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Lejos de la debacle que pronosticaba el principal partido de la oposición, el camino emprendido en 2015 por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ... para recuperar la gestión directa de tres servicios de peso en la ciudad se ha saldado, por el momento, con beneficios y con el respaldo de los tribunales. La última sentencia que avala la remunicipalización del aparcamiento de la Plaza Mayor, conocida este jueves, se suma a las diez resoluciones judiciales que fueron tumbando los recursos que en su momento se presentaron a la decisión de la creación del ente público del agua Aquavall tras veinte años en manos privadas. Los datos del último ejercicio confirman que el cambio de manos no ha restado rentabilidad al menos a dos de las tres prestaciones, ya que el parking pasó a manos de Auvasa el pasado mes de enero.
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En el caso de Aquavall, con cinco años de funcionamiento, cerró 2021 con una cifra de negocio de 27.506.689 euros y un beneficio de 9,8 millones frente a los cinco de canon que ingresaba el municipio cuando lo gestionaba Agualid. «Son siete sentencias y tres autos favorables, dos rechazando medidas cautelares y una por falta de jurisdicción, lo que demuestra que este proceso fue un trabajo ejemplar por parte de los técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente y los servicios jurídicos y de Intervención del Ayuntamiento», subraya María Sánchez, concejala del área. Añade la edil otros argumentos. «Ese canon no se reinvertía y por ello nos encontramos con un déficit de 96 millones de euros, que ahora se está corrigiendo; solo el año pasado destinamos 10,3 millones a la mejora de la red», explica. «Las tarifas se mantendrán también congeladas en 2023, a pesar de los malos presagios de la oposición», acota.
El caso de Nevasa, la funeraria municipal, fue diferente. El Ayuntamiento adquirió en 2021 las acciones de Ferrovial para convertir esta compañía en una firma 100% pública. Pagó por los títulos 4,66 millones de euros, una inversión con un plazo de amortización máximo de siete años. Aunque la mayor parte del ejercicio 2021 funcionó como empresa mixta –la compra del 49% de las acciones se formalizó en septiembre de aquel año– el negocio funerario ha cerrado sus cuentas con un beneficio de 1.428.157 euros y con la previsión de invertir tres millones el año que viene para la mejora de las instalaciones. Pese a que la adquisición de Nevasa también levantó las críticas del PP, esta operación no ha registrado ningún litigio en los tribunales.
Sí han tenido que ser los jueces, sin embargo, los que han dirimido si la recuperación de la gestión pública del estacionamiento de la Plaza Mayor se ajustaba a derecho. Y se ajusta. Este jueves, el Ayuntamiento daba a conocer la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, que avala el proceso de remunicipalización y desestima la indemnización que solicitaba la exadjudicataria: Aparcamientos Españoles S. A. Desde el pasado 4 de enero es Auvasa la que gestiona el subterráneo y, según las estimaciones del concejal de Movilidad, Luis Vélez, este año se cerrará con un beneficio que podría superar los 700.000 euros (693.590,73 euros declaró la empresa en 2020), nada que ver con los 6.489 euros anuales que el Ayuntamiento recibía de canon por la concesión.
El alcalde aprovechó la sentencia para criticar las «resistencias de los de siempre», en referencia a los dirigentes del Partido Popular, por oponerse a la gestión pública de la instalaciones, al igual que ya sucedió con la creación de la entidad pública del agua. Puente señaló que hace siete años la valoración patrimonial del Consistorio ascendía a unos 400 millones, que se han triplicado hasta alcanzar los 1.200. «El PP debe defender los intereses de miles de ciudadanos, no los de ninguna empresa. Los intereses de las personas que votaron al PP son los mismos que los del resto de vallisoletanos», remachó.
El modelo del equipo de gobierno está claro: recuperar, en la medida de lo posible, la gestión directa de servicios municipales sensibles. Ante las elecciones de mayo habrá que esperar cuáles son las propuestas de los partidos de la oposición, en especial del PP y Vox. Si mantienen estas prestaciones en manos públicas o revierten la situación y abogan por concesiones a empresas privadas.
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