Solo 915 de los 136.924 vehículos de Valladolid cuentan con etiqueta 'eco' o 'cero emisiones'

Estos números llevan a plantearse que la ciudad tiene un plazo de nueve años para renovar el grueso de su flota privada en el caso de que sus propietarios quieran desplazarse sin prohibiciones en esta y en otras ciudades españolas de más de 50.000 habitantes ¿Es tiempo suficiente para afrontar esa importante reposición? Anfac, la asociación de agrupa a los fabricantes españoles, da por hecho la urgencia en esta transformación de la movilidad. Hay que rebajar en nueve años la edad del parque nacional, proponen, y para ello es necesario que 19 millones de vehículos salgan de la circulación de aquí a 2030 y sean sustituidos por otros 14 millones, de los que más de tres serán electrificados y cerca de cuatro, híbridos convencionales. El sector asume ya la descarbonización, que, eso sí, tiene que ir acompañada de incentivos para la compra y rebajas fiscales, según subrayan sus responsables. Adquirir un turismo sostenible supone un esfuerzo económico muy fuerte, especialmente en los hogares más humildes. Hace falta ayuda.

La estrategia municipal para mantener a raya la contaminación con la creación de una zona de bajas emisiones, obligación en la Ley de Cambio Climático y mandato de la UE, arranca el año que viene. El 1 de enero de 2022 a los conductores de los coches sin el distintivo ambiental de la DGT por su antigüedad –39.613 (27.500 en uso, según los datos municipales)– se les recomendará evitar circular por el cogollo de Valladolid para que se vayan haciendo a la idea. Ya en la primavera de 2023, el consejo se transformará en mandato y si osan traspasar las fronteras de la zona noble, unas cámaras fotografiarán sus matrículas, la Policía cotejará la etiqueta y la multa, cuyo importe está pendiente de fijarse en una ordenanza, le llegará a casa. La denominada 'almendra central' se librará de la combustión de estos vehículos, responsables del 50% de la contaminación atmosférica.

Los siguientes en la lista serán los del distintivo B: turismos y furgonetas matriculados después del año 2000 y diésel a partir del 2006. Nada menos que otros 45.185 coches no serán bienvenidos en el centro de la capital el 1 de enero de 2025. Si entran, serán sancionados. Un lustro después, se sumarán los que ahora tienen la etiqueta C –de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel inscritos a partir de 2014 (51.211)– y que suponen el 37,40% del parque actual. Estos conductores tendrán hasta el 31 de diciembre de 2029 para sustituir su actual montura por otra ecológica total.

Este Plan de Calidad de Aire, que se replica en otras muchas ciudades españolas en diferentes versiones, anuncia un cambio de modelo absoluto, con defensores y detractores, que busca no solo contener los efectos del cambio climático, sino naturalizar las áreas urbanas y que el peatón, el transporte público, la bici o el patinete sean protagonistas del espacio público tras décadas de imperio del coche. En contra, PP y Vox, que auguran la muerte del centro con estas restricciones.