Tres 'pinchazos' judiciales han facilitado la absolución de 45 narcos en 19 años en Valladolid

Para encontrar el primer fallo hay que remontarse a 2003. Cinco de los seis acusados por el denominado 'caso Camelot', entre ellos dos guardias civiles, fueron absueltos por la Audiencia Provincial al anularse las escuchas policiales que condujeron, de entrada, a la detención de un camionero que transportaba 28 kilos de hachís. El dueño del bar, eso sí, fue condenado a tres años de prisión. El problema de aquella operación estuvo en una «prórroga de las intervenciones telefónicas» que, según adujo la sentencia, carecía de fundamento. Dicha prórroga fue la que facilitó la detención de cinco de los sospechosos, todos menos el hostelero, al que sí condenaron por traficar con cocaína y hachís en su bar a finales de los años noventa.

La historia, en un fallo aún más sonado, se repetiría siete años después, en 2010, cuando el Tribunal Supremo anuló la condena a 90 años de cárcel, dictada en este caso por la Audiencia Provincial, a 18 miembros del clan de los Pelusos en la denominada 'operación Plata'. Aquel fallo fue muy duro con el proceder policial, que partió del pinchazo telefónico a un delincuente habitual que nunca fue juzgado, y con el juez que autorizó las escuchas. La sentencia condujo a la puesta en libertad de todo el clan, incluido su cabecilla, José Antonio R. E., 'Peluso'. Años después sí sería condenado por otros casos.

Ahora ha sido la Audiencia Provincial la que ha acordado absolver a 22 sospechosos del clan de los Varela, pese a que 16 de ellos habían reconocido su culpabilidad y aceptado distintas condenas, al entender que en la denominada 'operación Rosado' se produjo, otra vez, un fallo de base en la autorización de las escuchas fruto de un oficio policial que, según recoge la sentencia, se fundamentaba en «sospechas» a cuenta de los antecedentes del único sospechoso que, al encontrarse huido de la justicia, no ha podido ser absuelto en esta causa. El tribunal, eso sí, reparte culpas por la sonada absolución de 22 de los 23 detenidos (todos menos el fugado) y alude también al juez instructor que acordó los pinchazos telefónicos en 2017 y al fiscal que sustentó su acusación contra todos ellos sobre las sospechas del informe policial.

El fallo, además, podría conllevar la absolución de un guardia civil y cuatro empresarios por una presunta trama de favores, ya que fueron detenidos a raíz de las mismas escuchas. El juicio, que comenzó el jueves, ha sido aplazado a la espera de que la sentencia de la 'operación Rosado' sea firme. De ser así, los cinco acusados serán exonerados.