La nulidad de los pinchazos conlleva la suspensión del juicio de la trama de favores contra un guardia civil

«Está claro que de confirmarse la anulación del auto que autorizó las escuchas se anularía todo el proceso al derivarse los posibles delitos descubiertos de un hallazgo casual sobre un tercero descubierto a raíz de las escuchas», confirman fuentes jurídicas del proceso. Tanto es así que fue la Fiscalía, de entrada, la que aportó este viernes la sentencia, dictada el jueves, por la Audiencia Provincial, y llevó a las defensas y a las dos acusaciones públicas, que ejercen dos asociaciones de guardias civiles (AUGC y UO), a coincidir en solicitar la suspensión del juicio.

La jueza así lo acordó al entender que, a la espera de la posible firmeza del auto, es una mera cuestión de «economía procesal» ahorrar la celebración de una vista oral en la que todo apunta a la absolución tanto del guardia civil como de los cuatro civiles juzgados si se confirma la nulidad de los pinchazos telefónicos.

«El grueso de la investigación se sustenta sobre las grabaciones y todo lo demás se obtuvo a partir de las mismas», reconocen fuentes de las acusaciones públicas antes de concretar que la doctrina de 'los frutos del árbol envenenado' (por la que toda prueba obtenida de una prueba nula debe ser nula) será de aplicación con toda probabilidad en esta causa.

Las defensas de los acusados llegaron a solicitar directamente el sobreseimiento de la causa, si bien será la jueza la que decida en su momento a la espera de que el auto de la 'operación Rosado' sea firme.

La sentencia de la Audiencia Provincial fue comunicada este jueves y fue conocida por las partes del proceso derivado de la trama de favores al término de la primera vista celebrada contra un guardia civil, J. C. C., para el que el fiscal solicitaba inicialmente penas de 18 meses de prisión y multa de 10.800 euros por los delitos de violación de secretos y tráfico de influencias, así como su inhabilitación para cargo público durante ocho años; y otros cuatro acusados: J. R. R. (se enfrentaba a una pena de multa de 2.400 euros por un delito de violación de secretos), F. G. J., E. O. C. y D. E. A. (el fiscal pedía cada uno de los tres últimos cuatro meses de prisión por un delito de tráfico de influencias).

Las defensas ya solicitaron al inicio de la vista la nulidad de las escuchas telefónicas, que conllevaría la absolución de todos los acusados, si bien esta decisión la dejó la jueza para el momento de la sentencia. Entonces no conocía el auto que anulaba las escuchas que derivaron en esta causa. Si el fallo se confirma la causa de la trama de favores tendrá que ser sobreseída y los acusados exonerados. La vista, de retomarse, podría ser en este escenario un mero trámite.