Los dueños denuncian la 'reokupación' de La Molinera tras su desalojo fallido

El lanzamiento judicial, sin embargo, acabó convirtiéndose en un mero amago un tanto atípico toda vez que los agentes abandonaron el edificio dos horas después y un numeroso grupo de miembros del colectivo social La Molinera volvieron a acceder a su interior sin oposición alguna ante la mirada de un policía nacional, el único que se encontraba allí en ese instante. Los usuarios, una vez dentro, invitaron a salir a los representantes de la propiedad y 'reokuparon' así de nuevo el inmueble. Minutos después, eso sí, comenzaron a sacar sus enseres más valiosos (equipos de música, altavoces...) cargados en carros de la compra. «Vamos a sacar el material, pero la idea es seguir aquí y continuar con la actividad del centro social», aclararon.

¿Qué ocurrió? Pues los representantes de la propiedad, que declinaron identificarse, aunque sí ejercieron como tales, explicaron que el lanzamiento judicial era efectivo y mostraron su desacuerdo con la ausencia de policías que impidieran que el centenario inmueble volviera a ser ocupado. «Hemos pedido a los policías que impidieran la entrada, pero no ha sido posible, así que ahora vamos a volver a denunciar la ocupación y promover el desalojo cuanto antes para que los propietarios puedan volver a tomar posesión de él y puedan cerrarlo y mantenerlo vigilado», anticiparon antes de acudir a formalizar dicha denuncia.

Los portavoces del colectivo La Molinera, por su parte, defendieron que el desalojo había sido «ilegal» en ausencia de una «comunicación previa» y, una vez ocupado de nuevo el inmueble, mostraron su intención de defender su supervivencia como centro social «por todas las vías legales, sociales y políticas». Los usuarios del espacio, que nació el 30 de junio de 2018, un año y medio después de que el antiguo hotel Marqués de la Ensenada cerrara sus puertas por sorpresa y fuera posteriormente abandonado, incidieron en su intención de continuar con su «actividad».

Fuentes policiales confirmaron la existencia de una orden judicial de desalojo del inmueble, en un proceso promovido por la propiedad (la mercantil Kelona Invest) desde finales del año pasado, y que debía ejecutarse hoy. Los portavoces de La Molinera defienden que el desalojo fue «ilegal al no haber sido notificado en tiempo y forma».

Sea como fuere, el caso es que el lanzamiento fue efectivo. Tanto es así que pasadas las once de la mañana, cuando eran una veintena los policías municipales que acordonaban la entrada al edificio por la calle Eras, en el interior se encontraban ya, al menos, tres representantes de la propiedad (como tal actuaron ante los propios agentes) y un cerrajero. Así que los agentes abandonaron definitivamente el lugar. «Nuestra misión es dar protección a la comisión judicial y a los propietarios, y así se ha hecho», explicaron fuentes policiales. Pero fue entonces, al filo ya de las once y media, cuando se abrió la puerta del lateral de la calle Eras y de su interior salió un policía nacional (había intervenido también en el desalojo). Los presentes, en torno a medio centenar de personas para entonces, se miraron unos a otros y alguien acabó animando a todos a entrar. No hubo oposición. Tampoco violencia. Nada.

Una veintena de personas accedieron al edificio, aún con los representantes de los propietarios en su interior y ante un policía nacional. Simplemente les invitaron a salir. Y salieron. Tanto los representantes de los dueños como el agente. Y las puertas del centro social volvieron a cerrarse. Formalmente estaba ocupado de nuevo apenas dos horas después del desalojo.

Entre tanto, ante la entrada, llegaba un furgón de antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía, cuya presencia simplemente fue testimonial. Los representantes de la propiedad les requirieron para que volvieran a facilitarles el acceso y los propios agentes les comunicaron que debían denunciar la 'reokupación'. Y así lo hicieron. Y todo ello cuando allí se encontraban ya un cerrajero y un operario de una empresa de alarmas. «Íbamos a desalojar el edificio, cerrar los accesos e instalar alarmas para que los propietarios puedan ejercer su derecho y tramitar, como parece que es su intención, la venta del inmueble a las empresas interesadas», apuntaron, siempre sin facilitar el nombre de dichos propietarios.

De manera que los representantes de los dueños del Marqués de la Ensenada han vuelto a denunciar la ocupación ilegal del edificio y el edificio vuelve a estar ocupado como hasta ahora. Continuará.