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Trece años de batalla legal por un toldo en una comunidad de La Circular«El tejadillo de la polémica». Antonio Espeso y Carmen Villa, de 75 y 71 años, residentes del barrio de La Circular, sonríen por desesperación ... al rememorar el titular de un reportaje publicado en El Norte de Castilla el 22 julio de 2011, hace exactamente trece años, ilustrado con una foto de su casa. Habían colgado una pancarta en la ventana reclamando «una solución» para el corte del suministro de gas que sufría el edificio -un bloque de cuatro viviendas de la calle Veinte Metros, 16- desde hacía cuatro meses, a raíz de una inspección de la compañía, que había detectado deficiencias en la instalación.
Una solución que sus vecinos encontraron erróneamente -según quedó acreditado en una sentencia en 2012- en desmantelar un tejadillo que el matrimonio había levantado años antes, con el consentimiento del resto de propietarios, sobre un patio común de uso privado que emplean como garaje. Lo hicieron sin su aprobación y coincidiendo con una ausencia de Antonio y Carmen, que se encontraban fuera de casa por un viaje, relatan. «Habíamos estado tres días donde vivía mi hijo y cuando volvimos abrimos la puerta y vimos que nos lo habían tirado. Me causó una impresión…me quedé sin habla», recuerda la mujer, que achaca aquella decisión a «un capricho de lo que fuese» ligado a rencillas personales.
El problema del gas se solventó después de «dos inviernos sin agua caliente ni calefacción», pero ha desembocado en una batalla judicial de 13 años para que la comunidad reponga la cubierta y de la que todavía no se vislumbra un final. La sentencia dictada en 2012 dio la razón a Carmen y Antonio, que habían demandado a la comunidad por desmantelar la cubierta, condenando al resto de vecinos a reponerla conforme a la normativa urbanística vigente en aquel momento. Muy alejado de la estructura original, en su lugar luce un toldo disfuncional vencido por la lluvia y el viento, más de una década después de la primera victoria judicial.
Al conflicto vecinal, se sumaron retrasos en la ejecución y problemas devenidos durante la instalación, que tuvieron como resultado que las obras no llegaran a terminarse. Más de una década después, la Audiencia Provincial, que ya ratificó en su día el primer pronunciamiento del juzgado de primera instancia, ha vuelto a darles la razón el pasado mes de junio. El fallo supone que los afectados tengan que adelantar el dinero, según critica su abogado, Amadino Pereira, del despacho Xurisgal. Lo que en palabras del letrado, que ha pedido al tribunal una aclaración de la sentencia, «vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva».
El nuevo pronunciamiento, que deja sin efecto un auto anterior del juzgado que daba por ejecutada la sentencia al entender que la comunidad ya había pagado la suma designada, ha ordenado la continuación de los trabajos «hasta su terminación en el plazo que judicialmente se establezca para ello, financiándose su realización con cargo a la suma ya consignada por la Comunidad de Propietarios ejecutada». El problema está ahora, afirma Espeso, en que «la comunidad pagó, pero no pagó lo suficiente».
Tras fallar a favor del matrimonio en 2012 y ante la inacción de la comunidad, el Juzgado de Primera Instancia número 4 tuvo que ordenar en 2013 la ejecución forzosa de la sentencia, designando a un ingeniero para presupuestar y ejecutar la obra, imponiendo a los demandados el pago de 18.500 euros según una primera estimación del coste. Tras años de retrasos, hasta el punto de que fue necesario solicitar una segunda licencia urbanística por la caducidad de una primera, los trabajos se iniciaron en 2018. Pero en mayo de ese mismo año, cuando las obras estaban en el ecuador, unas precipitaciones dañaron la estructura y la tela de la cubierta, quedando inutilizada.
Desde entonces y tras un cruce de responsabilidades entre el ingeniero y el arquitecto designado por él mismo, las labores quedaron sumidas en el abandono. «Aquí lo que hay es que la comunidad no ejecuta por sí misma la obra y se designa a un tercero para que la lleve a cabo con cargo a la comunidad. Cuando por fin se consigue recaudar el dinero, se inician las obras, un día caen unas lluvias y el toldo semi-ejecutado se viene abajo», explica el abogado, que lamenta que sus clientes, siendo los afectados y habiendo adoptado «la solución técnica» del perito designado por el juzgado, tengan ahora que «financiar» la continuación de las obras «sin garantías». Aseguran que ya no queda dinero de lo depositado por la comunidad y que esta no dispone de bienes para embargar.
«No es normal que después de tanto tiempo sigamos diciendo que hay que ejecutar, pero que pague primero el ejecutante y después que ya lo recuperará de los ejecutados. No podemos discrepar más de esa resolución», apunta el letrado, que detalla que sus clientes ya tuvieron que adelantar 5.500 euros para pagar al arquitecto encargado de la redacción del proyecto de un toldo «que está sin ejecutar». El juzgado, aclaran, no contempló en la estimación ese dinero, que tendrán que reclamar en costas. «En este momento nos encontramos con que el toldista nos dice que un toldo con ese avance y con tres brazos no pueden ir en ese cofre», concluye la defensa, que también había reclamado la responsabilidad del ingeniero y el arquitecto por los daños y perjuicios ocasionados, pero que ha sido desestimada.
«El arquitecto dice que ha sido mala ejecución por parte del ingeniero y el ingeniero dice que el proyecto para aquí no era. Los vecinos dicen que ya han pagado», resume Antonio, que se pregunta «por qué después de quince años de pleitos» y con sentencias a su favor, tienen que adelantar más dinero. «¿Qué sentido tiene esto?», se cuestiona Carmen, que justifica que no han hecho daño a nadie y que la instalación del tejadillo «era en beneficio de todos». Ambos piden que el juzgado aclare la situación y «que esto acabe».
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