Considera el letrado del hijo que los sicarios, el 17 de octubre de 2018, «sabían lo que tenían que buscar, pues para abrir la caja necesitaban la contraseña y la llave, y eso pudo ser el motivo de los golpes que propinaron a María, sacarle esa información. Creo que de ahí viene el desenlace fatal».
La segunda acusación también da importancia a la víspera del robo, a la reunión de planificación que mantuvieron Rubén Alonso, que tenía la información; la «correa de transmisión, Arso; y Emil, a quien este conocía y quien reclutó a los otros tres, que le debían dinero, para un «trabajo» que no era precisamente el de hacer reformas en el local del 'dentista', sino robar en casa de María.
La fiscal y las dos acusaciones particulares del caso de la Circular mantuvieron sus peticiones de condena para los seis encausados y coinciden en que todos ellos son culpables de la muerte de María Aguña, de 73 años, como resultado del asalto a su vivienda, el 17 de octubre de 2018. También sobre el relato de hechos probados, armado sobre casi dos años de exhaustivas investigaciones policiales que, en el marco de la Operación Mariya culminó con la detención de los seis hombres que se sientan en el banquillo y que están siendo juzgados desde el pasado 2 de noviembre.
La principal discrepancia, que no es baladí porque conlleva bastantes años más de condena, es si cometieron asesinato, como sostiene la fiscal y la acusación que representa al hijo de la fallecida –quien incluso solicita la prisión permanente revisable–, o si se trata, como promueve la segunda de las acusaciones, que representa a una de las hijas de María Aguña, de un homicidio intencional, doloso. El arco de penas propuestas, si se suman los cuatro delitos (asesinato u homicidio, detención ilegal, robo con violencia en casa habitada y pertenencia a grupo criminal) va de los 30 a los 38 años de prisión.
Las defensas pedirán este viernes la libre absolución para los seis acusados o, como alternativa, penas por homicidio involuntario y robo en grado de tentativa
Así, la fiscal Carmen Muñoz mantiene la acusación de asesinato para cada uno de los seis acusados, tanto para los ejecutores del asalto, Anton Androv, Gabriel Kamenov y Gabriel Krasimirov, como el considerado inductor y cerebro del robo, el 'dentista' Rubén Alonso y su 'lugarteniente' e intermediario según las acusaciones, Arso Atanasov y el transportista y supuesto prestamista Emil Artinov, que reclutó a sus tres compatriotas búlgaros para cometer el robo que acabó en muerte. Para la Fiscalía, todos son también culpables de los delitos de detención ilegal, «que se prolongó más allá del delito de robo»; pertenencia a grupo criminal, «porque planificaron el asalto y cada uno tuvo un papel necesario» y robo con violencia en casa habitada, «consumado porque, aunque no se llevaron la caja porque podría ser cierto que no les dio tiempo a encontrarla, sí le quitaron a la señora dos anillos de la mano izquierda».
Rechaza además que a dos de los procesados se les «premie» con una rebaja de la pena que se les imponga por la circunstancia atenuante de confesión, puesto que hablaron cuando las investigaciones policiales llevaban muchos meses y solo lo hicieron cuando supieron que habían detenido a sus otros compinches.
La vista oral del crimen de la Circular prosigue este viernes en la Audiencia de Valladolid con la exposición de las conclusiones finales de los abogados defensores, que pedirán para sus patrocinados la libre absolución o, alternativamente, penas de homicidio involuntario y robo en grado de tentativa. La previsión es que el próximo martes el jurado entregue su veredicto al magistrado presidente.
La fiscal, Carmen Muñoz
«No le dejaron la posibilidad de que siguiera viva»
«Pudieron hacer una llamada anónima al servicio de Emergencias, pero ninguno lo hizo. Aceptaron el resultado y no liberaron a María, no le dejaron la posibilidad de que siguiera viviendo, de respirar», ha subrayado la fiscal Carmen Muñoz. «Pónganse en la situación de los acusados», les ha sugerido a los miembros del jurado. «Cualquiera se habría representado que la señora podría fallecer si no la liberaban al menos de la mordaza que le impedía respirar, pero ellos no le retiraron la cinta americana, lo que podría haber impedido el fallecimiento». Porque, sostiene la acusación pública, María no murió de su cardiopatía crónica, que ni siquiera sabía que tenía. «Ello no causó la muerte, sino todo lo que los acusados pudieron evitar y no lo hicieron. Huyeron dejándola indefensa».
«Me gustaría que hubiese siete y no seis acusados aquí»
Aplicar la lógica. Eso ha pedido al jurado Óscar Martínez el letrado de la primera acusación. «Olvídense de las obras que dicen que iban a hacer, no existen, no son albañiles; la reunión en el local de Rubén no fue para eso, fue para planificar el robo». Y el 'dentista' pudo planificarlo a partir de recibir el 'chivatazo' de una persona de la familia. «Aquí juzgamos a seis y no a siete, pero la Policía ha sido muy clara: entre esta persona (por la expareja del hijo de la víctima) y Rubén había contactos más allá de la relación paciente y protésico, porque no es normal acudir a su domicilio o avisarle de que se le estaba investigando», ha subrayado el letrado, quien ha lamentado que «no se haya podido ir más allá» y sentar en el banquillo a esta séptima persona por falta de pruebas.
La fiscal, Carmen Muñoz
«El fuego amigo de Anton disparó contra todos»
Para el letrado Jesús Verdugo, que defiende que la muerte de María fue resultado de la «mala praxis» de los asaltantes pero no un fin en sí mismo y por ello pide penas de homicidio intencional y no de asesinato, en este caso hay «cuatro patas que sostienen la mesa» y pidió al jurado que no se dejen despistar por las declaraciones de los acusados pues «cada uno cuenta el cuento como les parece» y la realidad es que la investigación policial de los móviles que les sitúa a todos en la Circular y en el polígono de San Cristóbal, las huellas y ADN de los sicarios y la «confesión de Anton, «que tiró fuego amigo contra todos» prueba, a su juicio, la implicación de los seis encausados en el crimen. Descarta, a diferencia de las otras acusaciones, el delito de detención ilegal.