La Sociedad Valladolid Alta Velocidad votó en febrero contra el aplazamiento de los 11 millones

El alcalde de Valladolid insistía este lunes en que el Ministerio de Transportes aún no había respondido a la solicitud de aplazar el pago. El visto bueno a la modificación del calendario de pagos establecido debe obtenerse en el consejo de administración. Santano expuso entonces que no abordar el calendario de pagos suponía incumplir el convenio firmado en el año 2017 por todas las administraciones implicadas. Fue una reunión tensa, en la que Ayuntamiento y Junta se opusieron a la aprobación del presupuesto para el año 2024. Un modo, señaló entonces Santano, de intentar bloquear el normal desarrollo de la actividad de la sociedad.

Carnero recordó entonces que el Ayuntamiento ya había puesto 26 millones de euros hasta la fecha y que los 11 que correspondían a esta anualidad eran el resultado del recálculo de las cuotas, que se modificaron cuando irrumpió la pandemia por común acuerdo de los socios. El alcalde señaló que había suficiente dinero en la caja, unos 80 millones, para hacer frente a los gastos previstos para el año, de unos 35 millones de euros. Y por tanto pedía renegociar el calendario de pagos o aplazar los 11 millones de euros para que el Ayuntamiento pudiera disponer de ese dinero para otros fines. Incluso, en una rueda de prensa este mismo año, desgranó algunos de esos objetivos que podrían cumplirse de disponer del dinero.

La Junta de Castilla y León tampoco ha depositado los 8,2 millones de euros que le corresponde poner este año. Sin embargo, a diferencia del Ayuntamiento, la Junta sí ha mostrado su intención de abonar esa cantidad a lo largo de este mes.

El secretario de Estado consideró entonces que no poner las cantidades correspondientes, dada la voluntad del Ayuntamiento de apostar por un soterramiento que no está previsto en el convenio de 2017, ponía en riesgo la ejecución de la integración ferroviaria en Valladolid.

En la misma reunión, Santano advirtió de que la deuda adquirida en su momento por la sociedad Valladolid Alta Velocidad era de 400 millones de euros. Deuda que asumieron Adif y Renfe, que pasaron a ser acreedores de la entidad en lugar de los bancos. A estas dos empresas públicas se les tendrá que liquidar la deuda con los suelos liberados por la operación de integración en los viejos talleres de Renfe, junto al paseo de Farnesio.

Santano señaló ya entonces que aportar las cantidades comprometidas era clave para evitar que se repitiera, con la integración, lo mismo que en su día ocurrió con el soterramiento, cuando se generó una deuda sin que se acometieran las obras. Así, dado que el calendario de actuaciones está plasmado en el convenio hasta el año 2030, se pretende que haya suficiente liquidez como para poder cumplir con todos los trámites y pagos necesarios sin que se produzcan retrasos.

Frente a esto, Carnero insistía el lunes en interpretar como «positivo» el «silencio administrativo» del Ministerio de Transportes sobre el aplazamiento del pago de los 11 millones. El ministro Óscar Puente dio el pasado jueves un plazo de un mes al Ayuntamiento para avanzar en las licitaciones pendientes y abonar las cantidades adeudadas o promoverá la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

El grupo municipal del PSOE, por su parte, ha criticado este martes que «los periodistas de Valladolid han encontrado siempre la misma respuesta de Carnero cuando preguntaban sobre su petición para aplazar el pago de la cuota anual de 2024 del Ayuntamiento a la sociedad Valladolid Alta Velocidad, encargada de gestionar el proyecto de integración de las vías del ferrocarril: 'El Ministerio no nos contesta'». La realidad, apunta, «es que el alcalde ha ocultado durante nueve meses la respuesta los órganos de esta sociedad pública».

El PSOE incide en que en febrero el consejo de administración desestimó la petición de Carnero de aplazar el pago los 11 millones de euros y ahonda en que dos meses después de su primera solicitud, el alcalde de Valladolid volvió a plantearla, esta vez en el consejo de administración de la sociedad, celebrado el 16 de febrero de este año. «En esa reunión, al más alto nivel, ya que estuvo presente el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se rechazó formalmente, según figura en el acta de la reunión. Una decisión en la que fue definitivo el voto de calidad de Santano porque el representante de la Junta sí que apoyó la pretensión del alcalde», reitera el partido de la oposición.

El secretario de Estado, incide el PSOE, recalcó en febrero que «las aportaciones comprometidas por los firmantes del convenio de 2017 son fundamentales 'en la planificación presupuestaria de la sociedad' y recordó la obligación de ingresar esta cantidad antes del 31 de marzo. Santano, que es el presidente del consejo de administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, también advirtió ese día que no aprobar el presupuesto de la sociedad para este año podría tener 'graves consecuencias' para los compromisos y obligaciones ya asumidas». Entre los proyectos, concluyen, «se incluían los pasos en marcha, pero también la descontaminación de los suelos de los antiguos talleres de Renfe».