El TSJ anula la ordenanza que suprimió varios carriles bus y bici en la ciudad

El Alto Tribunal de la Comunidad da la razón a Ecologistas en Acción, la entidad que recurrió la ordenanza, y considera que esa norma infringe la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial «al limitarse en la forma que se hace la posibilidad de los interesados en la utilización de las vías públicas, sin indicarse a quiénes afecta la restricción y cómo va a hacerse, dejando en manos de otras actuaciones, con el fin de huir de la rigidez que impone la regulación por medio de una ordenanza municipal, el establecer para quién se restringe el paso y según qué circunstancias. Se contradice, según consideraban los demandantes, el vigente ordenamiento aplicable, al no determinar directamente el destino de los carriles restringidos que regula, con lo que tiene que ser otra normativa posterior la que ordene y concrete esa materia.

Para los magistrados, «cuando el legislador se remite a un tipo concreto de norma para diciplinar una materia, esa norma debe regular los elementos esenciales que la afecten, pues, en otro caso, la remisión normativa carecería de efecto y dejaría, de hecho, sin sentido, la norma de remisión». Así, apunta que la Ordenanza cuestionada «no regula sino, en puridad, qué vías públicas van a ser o no afectadas por las restricciones, sin ningún añadido más, con lo que no cabe entender cumplida la exigencia que la norma estatal hace a la norma municipal en el presente caso». «La exigüidad de la disposición la hace inviable jurídicamente hablando, en cuanto se convierte, en realidad, en una norma de reenvío y no cumple las finalidades para las que está prevista», según sostiene la sentencia.

Ecologistas destaca que la resolución del TSJ no entra en los motivos de fondo por los que la Ordenanza «sería también ilegal, como la vulneración de las directrices para favorecer la movilidad sostenible de la Ley de Suelo, la Ley de Urbanismo de Castilla y León y la Ley de Cambio Climático, y diversas disposiciones del Plan General de Ordenación Urbana, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el Plan de Mejora de la Calidad del Aire y la Ordenanza del Transporte Colectivo Urbano de Valladolid».

La sentencia, que condena en costas al Ayuntamiento y que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, ha llevado a la organización verde a solicitar la paralización inmediata del desmantelamiento en curso del carril bici del Paseo de Isabel la Católica y su restitución para posibilitar la movilidad ciclista en ese eje principal de la ciudad. Sin perjuicio, añaden, de la recuperación del carril bici de la avenida de Gijón y de los carriles bus suprimidos por el equipo de gobierno de coalición.

En opinión de Ecologistas en Acción, la ciudad no necesita suprimir carriles bus y bici, sino todo lo contrario: aumentar sustancialmente los espacios reservados a la circulación de peatones, ciclistas, patinetes y transporte público. «Los derechos a la salud y a un medio ambiente adecuado son esenciales para la vida, y así aparecen recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución Española, prevaleciendo sobre cualquier ilusorio e inexistente derecho a circular por la ciudad en vehículos con motor de explosión», acotan.

La reacción de los dos partidos de la oposición no se ha hecho esperar. El PSOE se ha felicitado por este «varapalo judicial para el equipo de gobierno». «La única actuación llevada a cabo por Carnero desde que es alcalde es ilegal, la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza es una noticia muy negativa para su equipo de gobierno, pero es una buena noticia para todos los ciudadanos. En consecuencia, pedimos a PP y Vox que esta vez actúe con sensatez; que no haga perder más el tiempo a la ciudad recurriendo al Tribunal Supremo, y restituya los carriles habilitados para el transporte público, que es algo muy factible», subrayaba Pedro Herrero en una comparecencia urgente junto al Puente de Poniente.

El portavoz de los socialistas ha reclamado al alcalde «sensatez y cordura» y se preguntado «¿dónde está el alcalde?» para dar explicaciones sobre esta ilegalidad. También Luis Vélez ha recordado que la Ordenanza se aprobó «sin ningún informe de Auvasa, en contra de criterios técnicos y en contra de las directrices de la Unión Europea». «Además, la receptividad del equipo de gobierno PP-Vox fue nula, ya que no se consideraron las más de 1.664 sugerencias presentadas por diferentes colectivos y ciudadanos a título particular», recalcan.

Desde Valladolid Toma la Palabra han solicitado la «paralización inmediata de las obras vinculadas a esta normativa y la reversión de todas las medidas implementadas desde su aprobación». Jonathan Racionero, edil de la formación, ha señalado que esta sentencia evidencia «las graves irregularidades en la gestión municipal». «El Ayuntamiento ha impulsado políticas contrarias al desarrollo sostenible sin base legal. Es hora de revertir todas estas medidas de forma urgente y garantizar que nuestra ciudad avanza hacia un modelo más justo y sostenible», ha enfatizado

El concejal de Valladolid Toma la Palabra ha criticado la «prisa y falta de planificación» con las que el equipo de gobierno implementó esta ordenanza. «Llevamos desde el principio denunciando las lagunas y defectos de estas decisiones apresuradas, y ahora vemos las consecuencias legales y económicas», ha afirmado Racionaro, quien ha exigido «la paralización inmediata de las obras del carril bici en Isabel la Católica y la reversión de todas las políticas derivadas de esta

«Reiteramos nuestra apuesta por una movilidad sostenible que priorice el transporte público, el respeto al medio ambiente y la calidad de vida de la ciudadanía e instamos al gobierno municipal a rectificar y escuchar a los colectivos sociales y técnicos que han advertido de los errores de esta política desde su inicio», concluyen