La justicia avala a la Junta ante el «descontrol» de los casos de covid-19 en Valladolid

«En realidad, la principal razón de la medida que se solicita descansa en los daños que se causan por la imposibilidad de llevar a cabo la programación prevista para la tradicional semana de fiestas patronales de la ciudad», explican los magistrados en su resolución. Unos daños que, a pesar de ser cuantificados por el letrado del Ayuntamiento, Rafael Guerra, en 450.000 euros -el coste del programa 'A cielo abierto'- no parecen ser irreparables, según el texto.

«No nos parece que haya quedado acreditado mínimamente la irreparabilidad de los daños y perjuicios en términos tales que la denegación de la medida haga perder al recurso su finalidad legítima», señalan los magistrados María Antonia de Lallana, Francisco Javier Zaratain y Luis Miguel Blanco. Incluso añaden, en ese punto, una pequeña reconvención al Ayuntamiento vallisoletano. «Todas esas actividades se han organizado conociendo la situación de pandemia y, por lo tanto, se conocía la intrínseca precariedad de esa organización». Y en ese punto hace suyo el argumento del letrado de la Junta, Daniel Fernández. «Si bien se ha dejado constancia del importe económico de esas actividades, desconocemos en qué términos se han hecho las contrataciones y, como apuntó el señor letrado de la Administración de la Comunidad Autónoma, cabe pensar que se han suscrito seguros u otras cláusulas que limiten o excluyan posibles responsabilidades municipales y, en todo caso, el daño que cabe apreciar es patrimonial y, por ello, reparable».

Tal es de reparable que el letrado del Gobierno autonómico lo dejó claro durante su alocución. «En el caso de existir perjuicios patrimoniales, son resarcibles, y más teniendo en cuenta la solvencia económica de la Administración», indicó.

Exiliado de la sala de vistas el ruido político, que siguió presente en las redes sociales durante toda la jornada, quedaron los datos. Y uno de ellos llevó a uno de los magistrados a preguntar al letrado de la Junta para corroborarlo. El 87,98% de los casos detectados en Valladolid en los últimos catorce días no se corresponden a ningún brote. Lo extrajo Daniel Fernández de los últimos informes de la Dirección General de Salud Pública. «Hay trece brotes activos [en Valladolid] que suponen 122 positivos. Con carácter general, el más frecuente es el familiar, luego mixto y sociosanitario. Pero lo trascendente es que tomando como referencia los 1.015 casos de las últimas dos semanas, solo 122 se corresponden con un brote activo, del que se conoce el origen. En los otros 893 no hay vinculación con un brote epidémico. Esa situación actual lleva a afirmar que existe transmisión comunitaria», señaló el letrado. Y enfatizó: «Hay descontrol del origen de los casos».

Eso le llevó a advertir que las medidas adoptadas son «proporcionadas atendiendo al alto riesgo de contagio en la ciudad de Valladolid e idóneas para contener el virus» y que son, si no se mejoran los datos epidemiológicos, una etapa intermedia «antes de adoptar medidas más drásticas, como un confinamiento».

Lo que se dirimía en la sala era la idoneidad o no de la suspensión cautelar de esas restricciones. El letrado del Consistorio hizo referencia a la falta de proporción en el acotamiento de los aforos. «No es la primera orden que dicta la Junta. El acuerdo de medidas de prevención del virus entró en vigor diez días antes de dictar esta ley y sigue en vigor para todos los municipios menos para Valladolid y Salamanca. En esos acuerdos había una diferencia radical. Permitía en julio un 75% del aforo para cada una de las salas, luego quedó restringido al 50%. Ahora nos encontramos con la orden que dice que deben limitarse a 25 personas en lugares de culto, espectáculos culturales, etc. ¿Qué criterio avala desprendernos de las magnitudes físicas del lugar en el que se van a celebrar?», insistió. La respuesta de la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo a esta alegación es: «Ya hemos dicho que este planteamiento es incorrecto, desde el punto de vista de las medidas cautelares».

«Además, hay que añadir que, según resultan de los informes citados, existe una transmisión comunitaria muy elevada y por ello se pretende evitar el contacto y el número de personas que se reúnen y de ahí que la limitación del aforo se haga, sin atender al lugar donde se proyecte la reunión», añade el texto de los magistrados. Un argumento que coincide casi línea por línea con lo que expresó el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, un día antes. «No queremos que haya contacto social. Queremos que se restrinja al máximo. Y ese es el porqué de las medidas. Y queríamos que se entendiera con facilidad, de una manera simple, igualitaria, que el mensaje fuera sencillo y entendible».

Alegación similar sobre el desproporcionado recorte de aforos presentó Abogados Cristianos, que también vio denegada su petición de suspensión cautelar, respecto a los lugares de culto. En este caso los magistrados lo argumentaron de un modo similar al del Ayuntamiento: «Ni se alegan, ni se acreditan aunque fuese indiciariamente perjuicios de difícil o imposible reparación, máxime teniendo en cuenta que no se impide el culto, sino que se limita el aforo y por un periodo concreto de tiempo».

Óscar Puente, antes de emitir un comunicado previsto por el Ayuntamiento, dejó su opinión en Twitter. «La justicia no ha admitido las medidas cautelarisimas así que el programa de actividades culturales, con pequeñas excepciones que se ajustan a la norma vigente, queda suspendido. También la Feria de Muestras que iba a iniciarse el día 9 de este mes. Sentimos las molestias», escribió. Francisco Igea, mientras tanto, le daba las gracias al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por su apoyo. «Ha sido y es el trabajo de todos. El trabajo de un Gobierno unido con un presidente que ha conseguido cohesionar un gran equipo. Es un honor trabajar con quienes han hecho del esfuerzo, la entrega y la amistad su seña de identidad. Gracias, presidente», publicó. Y también dejó una respuesta, recado incluido, al tuit del TSJCyL en el que se informaba de la resolución: «Hoy los ciudadanos de Valladolid pueden sentirse tranquilos. Ahora es función de todas las administraciones cumplir y hacer cumplir las leyes. Proteger y servir a los ciudadanos de nuestra ciudad. Una sentencia que merece una lectura pausada».