El Juzgado avala la gestión pública del aparcamiento de la Plaza Mayor

La resolución desestima íntegramente la demanda interpuesta por la empresa Aparcamientos españoles S.A. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid de 3 de noviembre de 2021, que recuperó la gestión directa por el propio Ayuntamiento del parking de la Plaza Mayor.

La sentencia rechaza todas las peticiones de la empresa concesionaria que impugnó la decisión del equipo de gobierno municipal que fijó como fecha de fin de la concesión del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor, para la primera y segunda planta el día 4 de octubre de 2021 (la empresa solicitaba que se extendiese hasta el año 2040 ó 2035). Se desestima la solicitud de indemnización de daños y perjuicios como consecuencia del cierre del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor de Valladolid durante los meses en que se realizaron las obras de acceso subterráneo al mismo, que valoraron en 693.590,73 euros.

La concesión para la construcción y explotación del aparcamiento subterráneo se adjudicó en 1970; entrando en funcionamiento la planta primera en 1972, siendo este primer sótano el que generaba los mayores ingresos durante toda la vida de la concesión. La segunda planta del parking entró en funcionamiento en 1997. De acuerdo con las cláusulas del contrato, la duración de la explotación de cada planta sería de 43 años a contar desde su entrada en funcionamiento respectivamente. Pero en 1989 se modificó el contrato, a fin de unificar el plazo de finalización de la concesión de ambas plantas, habiéndose finalmente concretado dicho plazo en el día 4 de octubre de 2021, si bien como consecuencia de vicisitudes procedimentales y reclamaciones de la concesionaria, no puedo tomarse posesión efectiva por la Administración Municipal hasta el 4 de enero de 2022.

La sentencia dispone que «cabe afirmar que la determinación de la fecha final de la concesión se ha efectuado por la Administración demandada ajustándose al Acuerdo de modificación de 1989, estableciendo un plazo común para ambas plantas que permite mantener el equilibrio de la concesión en los términos pactados, y tomando en consideración para ello el período de suspensión de la concesión por la ejecución de las obras de acceso al aparcamiento. No se aprecia incorrección en la interpretación aplicada por la Administración demandada».

La resolución judicial confirma la actuación del Ayuntamiento tanto en el fondo como en la forma. «La conclusión que se extrae de todo ello es que se aprecia una falta de objetividad en el informe pericial de (la empresa concesionaria), frente a la corrección de los cálculos del informe (pericial aportado por el Ayuntamiento) que no se ha visto desvirtuada en el presente procedimiento», recoge la sentencia.

Mediante la demanda interpuesta la concesionaria pretendía seguir explotando el parking hasta el 2040, habiendo declarado la misma que tenía unos ingresos anuales que ascendían a 693.590,73 euros, a cambio de un canon que pagaba al Ayuntamiento de 6.489,07 euros en 2020.

En definitiva, la sentencia avala la decisión del Ayuntamiento de Valladolid de poner fin a la concesión administrativa y gestionar, a través de la empresa municipal Auvasa, el Parking de la Plaza Mayor, de forma que todos los ingresos que se obtengan del mismo reviertan a las arcas municipales.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, criticó hoy la «resistencias de los de siempre», en referencia a los dirigentes del Partido Popular por oponerse a la gestión pública y directa del aparcamiento de la Plaza Mayor. En declaraciones recogidas por Ical, Puente explicó que el Ayuntamiento llevó a cabo un «proceso largo de examen» de la concesión ante la existencia de un «desequilibrio» en favor de la empresa y en perjuicio de la Administración, que remarcó era «inaceptable». Indicó que obtenía un beneficio después de impuestos de más de 700.000 euros al año, frente a un canon que abonaba al Consistorio de 6.000 euros al año.

Esto, remarcó el regidor, hizo que apostaran por una gestión 100% pública, lo que motivó la «resistencias» de la concesionaria, que recordó les llevó a los tribunales, y de los miembros del PP, a los que afeó que no hayan tenido en cuenta que los ciudadanos se benefician del dinero que recibe el Ayuntamiento y no del que recauda una empresa privada.

Finalmente, Puente sostuvo que la sentencia conocida les ayuda a seguir trabajando y creyendo en la necesidad de «fortalecer» el Ayuntamiento hasta el extremo de que recordó que hace siete años la valoración patrimonial del Consistorio ascendía a unos 400 millones, que han triplicado, hasta alcanzar los 1.200 millones. «Estamos haciendo que este Ayuntamiento mejore y sea cada vez más sólido y avance», concluyó.