La Sareb inicia entrevistas con los inquilinos de las 80 viviendas okupadas de Arroyo

«Hay un poco de todo en las consultas que resolvemos, hay gente que llama para pedir información, gente que convive con estos casos en el mismo bloque o directamente personas a las que les han ocupado un inmueble de su propiedad», apunta Óscar Rodríguez, director de la Cámara. «Llegan casos de todo tipo, desde gente que ya ha denunciado y quiere saber qué más puede hacer o personas que no saben ni por dónde empezar porque desconocen las opciones que tienen», argumenta Rodríguez, quien admite que en la oficina de Valladolid (hay una en cada provincia de Castilla y León) trabajan con casos de okupación de Arroyo de la Encomienda, Villanubla o el barrio de Las Delicias.

Admiten que en la mayoría de los casos, las okupaciones se hacen en propiedades de bancos donde se promueve la proliferación de mafias o bandas que generan un auténtico mercado. De hecho, los okupas se centran en las viviendas propiedad de bancos o de la administración pública a sabiendas de que la reclamación de esos inmuebles tardará mucho más en llegar. Según los datos de la Fiscalía General del Estado, recogidos en la memoria correspondiente al 2021 (la última publicada), sólo el 0,85% de los delitos genéricos de ocupación se refieren a delitos de allanamiento (cuando se okupa la vivienda de un particular) con 83 casos registrados, mientras que el 99,15% son delitos de usurpación (propiedad de bancos, del Estado o fondos de inversión), en ese año llegaron a 9.739 en todo el territorio español.

Como dato a destacar, las cifras del Ministerio del Interior reflejan la tendencia a la baja en las okupaciones, así de enero a mayo de 2022 se produjeron un total de 7.485 y en el mismo periodo de 2023 6.648, eso sí, en estos datos no están especificados los dos tipos penales (allanamiento o usurpación) porque son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia.

El Sistema Estadístico de Criminalidad referente al número de hechos conocidos y denunciados por ocupación de inmuebles señala que en todo 2022 se produjeron 117 okupaciones en Valladolid frente a las 102 que tuvieron lugar en 2021. Los datos provincializados aún no están disponibles pero en los cinco primeros meses de este año en Castilla y León se han denunciado un total de 104 casos, veinte menos que en el mismo periodo del año anterior.

El caso de la urbanización Arroyoverada de Arroyo de la Encomienda es de los más llamativos de la provincia en cuanto a okupación, ya que de las 200 viviendas de las que se compone el complejo residencial hay 80 en las que sus inquilinos han okupado los inmuebles. «Llevamos así más de un año, al principio empezamos a notar la presencia de algunas personas que se habían metido en viviendas que estaban en concurso de acreedores y empezamos a notificarlo al administrador concursal pero la situación ha ido extendiéndose hasta el punto en el que estamos», lamentan los vecinos de esta comunidad que no quieren dar su nombre.

Hablan de distintos tipos de okupación, «desde gente que alquiló en su día y no paga el alquiler por irregularidades por parte del administrador a gente que se ha metido después y que no sabe convivir, generando molestias, ruidos y suciedad en las zonas comunes que tampoco saben cuidar», señalan. Han contratado un servicio de vigilancia privada a raíz de los problemas vecinales con los seis portales donde se encuentran los okupas, «porque por las noches la gente tiene miedo a entrar en sus casas».

Con la presión mediática, vecinal, la mayor presencial policial y con el cambio de titularidad de estas viviendas (ahora propiedad de la Sareb) les consta que algunos okupas han optado por abandonar los inmuebles.

«Que les reubiquen en otro lado, lo que no puede ser es que elijan un sitio, se metan y rompan la calma de quienes trabajamos todo el día para pagar un alquiler que en estos casos no baja de 600 euros o unas viviendas que parten de 160.000», exponen.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) es propietaria de los pisos desde el pasado mes de abril y ha iniciado una ronda de entrevistas con los moradores de los ochenta pisos okupados «para conocer a fondo la situación de cada una de las personas que se encuentran en el interior», señalan desde la Sareb. Seguirán visitando los inmuebles hasta mediados de otoño para tener la mayor información de cada uno de los inquilinos. «Lo mejor es que colaboren, que atiendan a los gestores sociales, que aporten la documentación de la que dispongan porque hay casos de todo tipo, desde quienes disponen de un alquiler a quienes no y generan conflicto», señalan.

Asimismo, en el caso de que terminado el plazo de entrevistas no hayan obtenido la trazabilidad de los inquilinos y no se pueda justificar su vulnerabilidad, se abrirá el proceso judicial para posteriores desahucios, algo que puede prolongarse unos nueve meses más.

En algunos casos la estancia de los okupas se resuelve de una forma relativamente ágil como ha sucedido recientemente con los seis okupas de la finca Villa Paulita, propiedad del Ayuntamiento. Los ilegales inquilinos entraron a vivir el pasado 10 de marzo en uno de los cuatro chalés de Parque Alameda que se encuentran a la venta por un valor de 300.000 euros. Los vecinos dieron la voz de alarma y alertaron a la policía, que elaboró el correspondiente atestado.

El consistorio denunció lo ocurrido y diez días más tarde, el 20 de marzo, se inició el expediente de recuperación de la propiedad, un proceso judicial que culminó en el mes de junio con el desalojo pacífico de los moradores de la vivienda. «En los próximos días obtendremos el permiso para poder reforzar puertas y ventanas de esta vivienda como pasa en el resto de las viviendas para que no vuelva a ocurrir», añade el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, quien se muestra mucho más optimista que los vecinos de la calle Montes Torozos, donde temen que la okupación se vuelva a repetir rompiendo la calma de esta zona como ha sucedido este martes en el barrio de Vadillos.

Allí, los vecinos del bloque de la calle Azorín han vuelto a ver cómo la convivencia con okupas conflictivos podría haberse hecho realidad de nuevo de no ser por la rápida actuación vecinal y policial. «Este martes (por el día 18 de julio) nada más salir de la cárcel, el antiguo okupa que vivía aquí ha vuelto. No sabemos cómo se ha metido en el portal, pero ha arrancado parte de la ventana de la zona común para acceder al patio interior y se ha colado por la ventana que da a la galería del tercer piso», relata con temor uno de los vecinos que prefiere mantener su anonimato.

En ese piso, propiedad de un banco y cuya puerta habían tapiado, fue hallada muerta la pareja de este okupa aunque el caso se cerró al no encontrar indicios de muerte violenta. «Esta vez como hemos avisado rápido y ha salido cuando ha llegado la policía se lo han llevado detenido, pero no sabemos si puede volver. Es una persona conflictiva y violenta que nos ha hecho la convivencia muy complicada desde mayo que entraron hasta octubre. Esto no se lo deseo a nadie», finalizan desde la comunidad. Admiten que tienen «el miedo metido en el cuerpo por si vuelve en cuanto le pongan de nuevo en libertad».

Algo más tranquilos respiran en Laguna de Duero, allí han padecido más de un año de conflicto vecinal por la difícil convivencia de la joven pareja de okupas que entró en uno de los pisos (propiedad de un banco) de la calle Maldonado ocasionaba ruidos excesivos a horas no permitida y en cuyo domicilio eran constantes las peleas y los gritos entre ambos, además de las amenazas a los vecinos.

Los denunciaron más de seis veces y tras trece meses de imposible convivencia han visto cómo finalmente han abandonado el piso poco antes del desahucio emitido por orden judicial para el pasado 10 de julio.

Aunque el problema de la okupación parece resistirse a hacer las maletas en Laguna, ya que hace apenas quince días varios inquilinos se han colado de forma ilegal en una vivienda, propiedad de un banco, de la calle San Juan Bautista de la localidad.

En la localidad de Villanubla, en las calles Álamo, Chopo y Encina, solo diez de los cuarenta pisos que componen la manzana de inmuebles se corresponden a propietarios legales. «Hace diez años los 30 restantes estaban okupados, ahora mismo no son el 100% como antaño pero sigue habiendo okupas y también hemos tenido que tirar de vigilancia nocturna privada, porque llegan pinchan de forma ilegal en los cuartos de suministros donde hemos tenido que poner sistemas de alarmas«, señala el administrador del bloque.

De hecho, hace apenas unos días y gracias a la Guardia Civil frustraron un nuevo intento de okupación. «Estaban tanteando las casas y finalmente se marcharon. Si esto no está peor es gracias a los agentes de Zaratán que han hecho durante todo este tiempo un trabajo impecable con su presencia y actuación», finaliza.