Tres letrados y un informático de Iberaval en Valladolid denuncian a la dirección de la empresa por acoso

El equipo directivo de la sociedad rechaza «por injustas» las acusaciones vertidas contra Pisonero, «que ponen en cuestión la honorabilidad y el trabajo de este, pero también el desempeño de decenas de profesionales durante cuarenta años que han llevado a Iberaval a liderar el sector». «No permitimos ni encubrimos ni ocultamos cualquier método o acción que apoye o fomente el bajo rendimiento y la mala praxis», afirman en un escrito, además de subrayar que en toda su trayectoria «no hay ninguna sentencia en la que se haya acreditado ningún tipo de acoso». El consejo de administración ha encargado a la consultora KPMG un informe sobre este contencioso laboral, que está a punto de ser entregado al presidente de la sociedad, César Pontvianne.

Los denunciantes hacen hincapié en el nuevo sistema de valoración de los trabajadores –'cambio cultural', lo denomina la firma– que, bajo «premisas totalmente subjetivas», está «sirviendo» a la cúpula de Iberaval para «apartar a empleados de sus cargos, vaciarles de funciones y reducir sus retribuciones», con la intención final de despedirles o de que abandonen. Para los que se quedan, añaden, es «una herramienta para sembrar el miedo y acallar cualquier crítica». La dirección, por su parte, matiza que tres de ellos han recibido unas valoraciones «francamente malas», lo que, creen, les ha llevado a iniciar este camino ante la situación «tremendamente complicada» que se les presentaba y como respaldo ante futuras decisiones de la firma. «Son denuncias sincronizadas de acoso, respuestas bien conocidas en entornos de conflicto laboral», dicen.

Tres de los denunciantes formaban parte la Asesoría Jurídica de la compañía. La que fuera su directora, A. A.-C., con una trayectoria de 33 años en Iberaval y ahora de baja psicológica a causa de los problemas que asegura haber sufrido en su puesto, era además la secretaria del consejo de administración, cargo del que ha sido cesada. Según argumenta en su denuncia, desde la entrada de Pisonero al puesto ha sido víctima de «humillaciones, desprecios y trato degradante» por, destaca, indicar al director general que «determinadas actuaciones se deben realizar siguiendo la normativa aplicable, los principios éticos y de seguridad jurídica de la actividad social y reclamar transparencia en la información que suministra al consejo de administración». El padre de esta abogada fue uno de los socios fundadores y consejeros de Iberaval.

Fuentes consultadas apuntan a que el contencioso con unos cooperativistas de Arroyo fue el detonante de un desencuentro que ha ido a más. El equipo jurídico recomendó, allá por 2011, que se les devolviera el dinero del aval comprometido, pero la cúpula decidió seguir litigando. En vez de hacer caso al criterio de sus abogados, se contrató un despacho externo para continuar el proceso. Por el momento, nueve sentencias, una de ellas confirmada por la Audiencia, han condenado a Iberaval a abonarles las cantidades, con los intereses y el pago de las costas.

Esta letrada, en un prolijo relato de presuntas conductas de acoso, subraya también haber sufrido «intimidación física» por parte de la entonces directora de recursos humanos y hoy directora financiera, «con empujones incluidos, de los que fueron testigos personal de la planta, incluida la delegada de Personal, a la cual la propia directora reconoció que había recibido instrucciones del director general de presionarme». La todavía empleada remitió el 23 de septiembre al consejo de administración un documento, elevado a escritura pública, exponiendo con todo detalle la situación vivida.

En el caso del que fuera vicesecretario del consejo y máximo responsable del departamento de Recuperaciones y Contencioso, C. C. T. –en Iberaval desde febrero de 1994 y despedido el mes pasado por razones disciplinarias–, subraya en su escrito que los argumentos esgrimidos para echarle –«total dejación de funciones y una voluntad inequívoca de desobeceder»– son solo una disculpa sobre una decisión que tenían tomada y que justifican por la entrega de unos listados con dos semanas de retraso. Según relata, mientras que en marzo de este año fue valorado con un diez sobre diez por sus superiores jerárquicos, apenas dos meses más tarde se le acusa de «falta de confidencialidad» y se le reprocha su actitud «imperdonable» por ponerse de parte de unos directivos con los que la cúpula estaba descontento. Este exempleado aporta una larga descripción de hechos sobre operaciones, gestión de personal y despidos dentro de la compañía y señala que el director general y sus dos personas de confianza, R. V. y A. CH. han prescindido de él por no plegarse a sus decisiones, a pesar de que estas podían perjudicar los intereses de la empresa o contravenir la normativa.

También la hermana de este ya exempleado, P. C. T., abogada y representante de los trabajadores en Iberaval, ha denunciado a la empresa por cambiar su puesto de letrada a la de técnico de oficinas centrales, pero manteniendo las funciones. Acusa a la compañía de conducta discriminatoria, «con la encomienda de tareas absurdas e inútiles sin ningún criterio, exigiéndome ante resoluciones judiciales que no le satisfacen que 'pida responsabilidad al juez' o 'hable con el juez'».

La cuarta denuncia la realiza un informático –A. A.– que trabaja para Iberaval desde 2002, aunque está en nómina desde 2015. Este experto en desarrollar aplicaciones pone sobre la mesa «amenazas y vejaciones constantes», además de haberle acusado de difundir habladurías e información no veraz a terceros. Añade el «hostigamiento» por la exigencia de entregar proyectos de desarrollo muy complejos en plazos imposibles de cumplir. «Se está haciendo uso de estas valoraciones personales para socavar la imagen del trabajador, cuestionando su experiencia y profesionalidad, además del perjuicio económico al reducir sustancialmente el importe sobre los objetivos con una valoración totalmente arbitraria», según sostiene.

Desde Iberaval se defiende la valoración «honesta» llevada a cabo por los seis directivos que realizan estos exámenes periódicos y «que permitirán que 70 trabajadores mejoren sus retribuciones».