto se le buscarían otros usos. El Ayuntamiento adquirió el antiguo centro educativo al Sareb por 6,8 millones de euros, una compra muy criticada por el PP. En el último pleno, los populares solicitaron que se le pidiera una compensación al Ejecutivo de Pedro Sánchez, bien económica o bien en especie con alguna parcela o edificio estatal, por este desembolso, una moción que decayó con los votos del PSOE y VTLP.

Los Presupuestos Generales del Estado consignaron en 2022 un total de 100.000 euros para esta dotación. Para 2023 figuran en el borrador de las cuentas estatales 200.000 euros más. Y en 2024, en lugar del grueso que se apuntaba hace doce meses, se consignan 300.000 euros. Ya en 2025 se reservan 880.000 euros, y en 2026 se cifra la inversión en 5,3 millones de euros.

La airada reacción de Puente recibió la contestación de la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, a la que le tocó el papel de apagafuegos. Barcones reafirmó el compromiso «firme, rotundo y absoluto» del Ejecutivo con la Ciudad de la Justicia de Valladolid, pero al mismo tiempo aseguró que «entiende» al alcalde por la «espera larga», informa Europa Press. La representante del equipo de Pedro Sánchez en Castilla y León matizó que hay «una pequeña traba administrativa» que hay que solventar para tener la plena disponibilidad de los terrenos y para poder realizar la cesión al Ministerio de Justicia y consideró una «muestra de compromiso» los 200.000 euros que figuran en el proyecto de Presupuestos.

Barcones acotó que además de las partidas territorializadas, hay otras que no lo están y espera que en el momento en el que se produzca la puesta a disposición de los terrenos el ministerio habilite presupuestariamente la cantidad necesaria para iniciar la redacción del proyecto el próximo año a través de una modificación de las cuentas. Además, recalcó que el Gobierno de España «agradece enormemente» el «esfuerzo» que ha hecho el Ayuntamiento de Valladolid y su alcalde por que la ciudad tenga unas instalaciones de Justicia accesibles en el centro de la ciudad.