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El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, no ha querido pronunciarse sobre las cinco denuncias de acoso laboral que tramita la Inspección de Trabajo, una de ellas de UGT, por un presunto hostigamiento por parte de ... la dirección de Iberaval a tres letrados y un informático con una larga trayectoria en la sociedad de garantía recíproca. El consejero ha dejado claro que Iberaval «como todos ustedes saben, no es una empresa pública». «En la medida en que pueda haber una denuncia que afecta al ámbito laboral, dejemos trabajar a la Inspección de Trabajo y a los auditores externos antes de que se pueda realizar una valoración sobre el asunto», ha señalado a preguntas de una periodista.
Se refiere el responsable de la Junta al informe que el consejo de administración de la compañía ha encargado a la consultora KPMG, en el que de los cuatro afectados solo se ha tomado declaración a uno, según han confirmado fuentes consultadas. En este órgano hay un representante del Ejecutivo autonómico -el viceconsejero Carlos Martín Tobalina- y el directivo del ICE Pedro Paz, responsable de Financiación del instituto público, pero que acude en representación de Gestiona Consultoría y Outsourcing S. L.. Dos de los denunciantes enviaron al consejo de gobierno sendas cartas aportando una prolija información sobre el presunto «hostigamiento» al que estaban siendo sometidos por parte de Pedro Pisonero y dos de sus personas de confianza, así como de posibles prácticas irregulares en la gestión de la sociedad.
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Según consta en las cuentas anuales de la compañía del pasado año, de los 40.564.440 euros de capital aportado por los socios protectores de la entidad para las operaciones de financiación a empresas y proyectos, el Gobierno regional destinó 11.490.840 euros, lo que supone el 28,3% del total. Solo el Ayuntamiento de Madrid supera esa cantidad, con 12,7. Las aportaciones más cuantiosas que siguen a estas dos ya son de poco más de dos millones de euros, según consta en el Informe de Auditoría y Cuentas Anuales de Iberaval de 2021.
La publicación de las denuncias de acoso ha activado un «plan de contingencia» en Iberaval, según ha podido comprobar El Norte de Castilla. A primera hora de la mañana de este martes, el director general, Pedro Pisonero, ha enviado un correo eléctronico a toda la plantilla en el que, tras reconocer que «sí, hay un conflicto laboral» en la empresa, ensalza el trabajo realizado de apoyo al tejido empresarial. Pisonero, que encabeza ese mensaje con el título 'Noticia en El Norte de Castilla', subraya que el nuevo sistema de evaluación de los trabajadores -Cambio Cultural- ha dado unos resultados «francamente satisfactorios». El plan encomienda a seis directivos elegidos por la cúpula el examen del rendimiento de los empleados, así como cuestiones más subjetivas, como su orgullo de pertenencia, la tolerancia a la presión, la prudencia en la gestión, respeto a las personas...
Acota el máximo responsable de la gestión de Iberaval que los cuatro denunciantes -«uno de ellos con una valoración muy postiva»- «han expresado que no tienen ningún cambio que realizar». Para el director general, las cartas remitidas por dos de los abogados denunciantes al consejo, así como su acción ante la Inspección de Trabajo y, en especial, el envío de estas a un medio de comunicación es «un acto que aparece como claramente contrario a la buena imagen, reputación e interés general de Iberaval y las personas que lo hacemos». «En Iberaval seguiremos nuestro camino de apoyo a las pymes, pese a los contratiempos, como siempre hemos hecho», concluye.
En un segundo correo, esta vez del director de Comunicación de la sociedad, se dan pautas a toda la plantilla ante las posibles llamadas que se pudieran recibir sobre este asunto. El departamento de prensa y la directora general adjunta de Negocio y Relaciones Institucionales son las personas encargadas de abordar la cuestiones que pudieran plantearles los medios, las entidades financieras o empresas que quieran aclarar aspectos del contencioso.
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